Además del asunto de las “cartas de buena conducta” que el capitán Cabello quiere pedir para los candidatos de la oposición en las elecciones regionales, una extralimitación que contará con el beneplácito de la prostituyente, hay otras situaciones que inquietan en relación con las elecciones regionales. El CNE ocupa el centro de las preocupaciones, no en balde es un simple apéndice de los intereses de la dictadura.
Si se piden esos certificados de compostura el CNE los aceptará con celeridad, argumentando que provienen de una decisión del poder originario. No importa que el poder originario no exista, debido a su origen fraudulento, debido a que es un as sacado de la manga de un desesperado Maduro. Las rectoras recibirán la solicitud como orden divina. La acatarán con la urgencia del caso, para no quedarse atrás en el área de las complacencias y las complicidades. No pueden manchar sus antecedentes de acatamiento y sumisión con un lunar de sensatez y transparencia. No está en su naturaleza.
Pero esa es apenas una de las truculencias que se deben considerar cuando la oposición se prepara para pelear por las gobernaciones. Está la brasa caliente de Smartmatic, una compañía a la cual su propietario ha terminado por denunciar en vista de las exigencias marrulleras que la oficina electoral no sabe cómo manejar sin aumentar las sospechas sobre su parcialidad.
El CNE quiere suspender los servicios de Smartmatic porque se atrevió a denunciar el fraude cometido en las elecciones de la prostituyente, pero no tiene suplentes a mano. Entregarle el trabajo a empresas relacionadas con el chavismo es una tentación inminente, pero demasiado peligrosa. Sería mostrar la cara, el tramojo y los intestinos en una sola imagen, capaz de aumentar, en caso de que sea posible, el desprestigio de las obsecuentes rectoras.
Ante el aprieto, a alguien de las comiciales alturas se le puede ocurrir una salida salvadora: volver al voto manual, por lo menos en esta ocasión. Se saldría del enredo Smartmatic evitando la contratación de empresas chavistas convictas y confesas, para salir del paso sin abonar la parcela de las sospechas.
Sin embargo, no sería un retroceso a los tiempos de “acta mata voto” que denunció el comandante Chávez, sino algo mucho peor: la apertura de un camino de ventajismo y violencia ante el cual quedaría pálido cualquiera de los que antes intentaron los activistas de los partidos tradicionales en las elecciones de la democracia representativa. La elección quedaría en manos de las fuerzas paramilitares de la dictadura, para llegar a extremos de intimidación y de ataques personales que jamás se han visto en la historia electoral de Venezuela. Son preferibles las maquinitas y las captahuellas, por lo tanto.
Mientras descifra sus enigmas, que no son pocos; mientras trata de mandar sus vestiduras a la tintorería para que no se vea tanta mancha, el CNE ha decidido un plazo de apenas nueve días para la inscripción de nuevos electores. La oposición afirma que, debido a la brevedad del lapso, se cercena el derecho de sufragio que tienen 1.093.383 jóvenes que quieren estrenarse como votantes. Con Smartmatic o sin ella, con certificados de buena conducta o sin ellos, las rectoras se mantienen en el empeño de impedir el libre ejercicio de la democracia.