La Asociación de Productores de Cacao del estado Miranda alertó que la Corporación Socialista de Comercialización, recién creada por la gobernación de la entidad, tiene como propósito fijar unilateralmente los precios del producto, a escasos días de que se recoja la cosecha de 1.400.000 kilos de cacao.

Vicente Petit, representante de la asociación, declaró que el gobierno del estado impuso la compra del rubro en 500.000 bolívares: 65% será la ganancia del productor, 20% para los intermediarios y 15% para las alcaldías de esa entidad, que es un elemento que le preocupa al sector porque ya cancelan una patente de industria y comercio.

“En lugar de brindar beneficios, el gobierno destruye la producción porque las empresas nos pagan 850.000 por un kilo de cacao. Hay productores que ahora prefieren sembrar otro producto, como plátano, porque resulta más económico. Esta medida no satisface las necesidades de los fabricantes, las empeora”, aseguró en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional.

Petit se hizo eco de la preocupación que sienten sus compañeros al no saber cómo y a quién se venderá este producto, que para comercializarlo también se necesita la ayuda del sector privado. Aunque han solicitado reuniones con Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda; el Ministerio de Agricultura y Cría y el Ministerio de Comercio Exterior, con el fin de hablar sobre el tema y aclarar las dudas, no han obtenido respuesta. “Estamos impacientes porque la cosecha del millón está en riesgo. No sabemos si nos la quitarán”, dijo.

Aprovechó la oportunidad para denunciar que el  gobierno mirandino confiscó 200 toneladas de cacao a pequeños industriales para que su  producción  sea vendida  a la Corporación Socialista y no a la empresa  privada, que es la que ha cancelado el “precio justo” por la inversión que se realiza. De acuerdo con  Petit, las autoridades alegan que hay productores que no cancelaron la repatriación al Estado.

“Nos preguntamos por qué todos tenemos que pagar que alguna empresa no haya cumplido con el requisito. No solo castigan las exportaciones, sino a la industria nacional porque con la paralización de la actividad afectan empleos directos e indirectos, y a los emprendedores.”, aseveró.

Luis Lippa, presidente de la comisión, enfatizó que es una actuación sistemática, que empezó con los ganaderos de Guárico, Apure, Cojedes y Portuguesa.


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