La última orden del gobierno para imponer una asamblea nacional constituyente a su medida es la realización de talleres de formación política sobre el tema al personal de la administración pública. «Se celebran en cada organismo y la asistencia es obligatoria», denunció Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Administración Pública.
El dirigente de Fentrasep destacó que los jefes y directores de los ministerios, institutos autónomos y empresas del Estado pasan lista de asistencia al comienzo y al final de cada taller para aplicar sanciones a quienes deserten.
Agregó que el objetivo de la actividad de formación política es «convencer a los trabajadores de que participen y voten por la constituyente».
Carbone destacó que 3 millones de trabajadores del sector público representan un contingente importante de votos en la elección sectorial de segundo grado para implantar la ANC, cuya convocatoria fue solicitada ante el CNE el 3 de mayo por el presidente Maduro.
El sindicalista afirmó que el gobierno también recurre a la manipulación para ganarse a los funcionarios y, por eso, pagó el lunes el ajuste salarial de 60%, vigente a partir del 1º de mayo, en los organismos de la administración pública centralizada para «decirles: tienes que ser leal porque te estoy dando rápido el aumento».
Sin embargo, el dirigente aseguró: «La mayoría de los empleados públicos no cae en esta trampa de que el gobierno les compre la conciencia, pues con un incremento del ingreso no puede ocultar la inflación que acaba con el poder adquisitivo del sueldo y el bono alimentación cuando hace 2 semanas un kilo de arroz importado costaba 4.500 bolívares y hoy está en 6.000 bolívares».
Empleados públicos que pidieron no mencionar sus nombres advirtieron que con el proceso de la constituyente han arreciado la presión y el acoso laboral para ir a las movilizaciones oficialistas.
«Durante este mes te obligan a dejar lo que estés haciendo, sin importar la urgencia del trabajo, para marchar», contó una funcionaria.
Otro trabajador indicó que con el cierre de las vías de acceso entre las ciudades dormitorio y la capital por los cuerpos de seguridad muchos funcionarios no pueden llegar a los organismos públicos: «Por ello la asistencia a las marchas que convocan todos los días recae en los que vivimos en Caracas. Es agotador».
Omar Vásquez Lagonel, directivo de la Federación Nacional de Jubilados, destacó que el gobierno se vale de la Misión en Amor Mayor, el otorgamiento del carnet de la patria y la tarjeta socialista para captar la participación de los votantes de la tercera edad en la constituyente.
Considera que con el bono especial de guerra económica de 19.506,31 bolívares mensuales, que no alcanza para comprar medicinas ni alimentos, el oficialismo también busca obtener los votos para la ANC de 3,2 millones de pensionados inscritos en el IVSS.
Vásquez no descartó que el gobierno dirija ahora el esfuerzo de la campaña propagandística por la implantación de la constituyente a 1,7 millones de trabajadores jubilados de la administración pública.