Ayer en nuestra página de sucesos dimos a conocer que siete cadáveres de mineros, en avanzado estado de descomposición y presentando heridas de armas de fuego, fueron llevados al Fuerte Tarabay, que está ubicado en Tumeremo, estado Bolívar. Desde hace varios días los habitantes de la zona habían cortado la carretera Troncal 10 y exigían a las autoridades militares que investigaran una masacre ocurrida en la mina El Candado, pero sus peticiones no fueron atendidas.
Apenas fue ayer que el Ministerio Público decidió dar la cara y actuar, a pesar de que los mineros y sus familias insistían en que cerca de 16 de esos trabajadores estaban desaparecidos desde el domingo pasado. La preocupación creció con el paso de los días porque en un sector cercano a la mina El Candado se registró un enfrentamiento armado en el que supuestamente participaron miembros de la banda del Coporo y narcoguerrilleros colombianos pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional.
El diputado Américo De Grazia, de amplio conocimiento de los problemas que ocurren en ese lugar, afirmó que los 7 cadáveres ingresados en el Fuerte Tarabay forman parte del grupo de 16 personas que trabajaban en la mina El Candado y que habían sido reportadas como desaparecidas.
Ahora bien, los venezolanos se preguntan por qué a pesar de la activa presencia militar en la zona y de los innumerables decretos que el gobierno ha lanzado sobre el tan cuestionado Arco Minero del Orinoco, estas tragedias se siguen sucediendo. Si no son capaces de manejar con cierta habilidad y destreza un problema como el de la minería ilegal, que por lo demás opera rudimentariamente y sin ningún respeto por el ambiente, mucho menos serán capaces de enfrentar y dirigir responsablemente un desarrollo minero de alto calibre.
Cada vez que ocurre una masacre (y ya han ocurrido suficientes desde que pomposamente bautizaron el Arco Minero del Orinoco) el gobierno de Nicolás Maduro promete “llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias”, cosa que no ocurre nunca y si, por casualidad, se dan algunos pasos no tienen ni la fuerza ni el poder disuasivo para imponer la tranquilidad y la ley.
En un reporte de la agencia de noticias AFP se recordó que “Tumeremo fue conmocionado en marzo de 2016 por la matanza a balazos de 17 mineros, cuyos cuerpos fueron localizados en una fosa común. Otra masacre de 11 personas fue denunciada allí meses después”.
Más adelante, el mismo reporte señala que “el pasado 10 de febrero, una incursión militar en una mina de Guasipati, también en Bolívar, dejó 18 muertos. Tumeremo y Guasipati forman parte del Arco Minero del Orinoco”. Por si fuera poco, habría que anotar que “el 24 de agosto de 2017 murieron 8 personas en un choque entre presuntos delincuentes y militares en El Callao”.
Todas estas fechas dan cuenta de una situación de violencia continuada, endémica y rutinaria en el Arco Minero a la que el gobierno de Maduro no tiene ni las ganas ni el deseo de ponerle fin. Lo grave es que ninguna actividad minera medianamente seria puede activarse sin la presencia efectiva de la ley. Es inmenso el peligro que conlleva actuar por la libre en una zona tan delicada e importante para la calidad de vida de nuestro país.