En nuestra edición de ayer, luego de superar los obstáculos ilegales que impidieron la impresión del periódico, dimos a conocer un informe del Observatorio Venezolano de Violencia y la organización Cecodap, cuyo prestigio es reconocido y valorado tanto en Venezuela como en el ámbito internacional.
En dicho informe queda expuesta la inmensa tragedia generada por la violencia que envuelve hoy a la sociedad venezolana, la cual es de tal magnitud que aterra y desespera a los estudiosos especializados en la materia. Basta con citar el título que encabeza la información, “Policías y hampones mataron cada 8 horas a un menor de edad en 2017”, para entender que esta espiral de violencia no puede justificarse con simples razones extraídas de manuales de divulgación para novatos.
Este informe recoge pormenorizadamente y con especial cuidado cómo las expresiones de violencia se han acentuado en la sociedad venezolana en la misma medida en que el deterioro del Estado de Derecho alcanza sus niveles más bajos en este siglo XXI. Nada hacía presagiar este escenario social y policial cuando el autodenominado movimiento revolucionario bolivariano se encaramó en el poder luego de una intentona golpista disparatada e incoherente.
El país no estaba exento del auge mundial del crimen organizado, pero sus expresiones en el escenario nacional estaban controladas medianamente en la medida de lo posible y de acuerdo con las magnitudes de sus actividades. Lo que nos ha tomado por sorpresa es que en el imaginario popular y en las clases medias se pensaba que la presencia y la actuación de los componentes militares en el combate de la delincuencia era una medida para reducir en términos tolerables el avance del crimen organizado.
Lamentablemente no ha ocurrido así y, para desgracia mayor, se ha producido más bien una simbiosis peligrosísima entre las grandes bandas que controlan las actividades ilegales y los encargados de combatirlas. Ante esta situación, por lo demás sorpresiva, no queda otra salida que adelantar estudios como el de Cecodap (que defiende los derechos de los menores de edad) y el Observatorio Venezolano de Violencia, para entender que no por lanzar policías y guardias nacionales a la calle se controlará la actividad criminal y se disminuirá la violencia en nuestra sociedad.
Según El Nacional y la agencia Efe, que también divulgó parte del estudio que “tomó como base informaciones publicadas en medios impresos y datos de fuentes oficiales”, se pudo cifrar “en 1.134 el total de homicidios de niños y adolescentes durante el año 2017, lo que arroja una tasa de una muerte violenta cada 8 horas y de unas 90 al mes”.
Sin embargo, otras fuentes consultadas para este informe atribuyen 32 de estos homicidios al abuso policial y apuntan a que 23 menores fueron asesinados durante protestas sociales o políticas.
De ese total, prosigue el estudio, “76 eran menores de 4 años, 46 tenían entre 5 y 9 años, 125 entre 10 y 14 años, y 108 fueron calificados como homicidios por “resistencia a la autoridad”. Pero otras fuentes atribuyen 32 de estas muertes al abuso policial y 23 a asesinatos cometidos durante protestas populares.