Más de 100 funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos fueron desplegados desde el viernes 5 de enero para fiscalizar 214 establecimientos de 26 cadenas de supermercados en el territorio nacional. La orden fue enviada el 4 de enero a los coordinadores regionales del organismo con los lineamientos que deben seguir.

En el documento se ordena: “Después de obtener la lista de precios y los inventarios, notificar medida preventiva de ajuste de precios de todos los productos al 15 de diciembre de 2017 sobre los inventarios existentes”. Otro de los lineamientos es supervisar que vendan el pollo y la carne al precio referencial y que los supermercados tengan los precios de los productos marcados. En caso contrario, “exigir que los procedan a colocar. Antes de culminar la fiscalización, deben estar todos los precios exhibidos”. También se exhorta a realizar un arqueo de caja para revisar a dónde va el efectivo que reciben: “Diariamente debemos supervisar el depósito bancario y contrastarlo con los arqueos diarios de caja”.

La presidente de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, considera que es absurdo ajustar los precios a los que tenían el 15 de diciembre porque están por debajo del costo de reposición de los supermercados. “Ellos piensan que estas acciones contendrán la inflación, aumentarán el abastecimiento y ganarán popularidad, pero están repitiendo los mismos errores del pasado. Sin embargo, en el presente es mucho más peligroso”, aseveró.

En cuanto a la orden de supervisar el marcaje, opinó que en esquemas de hiperinflación no se pueden tener los productos marcados porque el precio puede cambiar al momento.

Calificó la jornada de fiscalizaciones de acto de irresponsabilidad del gobierno, pero también del usuario. “Entendemos que todos estamos atravesando por momentos difíciles porque la hiperinflación no distingue clase social ni estrato, pero con lo que acabamos hoy, mañana lo vamos a necesitar. Nos corresponde tener conciencia ciudadana y darnos cuenta de que ese aprovechamiento de una decisión totalmente arbitraria del gobierno nos va a traer a todos graves problemas, como el desabastecimiento, en un futuro no muy lejano”, explicó.

Aseguró que cada uno de esos negocios no va a estar operativo en el corto plazo. “La Sundde no está tomando en cuenta el costo de reposición”, reiteró.

El economista José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional, coincide con Uzcátegui al definir las fiscalizaciones como un acto de irresponsabilidad. “Significa comida para hoy y hambre para mañana porque en lugar de resolver la crisis, la van a agravar. Una vez que se agoten los inventarios, ¿qué se va a vender después?”, manifestó.

Evocó lo que ocurrió el 8 de noviembre de 2013 y que se conoce como el Dakazo, cuando el gobierno ajustó los precios de tiendas de electrodomésticos, sobre todo de Daka, semanas antes de las elecciones municipales.

En cuanto a la conducta de los venezolanos que hicieron colas en supermercados, señaló que las personas están desesperadas. “Esta vez es la clase media empobrecida y arruinada, porque la baja ni siquiera puede pagar esos precios regulados. Pero las personas no están viendo que esto puede agudizar sus problemas. Solo están pensando en su interés personal y no en el colectivo”, indicó. Aseguró que estos hechos son una consecuencia del frenesí que produce la inflación.

El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, expresó en su cuenta oficial de Twitter que la decisión del gobierno de ajustar los precios en los supermercados sin respetar estructuras de costos originará más desabastecimiento, desempleo y quiebre de empresas. “Se rompió con la cadena de suministro”, dijo.

Se contactó al presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Luis Rodríguez, pero su repuesta fue que en ese momento no estaba dando declaraciones.


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