El pasado 6 de septiembre, al periodista Nelson Bocaranda le fue anulado un pasaporte vigente hasta 2022. Aunque las autoridades atribuyeron a “fallas del sistema” tal anulación, el director del portal Runrunes no pudo salir del país rumbo a Rusia como tenía pautado. Y ese no es un caso aislado. El 17 de mayo de 2017, a César Miguel Rondón y a su esposa, Floralicia Anzola, les invalidaron sus documentos cuando se disponían a viajar a Estados Unidos a cumplir compromisos contraídos con la cadena ABC. Ayer, Isnardo Bravo, quien planeaba viajar a Norteamérica en compañía de su hija de 11 años, fue detenido en Maiquetía por la Dgcim y trasladado a su sede en Boleíta, arguyendo, sin haberse enterado desde cuándo ni por cuál razón, “tiene prohibición de salida del país”.
El acoso a los periodistas es práctica consuetudinaria de las dictaduras de corte militar y forma parte de una política orientada a garantizarle a quienes detentan el poder el control absoluto de los contenidos noticiosos y la circulación unidireccional de la verdad oficial; sin embargo, a la hegemonía comunicacional pretendida por el chavismo no le basta con la propiedad totalitaria del espectro mediático. Quiere amaestrar el pensamiento crítico. Y, para ello, debe acabar de una vez por todas con la libertad de expresión. Ya no es cuestión de acaparar el papel forzando la migración a la web de los periódicos independientes. O de administrar la publicidad con fines proselitistas. Ahora se trata de golpear a la industria periodística utilizando como punta de lanza a un sindicalismo tarifado en defensa de unos ajustes salariales –violatorios de los contratos colectivos–, cuya satisfacción conduciría al cierre de las empresas. Y eso, quizá, es lo que, en este momento procura el régimen a fin de no dejar resquicios para la información veraz y oportuna.
Las violaciones del derecho de las personas de expresar sus opiniones son inconcebibles en democracia, pero para los ismos absolutistas esa prerrogativa es mera tontería.
En estos momentos, El Nacional está siendo objeto de un boicot inaceptable por parte de un sector del sindicato Sitranac que no representa a los periodistas de la redacción de la prensa escrita y de la web, a quienes se les ha impedido su derecho constitucional al trabajo al entorpecerles el acceso a su sitio de labores y, lo que es más insólito, impedirles culminar su jornada profesional e incluso salir a almorzar, pues no les permitían ingresar de nuevo al estacionamiento y sus oficinas.
Tal actitud represiva e inhumana contra los trabajadores de la empresa afiliados al SNTP no puede ser tolerada ni justificada bajo ninguna razón.
Un grupo que actúa de tal manera contra sus propios compañeros, contra la empresa y contra lo que manda el contrato colectivo está actuando en la ilegalidad más absoluta. Es hora de que rectifiquen porque carecen de argumentos válidos, legales y éticos.