Nos llegan noticias alarmantes de Valencia, relacionadas con ataques continuos contra la rectora de la Universidad de Carabobo. No hablamos de informaciones sorprendentes, porque el avance del mal en detrimento de los ciudadanos que trabajan apegados a la ley y de las instituciones que buscan la sobrevivencia en medio del caos es ahora lo más frecuente en la Venezuela de Nicolás Maduro.
Desde la sede principal del gobierno, con el apoyo de mandatarios regionales, es habitual el acoso de los individuos de buena voluntad y de las organizaciones apegadas al mandato constitucional, para tratar de sacarlos de las posiciones que legítimamente ocupan.
Pero no por eso podemos dejar de referir el caso de la persecución escandalosa que hoy sufre la rectora Jessy Divo de Romero, capaz de producir indignación generalizada en el seno de la casa de estudios y en la capital del estado. Ha proliferado en las redes sociales de la región un voluminoso conjunto de mentiras y de calumnias sobre la actuación de la rectora, que solo puede obedecer a un plan orquestado cuidadosamente para desacreditarla. Una serie insistente de invectivas, un persistente interés por su descrédito, solo responde a una orientación política en cuya coordinación se encuentra una fuerza de importancia en la región.
En los estados controlados por el madurismo, que son la mayoría, se ha impuesto el imperio de unos procónsules que hacen lo que les da la gana en materia de gobierno, como si manejaran una parcela de control personal que solo responde a sus necesidades particulares. Siguen las órdenes del dictador, por supuesto, pero, a la vez, entienden la administración regional partiendo de sus caprichos subalternos y mezquinos. El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, ha destacado en este sentido.
Por consiguiente, que esté tras la difamación de la rectora Divo no es insólito bajo ningún respecto. Muchas instituciones públicas y privadas de Carabobo preparan un documento, en el cual lo responsabilizan del atropello.
El sábado 7 de julio la rectora fue llevada a declarar en el Sebin, para que respondiera sobre situaciones irregulares que se le atribuyen y que supuestamente ocurrieron en el seno de la universidad. Fue sometida a un tenaz interrogatorio, que demuestra cómo se está montando un ominoso parapeto para provocar su salida de la institución que ha manejado con buen juicio, con honradez y con indiscutible valentía.
Ya el gobernador Lacava había anunciado que se ocuparía de rescatar la Universidad de Carabobo de la pésima administración a la que estaba sometida, prólogo elocuente de la arremetida policial que ya se ha emprendido y frente a la cual no podemos permanecer indiferentes.
La Universidad de Carabobo, como todas las universidades públicas, está sometida a un acorralamiento que pretende la salida de sus autoridades, tras el objeto de sustituirlas por figuras del oficialismo. De allí el hostigamiento contra la rectora Jessy Divo, ante quien manifestamos ahora nuestro respeto incondicional mientras condenamos al mandoncito que la ataca, a las sombras que la persiguen.