Los ataques a la propiedad de los productores agropecuarios se recrudecieron en los últimos 2 meses: 18 fincas productivas fueron objeto de confiscaciones de tierras por parte del gobierno o de invasiones. “Se ha incrementado de una manera sostenida el ataque a la producción privada”, afirmó Carlos Albornoz, presidente de Fedenaga.

El Instituto Nacional de Tierras, a través de la aplicación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ha continuando decretando la ocupación forzosa de las tierras, que luego las adjudica a supuestos campesinos. De acuerdo con Albornoz uno de los estados más afectados es Barinas.

Luis Soteldo, presidente del organismo y viceministro de Tierras, anunció a principios de mayo el “rescate” de 749 hectáreas de la finca La Primavera, ubicada en esa entidad, propiedad de los hermanos Febres Villalba.

Dijo que la medida era  “para darle respuesta y el certificado de adjudicación de tierras del INTI a 2.000 familias que viven en este espacio”. El funcionario entregó las tierras a 20 “colectivos campesinos” –como son identificados por el INTI– de la parroquia Alto Barinas, según la cuenta oficial de Twitter del organismo.

El 26 de abril fue cuando comenzó el plan de inspecciones con el “rescate” de 2.733 hectáreas de  los fundos Gavilán yLa Chaqueta, en Barinas y propiedad de Manuel Mansilla, para entregárselas a 56 campesinos. Sin embargo, los productores privados aseguran que se trata de invasores.

En el fundo, Soteldo, acompañado de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, les expresó a los ocupantes: “A ustedes los desalojaron de aquí y llevan más de cuatro años metidos en el predio” para justificar la entrega de las tierras.

El artículo 14 de la Ley de tierras y desarrollo agrario establece que los campesinos que han permanecido por más de 3 años de manera ininterrumpida trabajando en tierras privadas son “sujetos preferenciales de adjudicación de tierras”.

El 5 de mayo, Soteldo, acompañado de una comisión de la asamblea nacional constituyente, entregó 107 hectáreas del fundo La Fortuna al Consejo Campesino Los Guardianes de la Tierra y la Asociación Cooperativa Dame Chocolate del estado Mérida. Afirmó que los ocupantes llevaban 6 años en el terreno.

La página web del INTI indica que en lo que va de año han adjudicado 1.134 instrumentos agrarios sobre más de 58.000 hectáreas. El presidente Nicolás Maduro anunció en abril que el gobierno alcanzó la meta de 6 millones de hectáreas entregadas a los “campesinos productores de nuestra patria” como parte de la guerra contra el “latifundio” que inició el fallecido mandatario Hugo Chávez.

“El artículo 305 de la Constitución establece que el gobierno está en la obligación de estimular, impulsar, desarrollar y promover la actividad agropecuaria con fines de abastecimiento y de soberanía, y seguridad alimentaria. Lamentablemente esto no se cumple en el momento en que hay menos garantía de propiedad y de tenencia de tierras”, expresó Albornoz a propósito de los ataques a la propiedad privada.

Invasores. Una parte de la finca Sicare, situada en el estado Lara, que produce entre 4.500 kilos y 5.000 kilos de queso de búfalo al mes, fue ocupada ayer en la mañana por más de 80 personas, de las cuales más de la mitad estaba armada con machetes, dijo el presidente de Fedenaga.

“Aunque la Guardia Nacional Bolivariana fue a conversar con ellos, los invasores dijeron que no se salían y que ocuparán el predio. Esa invasión puede afectar la oferta proteica y láctea de esa zona centroccidental del país”, indicó.

Aseguró que la finca La Escondida, propiedad del productor Ricardo Mora, en Sabaneta, estado Barinas, permanece invadida desde la semana pasada. El propietario cuenta con el certificado de finca productiva otorgado por el directorio del INTI.

Desde hace 8 días la finca El Casquillo, en el municipio Santa María de Ipire en Guárico, también sigue invadida. “Es una de las fincas más productivas de leche de esa región”, afirmó Albornoz.

El titular del gremio ganadero sostiene que se ha multiplicado el ataque a predios productivos en Venezuela. “Nos preocupa profundamente porque incide de manera directa en el abastecimiento, afecta la poca oferta que hay, encareciendo los precios de los productos que vienen del campo venezolano”, dijo.


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