No contento con la victoria fraudulenta que el Consejo Nacional Electoral le adjudicó, la dictadura profundiza su hegemonía mediante la limitación de los poderes que corresponden legalmente a los heroicos candidatos de la oposición, que obtuvieron el favor de los votantes sensatos luchando contra todo tipo de arbitrariedades y obstáculos. Si acaso faltaba una evidencia para sentir la mano larga y pesada de la dictadura, para comprobar la existencia de un poder sin medida, la tenemos ahora frente a los ojos.
Nicolás Maduro se ha apresurado a evitar, de todas las formas y maneras posibles, que los ganadores que no fueron abanderados del PSUV y sus compinches ejerzan la autoridad dentro de los límites admitidos por la legalidad. No le ha quedado más remedio que aceptar lo inevitable, es decir, que sus candidatos fueron batidos y desinflados en buena lid en contadas jurisdicciones, pero Maduro no quiere ceder un ápice del poder que controlaba a través de sus procónsules.
De allí la puesta en marcha de una serie de maniobras madrugadoras para que los nominados por la MUD sean una especie de figuras decorativas que le permitan afirmar que en Venezuela hay democracia, sin que en la totalidad del mapa no se pase de una fantasía aberrante.
Lo que no pudo hacer el CNE y el aquelarre presidido y oficiado por Tibisay en contra de los candidatos de la oposición, hoy lo coordina Maduro para que se conviertan en piezas ornamentales. Quiere jarrones chinos para engalanar la sala. Se siente a gusto con una decoración que no implique cambios sustanciales para su hambre de hegemonía. La situación puede llegar al extremo de que apenas les alcance para pagar la nómina, si él está de humor y se vuelve complaciente.
Aparte de pedirles lo imposible, es decir, que se juramenten ante la constituyente, ante un poder fraudulento y sin sustento constitucional, ha permitido mudanzas de las oficinas públicas para que vayan a malvivir en oficinas ruinosas, en cuatro paredes sin muebles ni equipos de primera necesidad para la atención de las funciones públicas. Pero, por si fuera poco, ha consentido la limitación de funciones esenciales de las administraciones regionales, ha permitido que desaparezcan atribuciones y decisiones que habitualmente corresponden a los titulares de las gobernaciones. Como no son del PSUV, lo ideal es que gobiernen en el limbo.
La confusión entre las necesidades de la sociedad y los intereses del partido oficial se convierte así en una rémora gigantesca para el cumplimiento de la voluntad popular, y en desacato de los poderes que tienen derecho de establecerse de acuerdo con los principios de la democracia representativa.
La reducción de la autoridad de los gobernadores de la oposición, nacida del desprecio de Maduro y de sus secuaces hacia los valores elementales de la civilidad, pero también hacia normas mínimas de decencia y urbanidad, descubre la magnitud del monstruo contra el que luchamos en Venezuela quienes todavía creemos que habitamos una república, o quienes luchamos por su restablecimiento.