Los más recientes ataques contra los comercios pequeños, medianos y grandes, mediante la modalidad del saqueo controlado que aplica la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, son parte del plan del gobierno de Nicolás Maduro ejecutado desde hace dos años para criminalizar y destruir el aparato productivo del país, advirtió la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios.
El presidente de Atraem, Alfredo Padilla, manifestó que esta estrategia se evidencia con las expropiaciones de las empresas, confiscaciones de miles de hectáreas de tierras productivas, la ley de arrendamiento y los más recientes ataques contra las tiendas de ropa y calzado, y los supermercados privados.
Explicó que al comprar la mercancía para su venta, el dueño del negocio debe añadirle al costo final del producto variables como el traslado, pago de impuestos y mobiliario, sueldo de los empleados y su legítima ganancia de 30%. “Cualquier comercio es quebrado automáticamente cuando la Sunddeobliga a los propietarios a vender la mercancía casi a precio de costo, sin tomar en cuenta la hiperinflación que imposibilita reponer inventarios”, denunció.
Padilla aseguró que, a pesar de esta dura realidad, el comerciante y el emprendedor se niegan a morir y sobreviven con una creatividad extrema al convertir el negocio en venta de verduras o lo que pueda comprar el consumidor. Indicó que los kiosqueros y los vendedores informales son obligados a cancelar un valor agregado al que les preste el punto de venta para así poder seguir trabajando.
El dirigente social reveló que “incluso hay policías que cargan puntos electrónicos y extorsionan al buhonero diciéndole que lo pueden usar a cambio de una vacuna. La crisis llega a niveles tales que casas de familia son convertidas en minicentros comerciales con alquileres muchos más baratos”.
Isabel Pereira, representante del Cedice, alertó que la intervención del Sundde en los supermercados de los últimos días “es el golpe final del régimen en su estrategia de quitar al ciudadano el poder sobre su propiedad, en lo que el consumidor comprará solo los productos que el gobierno le provea,mientras que el empresario cerrará el establecimiento o lo cederá al Estado porque no puede mantenerse con las fiscalizaciones, multas e intervenciones”.
Destacó que al final el gobierno obligará a los ciudadanos a depender exclusivamente de la bolsa y la caja de alimentos CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) y los productos en mercados oficialistas a cielo abierto.
Según cifras del Cedice, en diciembre de 2017, Sundde realizó 8.108 acciones (6.106 y 1.776 fiscalizaciones y ventas supervisadas a tiendas de alimentos) además del decomiso de 2 millones de unidades de productos y obligó a 1.200 tiendas a bajar los precios en 30% y 50%.