La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos ordenó a las empresas Procter & Gamble, Nestlé de Venezuela, Bimbo Alfonzo Rivas que debían ajustar los precios de sus productos a los del 15 de diciembre.

El organismo informó que inició un proceso de verificación de precios en más de 200 empresas productoras de alimentos, bebidas y artículos de higiene personal y aseo del hogar, de las cuales 37 tienen sus operaciones en el Distrito Capital y el estado Miranda. La medida de reducción de precios abarca a más de 600 productos, entre ellos alimentos.

Algunas de las  empresas “abordadas por la fuerza fiscalizadora de la Sundde” fueron Bimbo, productor de pan y tortillas; Alfonzo Rivas, fabricante de maizina, cereales y bebida achocolatada granulada; Procter & Gamble, que elabora toallas sanitarias, afeitadoras, champú y detergente; y Nestlé, que produce chocolate, café y té helado.

El miércoles el superintendente de la Sundde, William Contreras, se reunió con representantes de industrias productoras de azúcar, aceite y oleaginosas, así como productores, para también exigirles que debían regresar a los precios de diciembre.

El vicepresidente, Tareck el Aissami, anunció el lunes la medida y aseguró que a las empresas que no la acaten les caerá todo el peso de la ley. “Todos los rubros deben volver al precio de diciembre. No vamos a aceptar ningún precio especulativo. Vamos a enfrentar con todas las fuerzas de la Constitución y de las leyes cualquier empresa que se someta a medidas de guerra económica”, dijo en una reunión que mantuvo con representantes de 20 industrias nacionales.

Escasez de confianza. La Cámara de Caracas rechazó que se sigan produciendo expropiaciones, intervenciones, “regulaciones arbitrarias de fijación de precios mediante prácticas autoritarias que son medidas que no resuelven la grave crisis, por el contrario, la agravan y provoca angustia entre la población que teme la desaparición de los inventarios, principalmente de alimentos y medicinas, con una ausencia absoluta de razones para seguir produciendo”.

El gremio añadió que una economía próspera exige que todos acaten las garantías y derechos establecidos en la Constitución.“Nada debería impedir a las empresas generar utilidad o ganancias. Nadie debería obligarlas a vender a perdida. Es un derecho económico fundamental que, si no tiene vigencia, provocará que sigan cerrando empresas o se retiren del país, que desaparezcan fuentes de trabajo y empleo, lo que afectará la productividad y reducirá la oferta de bienes y servicios”, señaló en un comunicado.

Advirtió que la escasez de confianza en el país, a la que considera la peor de todas, se incrementará si persiste la ausencia de respeto por los derechos de propiedad y por las políticas públicas erradas.

“Nada debería impedir a las empresas generar utilidad o ganancias. Nadie debería obligarlas a vender a pérdida. Es un derecho económico fundamental”


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