“¡Dios mío! Es la cuarta vez en el día que se me va la luz ¿hasta cuándo? Se me van a dañar los pocos coroticos que tengo en mi casa por estos bajones. Lo peor es que nadie me los paga porque el gobierno no está aquí cuando algo se daña para que vea lo que ha hecho”. Estas fueron las palabras de Varsovia Mora, cuando se le fue la electricidad a las 5:00 pm en su residencia, ubicada en Cúa, una de las ciudades más afectadas por los apagones en el país.

En aquella oscuridad, la mujer fue a la cocina como pudo; tomó una vela que estaba guardada en uno de los gabinetes superiores, tomó un yesquero que estaba en el mesón y la prendió rápidamente para alumbrar  su recorrido en el apartamento de 64 metros cuadrados.

Varsovia colocó la vela con mucho cuidado en un plato blanco de peltre, se dirigió a la mesa de la sala y allí lo puso. Se sentó en uno de los muebles con vista a la ventana y observó la oscuridad en la que quedó el resto de la urbanización donde vive.

En ese momento de estrés, tomó una carpeta marrón que estaba puesta en una de las poltronas y la agitó hacia su cara para ventilarse y aliviar el fuerte calor que sentía esa tarde en Cúa.

Pasados unos 30 minutos, Varsovia frunce el ceño y agita más duro la carpeta, pero el calor se percibe igual. Como por arte de magia, la electricidad volvió de nuevo y todas las luces del apartamento y el aire acondicionado se encendieron.

“Solo espero que no se vuelva a ir, la semana pasada se me dañó un ventilador por estos bajones y no tengo dinero para comprar protectores de corriente porque cuestan un dineral”, dijo Varsovia mientras apagaba la vela y se dirigía a la cocina para guardarla donde estaba.

El recibo de la electricidad que pagó Varsovia el mes anterior marca un costo de Bs 920, unos 0.27462 dólares al tipo de cambio del Sistema de Divisas Complementarias (Dicom).

Varsovia no sabe que esa tarifa de luz, que a ella le parece “justa” al alegar que “todo lo demás está caro”, ha llevado al país a uno de los problemas energéticos más graves en los últimos años.

Promesas e incertidumbre

En 2015, luego de un riesgo de colapso en el Sistema Eléctrico Nacional, el ex ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, manifestó que “no se podía mantener el subsidio a la luz eléctrica porque la mayor parte de lo que se consume en el país lo paga el Estado”. Agregó que “el venezolano promedio paga 3,1 centavos de dólar por cada kilovatio que consume, la tarifa más barata en todo el mundo y eso no puede seguir así”.

Chacón prometió solucionar los problemas en el Sistema Eléctrico en sus primeros 100 días como ministro; sin embargo, no lo logró y siguió en el cargo hasta entregárselo al actual jefe del ministerio, Luis Motta Domínguez.

Las tarifas eléctricas en Venezuela poco se han modificado desde 2002. En ese año, se hizo un último ajuste al precio del kilovatio por hora (unidad con la que se mide el consumo eléctrico y luego permite a las empresas cobrarlo) que quedó en Bs 0,7124 para cada cliente y sigue igual a la fecha.

De acuerdo con el experto en temas eléctricos del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), Víctor Poleo, el problema radica en que el Estado no ha realizado los ajustes necesarios a las tarifas en mucho tiempo y esto dificulta mantener el servicio. Mientras ocurre esta situación, las fallas continúan.

Poleo destacó que, luego de la creación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), cada vez es más complicado conocer de forma detallada el estado de la demanda de electricidad en cada entidad del país, además de la falta de información sobre la situación del sistema.

“El Estado creó en 2007 una empresa a Corpoelec para unificar todas las cooperativas y pequeñas empresas como La Electricidad de Caracas, Edelca y Cadafe. Esto solo trajo consecuencias negativas porque es más difícil saber cuánto cuesta el kilovatio por hora en Maracaibo o en cualquier otro lugar del país porque no hay una segmentación regional del consumo ni se hacen los estudios pertinentes”, explicó el experto en una entrevista exclusiva con El Nacional Web.

Poleo agregó que de cada Bs 10 que se produzcan en electricidad, el Estado paga Bs 8 y el ciudadano solo costea Bs 2. Precisó que buena parte de estos recursos provienen de créditos que conceden Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Es decir, 20% del consumo lo pagan los ciudadanos de a pie y el 80% restante el Estado.

“El nivel de endeudamiento es tal que ya se hace insostenible subsidiar la luz porque no hay con qué cubrir ese costo”, añadió.

Una fuente ligada a Corpoelec, que prefirió no decir su nombre, manifestó que la empresa estatal lo que ha hecho en los últimos años es cobrar una tarifa plana en el orden regional que se desconoce cómo se calcula, porque no existen los equipos necesarios para medir los costos en una vivienda o zona específica.

“Hace algunos años era sencillo medir el gasto eléctrico porque teníamos los medidores y con base en eso se cobraba lo que la gente pagaba en su recibo. Con el incremento de la inseguridad y los robos, esos aparatos se han perdido y en estos momentos es imposible saber siquiera un cálculo aproximado del consumo”, detalló la fuente a El Nacional Web.

35% de la energía no se cobra

El ingeniero Leopoldo Baptista, ex gerente de La Electricidad de Caracas, considera que es imposible conocer cuántas tomas ilegales de electricidad hay en el país. A través de ellas, personas gozan del servicio sin pagarlo. A su juicio, evaluar esta situación en cada región es aún más complicado debido a la gestión centralizada del Estado mediante Corpoelec.

 “Si uno quiere saber un informe de las tomas ilegales, fallas eléctricas y el precio de la tarifa, no se puede porque todo depende de lo que se diga en Caracas. Se priva a los usuarios de saber cuál es el costo real de lo que consumen”, señaló.

A esta situación también se agregan las palabras del experto de Cedice, Víctor Poleo, quien advirtió que 35% de la energía que se produce en el país no se cobra por causa de las tomas ilegales en los barrios y localidades que no cuentan con vigilancia del Estado. “Es algo que se deja por debajo de la mesa”, añadió.

Proponen privatizar

Para resolver la problemática, Baptista explicó que se debe volver al antiguo esquema en el que varias empresas en distintas localidades se encargaban de vigilar el servicio de electricidad en el país y eso les permitía conocer las necesidades.

Indicó que la solución más inmediata es privatizar el sector, reducir el subsidio en 50% y controlar indicadores económicos como la inflación y el tipo de cambio.

“Mientras en el país haya una inflación como la que tenemos ahora es imposible que alguien pague la tarifa adecuada, debido a que resultaría muy cara. También el tipo de cambio tan sobrevalorado que tenemos no permite determinar un precio estable en dólares del kilovatio por hora”, agregó.

Poleo resaltó la importancia de privatizar el sector porque “ya quedó demostrado con toda la crisis eléctrica que no se puede seguir con una sola empresa que pretenda administrar el servicio”.

“Esta gracia de expropiar las empresas eléctricas y unificarlas nos va a costar unos 10 millardos de dólares en inversiones de transformadores, medidores y nuevos equipos de generación de electricidad. Las tarifas no pueden ser una incógnita para los indicadores económicos y una carga fiscal para el Estado”, detalló.

Ambos expertos sostienen que el subsidio es necesario porque es algo normal en otros países de la región como Argentina, Chile o Colombia. Sin embargo, opinan que es preciso establecer una participación equilibrada tanto del Estado como del consumidor. 


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