Opinión

¿Corrupción cerca de Guaidó?

Una investigación periodística ha puesto de relieve un hecho de corrupción sucedido en Colombia relativo a manejos llevados a cabo por funcionarios o enviados de la administración del presidente Guaidó, que son harto preocupantes y requieren urgente investigación. Un país dominado y marcado por las corruptelas no puede observar con indiferencia cómo los que pretenden librarnos de la usurpación pueden ser capaces de repetir las mismas prácticas que se deben desterrar mediante un trabajo de urgente e imprescindible necesidad.

El reportaje que ha hecho la denuncia es una mezcla de observaciones concretas y de opiniones subjetivas que aconsejan una lectura cautelosa, pero detalla manejos de dos sujetos enviados desde Caracas hacia Cúcuta y Bogotá por la administración provisional de Guaidó, que se caracterizan por su irregularidad y por su escabroso funcionamiento. Las evidencias más irrebatibles se relacionan con la atención de los grupos de militares que desconocieron al régimen usurpador y se pusieron a la orden del gobierno legítimo, para cuya atención se enviaron dos individuos desde Caracas que son acusados de cometer irregularidades en el manejo de los recursos dispuestos para el caso.

Lo tranquilizante del oscuro asunto radica en el hecho de que se había comenzado una investigación, a cargo del embajador Humberto Calderón Berti, de los dos funcionarios antes de que circulara el reportaje. El alto funcionario ya había sido enterado de las triquiñuelas y había ordenado la apertura de un expediente para reunir las evidencias pertinentes, no había permanecido de brazos cruzados. Ahora afirma que llegará hasta el fondo del asunto, y así lo ha comunicado al presidente Guaidó a través de mensajes públicos. Dados los limpios antecedentes del embajador, y el compromiso que ahora ha manifestado de corregir el lamentable entuerto, seguramente el tema tendrá un desenlace satisfactorio.

También conducen a la tranquilidad los comunicados de los partidos de la oposición sobre el oscuro asunto, que manifiestan su compromiso con la limpieza y el decoro en materia administrativa, y piden el castigo ejemplar que corresponda. En especial, un documento de Primero Justicia, partido que abunda en referencias de naturaleza legal y en las iniciativas que ha sugerido para crear conductas distintas a las de la dictadura en el manejo de los dineros públicos. Son papeles con cuyas intenciones congeniamos desde aquí, pero que deben salir de la letra a los hechos sin dilación, como esperamos debido a la delicadeza del asunto.

No debemos olvidar que los implicados en el caso fueron enviados por la oficina del presidente Guaidó, por gente muy cercana, por personas de su confianza, lo cual no solo obliga a las diligencias que ahora hace nuestro embajador en Bogotá y a las comunicaciones de los partidos de la oposición contra la corrupción de sus correligionarios, sino también, necesariamente, a una conducta de mayor trascendencia en el seno del despacho de quien hoy encarna una gran esperanza para Venezuela, a gestos de aseo que deben caracterizarse por su celeridad y su profundidad. En vicisitudes como la que ahora se comenta no es suficiente la retórica.