Economía

“Las precariedades que padecen los habitantes de Zulia se recrudecieron”

En un informe, la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia señala que en la Guajira persisten el contrabando y la venta informal de gasolina

Agua

La situación en Zulia es dramática. A la sería crisis que vive el país se suman los temas fronterizo e indígena que empeoran aún más la realidad que se vive en la zona. El informe anual de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia –que se divulga hoy– es muy claro al respecto: “Debido a la crisis económica que azota al país, las precariedades que padecen los habitantes de la región se han recrudecido, en particular, para adquirir alimentos y otros productos de la cesta básica, así como en los servicios de salud, de agua potable, gas y electricidad”.

Su directora, Daniela Guerra, es tajante: “Si bien no hay cifras, las condiciones de vida han desmejorado. La cantidad de reclamos nos lo deja claro, también por lo que se ve en la forma de vida de los ciudadanos. En la Guajira, por ejemplo, cada vez hay más gente dedicada a la reventa de combustible”.

En el documento se especifica que la vigencia del decreto de emergencia económica no ha servido para mejorar el acceso a los bienes y servicios, y que al contrario “el deterioro de la vida de los venezolanos es cada vez más evidente”, lo que deja ver que “la sociedad venezolana se encuentra a la deriva, sin lagarantía de sus derechos”.

Subraya que han sido muy fuertes las carencias de servicios básicos como el acceso al agua potable, la energía eléctrica e incluso la deficiente prestación del servicio de Internet y las telecomunicaciones. “Esta crisis se ha agudizado este año en la región zuliana. Se han reportado varios casos que demuestran que el Estado venezolano no tiene control sobre el desabastecimiento de alimentos, medicinas e insumos para los servicios de salud. La crisis no es coyuntural, sino estructural”.

Precisa que el cierre de la frontera colombo-venezolana ha significado “una transgresión directa a los derechos del pueblo indígena wayúu”, que no reconoce límites territoriales en su hábitat ancestral.

Exige al Estado que asuma su responsabilidad en materia de alimentación y salud, y que diseñe una estrategia de gestión que asegure resultados positivos para los venezolanos. “La muerte de niños muestragraves fallas en las políticas públicas del Estado para corregir una situación que se viene desarrollando en la región Guajira desde hace muchos años”.

La comisión detalla que no solo la población wayúu ha sufrido los embates de la escasez y el alto costo de la vida. “Algunos yukpas se han desplazado desde la sierra de Perijá hasta El Trébol, en el sur de Maracaibo, donde viven en condiciones infrahumanas”.

En el caso de la Guajira señala que desde 2010, la comisión ha registrado 22 muertes, 45 heridos, 19 víctimas de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, un secuestrado, un desaparecido y cientos de casos de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales. Debido a la militarización, en 2016 se produjeron cuatro muertes violentas presuntamente a manos de oficiales de las FANB, que todavía están impunes.

“Persisten el contrabando y la venta informal de combustible, incluso con la participación de niños, muy cerca de los puntos de control”, indica Guerra, para quien no hay lugar a dudas de la complicidad de funcionarios en esta situación.

La Comisión para los Derechos Humanos del Zulia es una organización no gubernamental dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el estado. Surgieron a raíz de las protestas de 2014. El informe que presentan es el primero que se hace en Venezuela sobre una región específica. Su intención es que otras organizaciones se sumen a esta iniciativa.