Manuel Sánchez ha sacrificado mucho tiempo y dedicación, que debió dar a su familia, en su odisea contra la burocracia estatal en reclamo de sus derechos. Es uno de los habitantes de los sectores Guanábano I, II y III en la carretera vieja de Los Teques afectados por los trabajos de la C. A. Metro de Caracas en las obras entre las estaciones de Las Adjuntas y de la capital de Miranda.?Los trabajos del Metro, en los que, pese a estar prohibido, usaron explosivos para socavar la montaña y pasar por allí los túneles, dañaron muchas casas, entre ellas la mía y la de mi mamá. La compañía prometió indemnizar; pero, hasta la fecha, de 5.000 familias perjudicadas quedan pendientes 3.000?, contó Sánchez.Explicó que en 2007 fueron víctimas de la corrupción de funcionarios del Metro: ?Nos exigían que les diéramos 5 millones de bolívares para que nos pagaran más rápido, y nos negamos?.Luego de agotar las gestiones en el Metro, donde ?un reclamo justo lo convirtieron en un caso político, ya que discriminaron y hostigaron, situación que todavía persiste?, han acudido al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia y la Vicepresidencia de la República.El periplo también incluyó la Asamblea Nacional, donde fueron aprobados tres veces los recursos para cumplir con el compromiso. Sánchez narró que parte del dinero lo recibió el Metro, el cual pagó a algunos perjudicados, pero la tercera vez ?supimos que los reales fueron desviados a gastos de la campaña electoral por la Gobernación de Miranda?.Indicó que se sienten engañados por personeros gubernamentales que ofrecen resolver el problema, pero no cumplen. ?Cuando fue gerente del Metro, Kennet Maita prometió ayudarnos. Fue nombrado director de la Misión Vivienda, lo llamamos y no nos atendió?, recordó.El 29 de abril de 2011 Sánchez habló con Elías Jaua, protector de Miranda, en una protesta oficialista ante la gobernación. Jaua les prometió un apartamento de la Misión Vivienda en El Chorrito, vía El Tambor-Los Teques, pero no se concretó, igual que las obras para recuperar la carretera vieja, para las que ese mismo día fueron aprobados 17 millones de bolívares.?Mucha gente volvió al sector para vivir en ranchos en un ambiente en el que la delincuencia campea porque luego de la expropiación vinieron invasores de mala conducta?, refirió Sánchez, que perdió a dos hermanos a manos del hampa de la zona.Espera que le paguen la expropiación con los intereses de mora, más la indemnización por daños y perjuicios. ?He centrado 14 años de mi vida en defender mis derechos?, sostuvo.Señaló que no tiene un empleo fijo. Luego de trabajar en Mercal, entre 2004 y 2009, fue despedido por denunciar la corrupción en el ente estatal de alimentos y hasta ahora no le han pagado la liquidación.


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