Desde hace tiempo la dictadura superó los límites de la decencia, pasó la raya roja que diferencia la república de la barbarie y la democracia formal de los fechorías inciviles, pero nos hemos equivocado. No porque dejara de realizar sus tropelías a mansalva, o porque no prosiguiera sus ataques contra los valores propios de la convivencia civilizada, sino porque la reacción de la sociedad frente al conjunto abrumador de sus delitos no ha pasado del amago y aún de la indiferencia.
La respuesta de la sociedad ante las violaciones de los derechos humanos que ha caracterizado el ejercicio autocrático de Nicolás Maduro ha sido tibia y en no pocos casos indiferente. Sus demasías son recibidas con reacciones evidentes de inquietud, pero pasajeras. Más que actitudes contundentes de repulsa, han predominado las conductas intermitentes que dan cuenta del malestar de la sociedad, pero que se detienen para dar paso a una rutina sin vínculos reales con la tragedia orquestada desde el poder. Los motores se encienden un poco, para permanecer después en un letargo que no lleva a ninguna parte.
La dictadura ha encontrado la manera de tapar sus desmanes, de explicar su atropello de los derechos humanos. Se ha refugiado en la supuesta acción subversiva de los ciudadanos a quienes ha atropellado, encarcelado o asesinado. Los ha relacionado con actos violentos contra las instituciones y aún con acciones militares en las cuales han sido descubiertos con las armas en la mano. Ha manejado a su antojo las investigaciones y la comunicación de ellas ante el público, sin garantías de imparcialidad ni visos de respeto a las prerrogativas de los perseguidos; pero, mal que bien, se ha ocupado de ofrecer evidencias aparentemente verosímiles que avalen su proceder.
No sucede lo mismo con el caso del diputado Juan Requesens, a quien se ha acusado de participar en un atentado con drones contra Maduro que ha colmado la atención de la colectividad como pocos hasta la fecha.
Todos sabemos quién es Juan Requesens. Sus ejecutorias de luchador cercano al pueblo de manera transparente lo muestran como un joven decidido que no busca atajos para cumplir sus funciones de parlamentario y sus obligaciones de dirigente político.
Sus compañeros de la universidad lo recuerdan como un estudiante diligente y como un compañero comprometido con las necesidades de la juventud. También su alegría de vivir, su papel de buen vecino y de cabeza de familia ejemplar. Por si fuera poco, sus discursos en la plaza pública quedan como unos testimonios de entereza cívica.
La dictadura ha escogido a ese joven, que es muestra de lo mejor de la nueva generación de dirigentes políticos, para colocarlo como uno de los responsables de un hipotético magnicidio. No solo lo ha seleccionado con sus pinzas sucias, sino que también, después de secuestrarlo sin respetar sus derechos de ciudadano y sus prerrogativas de parlamentario, lo ha presentado inculpándose del delito en unas imágenes dignas de toda sospecha.
Tales pormenores hacen de su caso un suceso realmente excepcional, que clama al cielo y a la obligación de una respuesta masiva de la colectividad. ¿Estamos ante el límite Requesens o debemos esperar mayores indignidades, peores vejámenes?