Un total de 22 millones de venezolanos no está comiendo carne de res debido a la pérdida del poder adquisitivo. Solamente 7 millones de habitantes ingieren la proteína animal, informó Carlos Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne. Los 24 incrementos salariales que ha decretado el presidente Nicolás Maduro desde que asumió el poder no han logrado frenar la caída de la capacidad de compra.
Albornoz, que presidió la Federación Nacional de Ganaderos, precisó que el consumo histórico en Venezuela era similar al del resto de Suramérica. Pero cayó considerablemente al pasar de un pico en 2012 de 23,7 kilos por habitante al año, a aproximadamente 4,5 kilos en el primer semestre de 2018.
En el país hay cerca de 9 millones de reses. “Lo ideal es que fuesen 30 millones de reses, con las cuales se podría cubrir un consumo de 19 a 21 kilogramos de carne por habitante al año. Faltan las dos terceras partes de los animales que se deberían tener”, indicó Albornoz.
Entre las principales causas de la caída del rebaño están las invasiones y los delitos que se cometen. En agosto se reportaron entre 500 y 700 matanzas o robos diarios de ganado en todo el país, de acuerdo con Fedenaga. Incluso hay zonas rojas de las que se han llevado hasta 300 cabezas en una sola noche.
José Labrador, presidente de la Asociación de Productores Rurales de Barinas, indicó que la merma de la producción en ese estado se debe a la inseguridad y a las ocupaciones ilegales de aproximadamente 20.000 hectáreas de tierras productivas. “Al final, la finca queda improductiva y el productor no haya qué hacer”.
El descenso del consumo per cápita de la proteína animal puede profundizarse con el severo desabastecimiento de carne de res, que lleva más de un mes. Neveras vacías es la imagen frecuente en las carnicerías y puestos del ramo en abastos, supermercados y mercados municipales de Caracas.
“El último mes y medio ha sido de terror: los proveedores no llegan con la mercancía ni siquiera cara. Hace tres meses se conseguía aunque poca”, manifestó un vendedor en una carnicería en Candelaria. Contó que desde mayo los despachos han sido irregulares y cada vez a mayor precio, pero desde que el gobierno anunció los precios acordados la situación empeoró.
El dueño de un frigorífico en el este de la ciudad dijo que hace más de un mes no le llega la carne de res y que anteriormente se bandeaba cobrando un poco más, con lo cual sus clientes de muchos años estuvieron de acuerdo, pero debido a las inspecciones violentas de la Sundde prefirió no ofrecer más el rubro.
“No quiero quedar mal con los clientes, pero cómo vende uno a pérdida. El precio controlado es de 90 bolívares soberanos el kilo, pero el de los proveedores era 120 bolívares hace 4 semanas”, destacó.
En el mercado de Quinta Crespo, un vendedor afirmó que el jueves hubo bastante trabajo porque les llegó carne: “Un guardia nacional me dijo que se la habían expropiado a alguien”.
El viernes también estaban vacíos los anaqueles de carne bovina en el mercado de Guaicaipuro. “La mayoría de los días la pasamos viendo el techo o jugando cartas porque solo despachamos algo de cochino”, dijo un dependiente.
Albornoz afirmó que la carne no está llegando al mercado debido a que el gobierno obstaculiza la cadena cárnica con presiones. “Uno se cierra cuando amenazan a losproductores, llevan presos a los carniceros y a los gerentes de los supermercados, arrojan precios inconsultos y tienen que hacer tres modificaciones de la norma técnica. Si persisten las expropiaciones, invasiones de tierras y los controles, no llegará la carne al consumidor”, expresó.
Dijo que entre siete u ocho días podría volver a abastecerse el mercado si cesan la presión y las amenazas contra los comercializadores, operadores logísticos.
Armando Chacín, presidente de Fedenaga, alertó por Twitter: “Si no paran las invasiones y las expropiaciones, no pregunten por qué no hay carne ni leche. “Son unas de las causas, entre otras, de por qué cada día tenemos menos alimentos que llevar a los mercados para el consumidor final”.
John Quitian, presidente de la Asociación de Ganaderos de La Ceiba, en el Alto Apure, aseguró que la producción de carne ha disminuido en la región debido a la caída del puente sobre el río Burgua, a través del cual pasaban los insumos para sus fincas. “Detrás de cada animal que va a la pesa hay cuatro años de trabajo desde que se preña la vaca hasta que sale a matadero. Y eso no es así tan fácil como la gente piensa. Para eso hay que colocar en nuestras fincas insumos, maquinaria y mano de obra. En estos momentos trabajamos a pérdida, pero vamos a seguir laborando”, señaló.
La mano oficial. El presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Socopó, en Barinas, Wafin Guerrero, exhortó al gobierno a que utilice la producción de reses de los hatos que ha expropiado desde el año 2000 para abastecer el mercado. “Le pedimos al Ejecutivo que esa carne que dice que quiere que llevar semanalmente a los mercados a precio regalado, la saque de esos hatos expropiados y demuestre que ha producido”, dijo.
El ganadero responde así a la intención del Ejecutivo de controlar la distribución y comercialización de la carne, luego de que en Cojedes autoridades y militares anunciarán la aplicación de un plan piloto en esa entidad, extensible a otros estados productores, que consiste en la compra de 100.000 toros semanales para su movilización, sacrificio, distribución y comercialización en los mercados del centro del país. También se informó que el gobierno pagaría 65 bolívares por cada res en canal, monto muy por debajo de lo propuesto por el gremio ganadero.
Recordó que desde hace más de 18 años han sido expropiadas 6 millones de hectáreas en Cojedes, Guárico, Apure, Barinas, Sur del Lago y parte baja de Mérida (El Vigía). Se pregunta dónde están las cabezas de ganado con las que el gobierno se quedó una vez que intervino las tierras.
En Barinas, aunque funcionarios no han informado sobre el plan piloto, desde hace meses losproductores están obligados a ceder 10% de la movilización del ganado a la gobernación de ese estado, que paga el precio que crea conveniente. Situación similar se presenta en Apure.
Fedenaga y la Asociación de Ganaderos del Táchira denunciaron a principios de semana que 71 fincas serían expropiadas en ese estado luego de la invasión de terrenos de la hacienda La Unión, en la carretera Orope-La Fría.
Leonardo Figueroa, presidente de Asogata, indicó si se concreta esa medida se afectaría la producción de Táchira. “La producción caería a niveles inimaginables. Si nos obligan a trabajar a pérdida, tendremos que comenzar a vender nuestros rebaños para pagar la nómina, adquirir el caucho de un tractor y subsistir. Son muchas generaciones de trabajo detrás de una unidad de producción y sería muy triste que por medidas equivocadas nos lleven a todos a la quiebra”, advirtió.