Un gobierno (¿?) que cada cinco minutos descubre una conspiración, que aprehende y mantiene como rehén a un misionero mormón y luego se lo canjea a un senador gringo, que convierte en prisioneros a jóvenes activistas que solo vocean consignas contra Maduro, que le entrega el mando de las cárceles a unos pranes armados hasta los dientes, que mantiene en una celda subterránea al general que salvó a un lloroso Chávez durante los sucesos de abril, pues hoy se muestra incapaz de controlar el libre mercadeo de bombas lacrimógenas.

No puede ser que nuestro bolivariano Ejército, la Armada, la Aviación y la insaciable Guardia Nacional, aunados con el inquieto Sebin, la Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional, los patriotas cooperantes y la entusiasmada milicia de viejitos, más los colectivos y el G-2, no puedan ejercer un control efectivo contra el floreciente mercado de armas y demás artefactos bélicos o represivos que transitan por las carreteras de Venezuela como si fueran turistas recién llegados.

No hablemos de las armas de alto calibre que, siendo su uso exclusividad de la Fuerza Armada, hoy pasan de mano en mano entre las bandas delictivas dedicadas a los secuestros, robos y asaltos, a la protección de las rutas de tránsito del narcotráfico y de su llegada sin obstáculos a los puertos y aeropuertos de embarque. 

Basta con darse una vueltecita por los lados de Unare para observar, no sin cierto asombro, cómo existen torres de vigilancia que advierten con bastante anticipación la presencia de cualquier extraño. Igual ocurre cuando al desprevenido viajero se le ocurre transitar hacia las bellas playas de oriente, incluidos Carúpano y otros pueblos hermosos. 

Jamás en la denostada cuarta república nos sentimos intimidados por el hampa de la forma en que ocurre hoy. La queja de los pueblos de la zona arruga el corazón de quienes sentimos especial cariño por ese lugar de nuestro hoy maltratado país. Los transportistas se las ven difíciles para llevar las mercancías a los comerciantes de la zona y deben buscar desvíos hacia caminos donde no existan alcabalas de la Guardia Nacional que cobran sus propios e ilegales impuestos.

Igual ocurre con la ruta hacia el Zulia y, desde luego, hacia los Andes, tierra de tranquilidades y de bienvenidas inolvidables. Todo esto significa que el venezolano está encarcelado en los límites de su residencia, en su ciudad y en su estado, aunque tenga sus arraigos en tierras tranquilas. No se le niega viajar a nadie pero a su propio riesgo porque el Estado y por derivación el gobierno nacional, nada hacen por asegurar la vida de los venezolanos y menos de los turistas extranjeros.

La gente se pregunta de qué sirve tener a un general en jefe (¡!) al frente del Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, si en tantos años no ha logrado ni lo uno ni lo otro. No dudamos de sus capacidades pero debería ejercerlas en otros campos. Una simple tarea como la de impedir que las bombas lacrimógenas sean comercializadas por los bachaqueros y lleguen a  manos de adolescentes que las lancen en una pelea en un club, causando con ello 18 muertos, debe sonar como un toque de retirada. 


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