Están en peligro 10.000 millones de dólares de Pdvsa por desestimación de una acción legal que hizo el procurador general de Ginebra, Suiza. Así lo informó el abogado venezolano Carlos Ramírez López, una vez que conoció de la decisión del funcionario ante una petición que hizo para intentar que los abogados de Petróleos de Venezuela no se queden con la suma.
Esta cantidad de dinero que pertenece al Estado venezolano tiene larga historia, pues fue parte de otra demanda en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Miami. En 2018, Pdvsa firmó cesión de los derechos a una empresa creada en Nueva York con el nombre de Pdvsa US Litigation Trust para que actuara en su nombre con el fin de reclamar este dinero ante los tribunales. Es decir, adquirió los derechos para cobrar el dinero y quedarse con 60% para el bufete de abogados que contrató en Estados Unidos, Boies, Schiller Flexner LLP y Meister Seeling y Fein LLP.
La acción ante Corte del Distrito Sur de la Florida pudo ser detenida por la intervención de los abogados Carlos Ramírez López, Norma Camero y el economista Federico Alves.
Ramírez López intentó detener esta acción también, pero no tuvo éxito. El 11 de junio el procurador general de Ginebra, Johan Droz, dictó una ordenanza en la que rechaza investigar los hechos alrededor de la suma de dinero propiedad del Estado venezolano y que la Pdvsa en manos de Nicolás Maduro pretende recuperar.
Esta vez, el régimen nombró como procurador a Reinaldo Muñoz Pedroza. Este litigante otorgó poder al abogado suizo Guerric Canonica para emprender acción judicial contra Francisco Morillo y Leonardo Baquero a quienes acusa de ser autores de los delitos de crímenes de extracción de data, corrupción de funcionarios públicos y lavandería de activos.
Ramírez López solicitó en Ginebra que se investigara más a fondo y se incluyera al ex ministro Rafael Ramírez, al actual presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, y al propio procurador de Maduro.
Considera el abogado, y así lo hizo saber al procurador de Ginebra, que mal puede Pdvsa pretender demandar la devolución de los dineros que le fueron robados cuando los derechos para esa recuperación los cedió a la firma privada US Pdvsa Litigation Trust. «Esto significaría que, o la cesión fue una farsa delictiva, o que están usando la justicia suiza para cobrar algo que no es de ella, de Pdvsa, y en ambos casos estaríamos en presencia de delitos que se pretenden cometer mediante esa utilización fraudulenta de la justicia».
Ramírez López anunció que apelará la decisión y que ha estado en contacto con el procurador general de la presidencia interina, Juan Ignacio Hernández, y la embajadora de Guaidó en Suiza, María Alejandra Aristeguieta. Informó además que Hernández intervendrá sobre este caso la semana que viene.
«Seguimos en esta lucha pidiendo a la Asamblea Nacional que intervenga, al procurador especial Juan Ignacio Hernández que lo haga lo más pronto posible porque esos dineros deben ser resguardados para aplicarlos a la tragedia humanitaria que sufre el pueblo venezolano y hay que impedir que se lo terminen de robar», aseveró. »Lo que pedimos no es que detenga la investigación, pues debe proseguirse, solo que no sea bajo la iniciativa de quienes son partícipes del robo, y que los dineros no se les entreguen a ellos sino a las autoridades legítimas que designe el presidente Juan Guaidó», insistió Ramírez López.