El socialismo ruso y sus réplicas más perversas siempre fueron una inagotable fuente de mentiras. El objetivo no era, como diría el historiador Martin Malia, el ataque de los “abusos específicos del capitalismo sino contra la realidad. Es una tentativa de abolir el mundo real”. No cabe ninguna duda de que la historia ha demostrado con creces que para ello no existía otra alternativa que poner a funcionar todos los días la gran fábrica de mentiras.

En Venezuela hemos visto cómo la dictadura ha encendido esta fábrica para esconder sus fracasos, sus redes de corrupción y los vínculos de la camarilla oficialista con el crimen organizado a escala mundial. No existe un gobierno serio que, en este momento, ponga en tela de juicio lo que ocurre en Venezuela y que ha pasado a ser de conocimiento de todos los organismos internacionales, al punto de que cualquier actividad que un venezolano desarrolle en el extranjero pasa de inmediato por una serie de pruebas adicionales que permitan detectar cualquier anomalía.

Y desde luego, detectan con más frecuencia de lo esperado, que en la misma medida en que estos venezolanos estén vinculados a los negocios oficiales, pues en esa misma medida encontrarán presunciones de delito que saltan  a primera vista.

En estos traumáticos días en que han saltado a la cancha jugadores de gran calibre a escala internacional, los burócratas maduristas tratan de esconderse tras mediocres campañas de desprestigio y acusaciones sin fundamento alguno.

En el caso de la fiscal Luisa Ortega Díaz es más que evidente que el presunto defensor del pueblo está actuando como un verdugo en un caso que a todas luces salpica a su jefe máximo y que, como en cualquier país civilizado y democrático, obligaría al señor defensor a ocuparse de la violación de los derechos humanos de más de un millar de presos políticos que están tras las rejas, sin que medie ninguna medida que garantice sus derechos consagrados en la Constitución que Chávez se encargó de mercadear por radio y televisión.

Al defensor le preocupa y lo pone en un ataque de nervios el simple hecho de que a su jefe máximo se le señale de cometer, presuntamente, actos que no son cónsonos con su papel de mandatario. Pues ¿a qué le teme? Recuerde que quien no la debe no la teme, así de sencillo. Carlos Andrés Pérez no necesitó de un fiscal que lo defendiera porque tenía sus propios abogados. Fue valiente, enfrentó a sus acusadores y aceptó su sentencia. Podía haberse escudado en muchos recursos, pero se sometió y acató la ley.

Hoy se nota con sorpresa y alarma que el defensor es el abogado por mampuesto del jefe político del país. ¿Hasta dónde vamos a llegar en esta comedia en la que uno de los máximos integrantes del Poder Moral es a la vez actor y público? Es allí donde funciona la fábrica de mentiras porque los venezolanos no son tontos y saben perfectamente bien que lo que hay contra la fiscal Luisa Ortega Díaz es una vergonzosa campaña de desprestigio, instigada desde el gobierno.

En todos los gobiernos comunistas las críticas y las denuncias están prohibidas. La razón de esto la condensó el escritor ruso Solzhenitsyn en una frase: “En cuanto se empiece a decir la verdad todo se derrumbará”.


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