Le extraña al periodista de El País, Madrid, que redactó el editorial “Estalinismo en Venezuela” (31/08/2017), la unanimidad alcanzada en la ANC por la incalificable propuesta de incoar un “juicio histórico por traición a la patria” contra opositores y dirigentes que han denunciado la deriva dictatorial del gobierno encabezado, en el papel, por Nicolás Maduro. Entendemos el asombro del colega hispano. En España la barbarie quedó atrás y se hacen esfuerzos para no olvidar, no vaya a ser que, como en el bolero, la historia vuelva a repetirse, ni siquiera como comedia.

Donde y cuando sí se repite y no precisamente como sainete, sino como cruel tragedia que reproduce las infames purgas estalinistas, maoístas y castristas, es  aquí y ahora, porque “un órgano ilegal e ilegítimo”, superempoderado por la camarilla dictatorial, ha decidido erigirse en santo oficio de la revolución chavista y bolivariana, adjetivo este último que ya comienza a ser desplazado de su privilegiada posición en la retórica oficial.

No se requiere de mucha perspicacia para descubrir en el alarmante proceso inquisitorial en marcha la mano peluda de los cubanos, pues lo que pretende la asamblea prostituyente es convertir la justicia en espectáculo, tanto para someter al escarnio público a los imputados, cuanto para satisfacer el sadismo alimentado por el rencor de los fundamentalistas rojos. Así, tal vez los indiciados sean juzgados en un estadio, para remedar lo que, en 1959, hicieron los barbudos de Fidel, apenas tres semanas después de haberse hecho del poder, que detentan desde entonces y hasta el sol de hoy, cuando se apropiaron del Palacio de los Deportes para celebrar un juicio masivo y sumario que condujo al paredón a millares de cubanos.

Nada bueno puede esperarse de una justicia que, para atemorizar al ciudadano, necesita apellidarse con el cognomento de revolucionaria. Una justicia que, ya se sabe, no es otra cosa que venganza e instrumento eficaz para asentarse en el poder. Así la usó Maximiliano Robespierre, sin calcular que un día su cabeza rodaría. El que la hace, la paga. Esta lección deberían aprenderla los 545 figurantes que juegan a legislar, arrebatándole atribuciones a la Asamblea Nacional y, como muy bien apunta el editorial comentado, criminalizando a sus miembros, con lo cual ponen de manifiesto su verdadero papel de agentes represores, pues, “elegidos en teoría para elaborar una nueva Constitución, no han discutido ni un solo artículo de ese futuro texto”.

La espada que pende sobre los diputados democráticos no es exactamente la de Damocles, es la de Padrino, Delcy y Cabello, la troupe de rabiosos radicales y comecandelas que, lo mismo que Saint-Just en tiempos de la Revoluciónfrancesa y la reina de corazones en la pista de croquet, gritan ¡que les corten la cabeza!; es la espada con que les gustaría decapitar a Luisa Ortega Díaz para borrar del mapa mediático el affaire Odebrecht; la espada que, en fin, puede revertirse contra quienes hoy la blanden, porque la verdadera justicia no puede perdonar tanto desafuero. Llegado el momento de rendir cuentas, nadie se extrañará por la severidad de las expiaciones.


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