En abril de 2002 el fallecido presidente Hugo Chávez aprobó la inamovilidad laboral para trabajadores de los sectores público y privado. Desde entonces el gobierno le ha dado continuidad con sucesivos decretos. El último lo firmó Nicolás Maduro en 2015, cuando la prolongó hasta 2018.
La inamovilidad laboral cumplió el año pasado 16 años, que estuvieron marcados por un aumento del “parasitismo laboral” y desestímulo la productividad, según Conindustria. Además, no impidió la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo entre 2017 y 2018,
Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, asegura que la ley ha sido totalmente contraproducente para el desarrollo económico del país. Añade que en vez de incentivar el trabajo, el esfuerzo y la productividad, ha hecho todo lo contrario, por ejemplo, que los trabajadores lleguen a las empresas y no cumplan con su tarea.
Sin embargo, indica que las compañías no pueden tomar ningún tipo de medida disciplinaria porque desde hace tiempo la Inspectoría del Trabajo no califica despidos, ni siquiera cuando hay pruebas de violación de las normas de trabajo como robos, destrucción de activos o cualquier otro caso evidente que incluso esté registrado en un video grabado por el sistema de seguridad de la empresa. Esto sucede a pesar de que el decreto establece que la causa del despedido debe ser calificada previamente por un inspector.
“La inamovilidad ha sido totalmente perjudicial y el gobierno sigue sin entender esa realidad y la maneja como un tema estrictamente político y populista”, expresa. “El gobierno solo le aplica la ley al sector privado, porque hemos visto que trabajadores de la administración pública son botados indiscriminadamente cuando protestan o manifiestan una opinión contraria”.
El último caso conocido fue el de Carlos Alberto Dávila, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Venezolana de Televisión, despedido del canal del Estado por exigirle a la directiva que cumpla los pagos acordados con los empleados.
Larrazábal considera que incluso esta ley es una de las causas que llevaron a transnacionales a tomar la decisión de irse de Venezuela. No pudieron mantener la nómina con un flujo de caja mermado que no daba para cumplir con los compromisos.
“Hay muchas empresas que si están en riesgo de cerrar tienen que tener un flujo de caja necesario para mantenerse, y a veces la decisión dolorosa es reducir la nómina entre 10% y 15% para garantizarle el trabajo a 85% o a 90% de los empleados”.
Desde que Maduro decretó el 17 de agosto un incremento salarial de 5.900%, que subió el sueldo de 30 a 1.800 bolívares, expertos advirtieron que la medida aceleraría no solamente la hiperinflación, sino también el cierre de empresas y por consiguiente el desempleo.
En su juramentación Maduro aseguró que mañana anunciaría nuevas medidas económicas. Se espera que decrete lo que sería el tercer aumento salarial desde agosto. Las alarmas se activaron nuevamente cuando el Banco Central de Venezuela informó que la cotización del petro pasó de 9.000 a 38.195,17 bolívares.
Maryolga Girán, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria, afirma que la ley de inamovilidad laboral no ha generado ningún efecto para incrementar los puestos de trabajo ni para conservar los pocos que quedan, pues “el día que una empresa cierre, simplemente cerró”, tal y como sucedió con Clorox, Kellogg’s, Goodyear y Kimberly Clark.
“¿Ha traído mayor tasa de empleo? No, el desempleo va galopando. Durante los años 2017 y 2018 se perdieron más de 300.000 puestos, principalmente en la industria privada. La inmovilidad no ha servido absolutamente para nada”, asevera.
Con el socialismo del siglo XXI, el cual “no es sino un gran populismo, demagogia y un cascarón vacío”, se impidió la libertad de contratación y el Estado intervino en la relación de trabajo, agrega.
La asesora laboral refiere que la inamovilidad también ha significado un aumento del parasitismo y que ha tenido un efecto pernicioso para malacostumbrar al trabajador. “Ha distorsionado por completo las demandas de indemnización hasta convertirla en una simple venta del puesto”.
Ha ocurrido, señala, que trabajadores le piden al empleador una camioneta o un apartamento como compensación para poder irse. Estas demandas y exigencias las considera “absolutamente irracionales” y totalmente ajenas a la relación de trabajo. “Eso es la inamovilidad en la práctica: la venta del puesto de trabajo”, dice la experta.
“La inamovilidad laboral ha sido totalmente perjudicial y el gobierno sigue sin entender esa realidad y la maneja como un tema estrictamente político y populista”
Carlos Larrazábal, Presidente de Fedecámaras