La inflación no respeta ni la paz de los sepulcros: solo un ataúd puede costar 9 millones de bolívares y un servicio funerario, 24 millones de bolívares. Enterrar a un ser querido se ha convertido en un lujo que pocos pueden pagar y ni siquiera los seguros blindan a los deudos en momentos difíciles. Prácticas de otro siglo, como el entierro en la propia casa, comienzan a convertirse en una solución a la crisis para las familias con menos recursos

La muerte es lo más seguro en esta vida. Lo que no es seguro es que se cuente con el dinero que se necesita para un servicio funerario en los tiempos que corren en Venezuela. Quienes no tienen recursos para enterrar a sus familiares “empeñan” la vida para completar la suma que se requiere.

El servicio más barato cuesta 12 millones de bolívares, de acuerdo con las cifras que suministra Antonio Quijada, encargado de una agencia funeraria en Caracas. El ataúd más económico no baja de 4 millones de bolívares.

El dolor por el fallecimiento de un familiar se combina con el estrés y la angustia de no disponer del capital para dar el último adiós.

Lo que parecía una leyenda urbana está empezando a ser una realidad: gente que improvisa urnas con cartón y otros materiales y abre una zanja en la propia vivienda para sepultar a sus allegados.

En Falcón, según el concejal del municipio Federación Eduard Morales, hay un caso reciente, dramático. Una mujer, habitante de un caserío cercano a La Sierra Falconiana, murió por desnutrición. Sus familiares buscaron ayuda por todos los medios, pero al no encontrarla construyeron una caja y abrieron una fosa en su propia casa. “La alcaldía no dio la asistencia requerida, y nosotros hicimos lo posible para conseguir un cajón de madera. Sucede ahora que las funerarias no dan auxilio porque el gobierno les debe plata, pero tampoco el municipio aporta donaciones. No tienen ni para las velas ni para el café”, dice Morales.

Datos que ha levantado el concejal en la zona indican que en las últimas semanas se registraron casos de cinco familias que han tenido que ir de un lado a otro en busca de urnas. Hace pocos días mataron a un joven y sus deudos tuvieron que afrontar el mismo ruleteo. “La gente de escasos recursos no tiene cómo realizar los entierros y no es justo que lo único que le estén ofreciendo sean bolsas negras y que tenga que enterrar a sus muertos en casa. Pedimos al alcalde oficialista Castor Díaz que atienda esta situación, pues se puede incluso presentar una emergencia sanitaria. Esas no son las condiciones para resguardar un cadáver”, dijo. 

Finalmente, la mujer no tuvo que ser enterrada en el agujero que abrió su familia, pues el concejal gestionó un terreno en el cementerio municipal.

Una noticia similar fue difundida hace poco en redes sociales y publicada por el Diario de Los Andes. Aunque parecía un cuento del siglo XIX, ocurrió en diciembre pasado en el sector La Peñita, parroquia Niquitao, en  Boconó, estado Trujillo: una familia enterró a su hijo en el patio de la casa por no tener dinero para pagar los gastos funerarios.

El niño, de 2 años de edad, murió a causa de parasitosis intestinal, según la historia reseñada por el periódico. Debido a que los padres no contaban con recursos para el entierro, hicieron una urna de madera con tablas y cavaron la fosa en el patio de la casa. Sin embargo, la alcaldía les negó el acta de defunción, por no cumplir con los procedimientos habituales, y tuvieron que someterse al interrogatorio del Cicpc y acceder a que al cadáver le hicieran la autopsia en el Hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera.

Apoyo con bolsas negras

La mamá de Rosa Díaz –se usa seudónimo por tratarse de una menor de edad–murió hace 15 días y la adolescente, que quedó sola y a cargo de sus hermanos pequeños, acudió a la Alcaldía de Santa Lucía, estado Miranda. Allí lo único que le ofrecieron como apoyo fue una bolsa negra.

Impactada, regresó a su casa, en el kilómetro 42 de la carretera vieja Petare-Santa Lucía. Fue gracias a la ayuda de terceros, y después de pedir colaboración, que pudo enterrar a su mamá en el cementerio municipal.

Lo cierto es que la inflación no respeta ni siquiera la paz de los camposantos. En julio de 2016 un entierro (urna, capilla, acto velatorio, café, papeleo y traslado) costaba 240.000 bolívares. En enero de 2018 el mismo servicio se cotizaba en 24 millones de bolívares. En 19 meses subió cerca de 10.000%.

Pagar por esos servicios se ha tornado inaccesible para la mayoría de los venezolanos y ni siquiera contar con un seguro garantiza que puedan costear los gastos, pues las funerarias no aceptan a todos.

Hace ocho días Pablo Escocia gestionó un servicio para velar a su mamá, y cuando presentó los papeles de su seguro, Horizonte, la administración de la funeraria La Paz del Señor, en San Martín, le dijo que no trabajaban con empresas del gobierno.

Le tocó a él y a un hermano desembolsar 16 millones de bolívares para la preparación del cadáver, el ataúd de madera, la capilla y el traslado al cementerio de El Junquito. Eso sí, sin carro para los familiares. “El servicio es más caro ahora y ya no tienen lo que uno necesita”, lamentó Escocia.

La lista de facilidades debería incluir un vehículo para los traslados destinados al papeleo, un cuarto para el descanso, café, agua o tilo, baños en buenas condiciones y, además, prestadores del servicio con empatía ante el dolor ajeno. “En nuestro caso, como vieron que éramos una familia numerosa, uno de los empleados nos pidió, por debajo de cuerda, que le diéramos un poco más de dinero, porque dijo que para preparar a mi mamá gastaron más material de lo debido”.

Escasez fúnebre

El pago por los traslados al cementerio también abulta las cuentas. En la funeraria Los Caobos argumentan que el problema con ese servicio son los costos de repuestos e insumos. En esta empresa, por ejemplo, no cuentan con carros para los familiares y, por tanto, deben contratar vehículos de terceros que a principios de enero cobraban 360.000 bolívares por llevar a 4 personas al camposanto. La semana pasada el precio ya estaba en 520.000 bolívares.

“Los familiares deciden si quieren contratar el vehículo adicional, pues eso sube la facturación”, manifestó Alberto Caldera, ejecutivo de ventas, quien con recibo en mano explicó por qué el velorio básico en esa compañía cuesta 22,4 millones de bolívares.

El recurso más costoso es el ataúd: hasta en 9 millones de bolívares se puede conseguir el de latón. Ese es, precisamente, el insumo más requerido por las funerarias y uno de los más escasos. En Los Caobos cerraron 2017 con 5 urnas y ahora solo les queda una. La opción es pedirlas prestadas a otras empresas y luego reponerlas, en caso de que consigan. “Si no, simplemente no haremos servicios hasta tener inventario”, dice Caldera.

El precio del formol, otro producto indispensable en este trabajo, también está por las nubes. Se incrementó 2.000%: un envase de 3,7 litros pasó, de costar 700.000 bolívares, a rondar los 6 millones de bolívares.

Todo esto sin tomar en cuenta otros gastos, como la tela para el cortinero que llevan las urnas, los materiales de limpieza, el café, el azúcar, los vasos de plástico y el papel higiénico.

Ahora incluso está restringido el desayuno: se limita a cinco personas que pernocten en la funeraria.

Juan Carlos Fernández, directivo de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias, coincide con que las compañías que prestan el servicio tienen una serie de gastos que en medio de la crisis económica resulta difícil cubrir. A los costos de las urnas suma los gastos de mantenimiento de las carrozas –muchas de las cuales sobrepasaron su vida útil, pues son de los años ochenta–, que incluyen cambio de aceite y filtro, cauchos y aires acondicionados, sin contar el pago de servicios como luz, agua, teléfono y aseo.

Lo que se debe pagar en nómina también inyecta presión. “Con los aumentos salariales recientes hemos tenido que hacer ajustes, y no es fácil, se trata de un personal que trabaja por guardias las 24 horas. Con la hiperinflación no pareciera que la situación va a mejorar. El gremio tendrá que tener suficiente creatividad para seguir trabajando porque este es un negocio que siempre se va a necesitar”.

También ve con preocupación el cierre de las fábricas de urnas y el hecho de que industrias pequeñas que hacían cocinas y muebles estén comenzando a fabricar ataúdes, muchas veces sin cumplir con las normas de higiene. “Ellos están llenando ese vacío, trabajan con materiales básicos porque los normales, que son las láminas de hierro –que producía Sidor– están a precio prohibitivo”.

En Venezuela, recuerda, se mueren cada año un promedio de 5 personas por cada 1.000 habitantes, “y ya no es posible ni siquiera costear un sepelio”.

Fibras de pino y cartón se usan para fabricar urnas

La escasez de materia prima es otro de los obstáculos que deben afrontar las empresas que prestan servicios funerarios. Juan Carlos Fernández, director de Fabricantes de Urnas y directivo de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias, señaló que Sidor, por ejemplo, hace más de un año que no suministra latón, aluminio y cabillas para la fabricación de urnas y el ornato de tumbas. Por tanto, es necesario abastecerse de proveedores que manejan precios equivalentes al mercado informal. “Eso ha impactado enormemente la prestación del servicio y golpeado a empresas y clientes por igual”.

En respuesta a la crisis, han comenzado a utilizarse materiales alternativos como MDF y cartón. El MDF es de densidad media, elaborado con fibras de madera de pino caribe venezolano que se combinan con resinas sintéticas de urea y formaldehído, para luego ser fraguadas bajo presión y temperatura. Puede sustituir la madera sólida. “Estos ataúdes son más sencillos y están respondiendo a la demanda de los que no pueden pagar una urna de 4 millones de bolívares”, indicó Fernández.

En otros casos se usan cajas de cartón diseñadas para tener resistencia, pero que no son higiénicas. “Sí se hacen unos cajones más económicos, pero rompen con la barrera sanitaria y eso es un riesgo tremendo para la sociedad”.

Para los entierros tampoco se consigue cemento ni cabillas para el encofrado del cajón.

Deudos recurren a la cremación y a ataúdes prestados

Con los costos elevados y las donaciones que tardan en llegar para costear un funeral, la gente ha visto en la cremación una salida para abaratar el precio de los servicios funerarios. Muchos, además, optan por “ir al grano” y se saltan los pasos de preparación, el velorio y el funeral.

“La cantidad de cremaciones aumentó 50% en 2017 porque es más barato utilizar este procedimiento que pagar una parcela en el cementerio. Esto se está haciendo principalmente en las grandes ciudades, hay que hacer muchos arreglos municipales cuando se trata de una incineración”, explica Juan Carlos Fernández, directivo de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias.

Añade que hasta hace unos años esa práctica era inusual, y lo era aún más otra a la que también se recurre en la actualidad: la reutilización de los ataúdes.

“La gente está cremando a sus muertos en urnas prestadas o alquiladas. Y eso es un riesgo sanitario, que el ataúd pase de un muerto a otro es peligroso para los trabajadores y para quienes van al sepelio. Imagínate, por ejemplo, el cadáver de una persona que tuvo tuberculosis u otra enfermedad contagiosa puede contaminar el féretro. Obviamente, se cambian las cortinas que lleva la urna por dentro, que se hacen con la tela usada para la elaboración de monos quirúrgicos, pero quedan muchos microorganismos que, con esta nueva práctica de reutilización, incluso pueden ocasionar una epidemia”.

Señala que es comprensible que situaciones como esta estén ocurriendo, dada la crisis que se vive en la actualidad. “Esto sin duda abarata los costos, pues la gente solo tiene para cubrir los gastos de alimentación, pero esas no son las condiciones sanitarias para la disposición final de un cadáver”.


La ley establece el derecho a servicios básicos

El artículo 35 de la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.358, del 18 de febrero de 2014, establece las condiciones que deben tener los locales de este tipo, entre ellas, además de instalaciones como salas o capillas velatorias, habitaciones para el descanso de los familiares y vehículos adecuados para el traslado de los cadáveres y de los acompañantes.

También dice que los usuarios de este tipo de servicios tienen derecho de disponer, entre otras, de una serie de prestaciones, entre ellas:

1. Preparación del cadáver.

2. Asesoría en relación con las diligencias que establezca la ley.

3. Sala de velación y servicio de cafetería.

4. Un ataúd tipo latouche, excepto cuando se trate de donaciones.

5. Traslado del cadáver del sitio del fallecimiento al local de velación y de allí al cementerio en su respectivo vehículo funerario.

6. Vehículo de acompañamiento.

7. Transporte de utensilios al sitio de velación, en caso de ser velado en el domicilio.

Las empresas funerarias están obligadas a cumplir con estas disposiciones; y quienes incumplan lo dispuesto podrán ser sancionados con multa entre 200 y 300 unidades tributarias.

“Difícil en estos tiempos. La gente se queja, pero ¿cómo hace uno para cumplir con todos los servicios, si algo tan sencillo como un papel higiénico o un botellón de agua llega todos los días con un precio diferente?”, señala Jorge Malavé, empleado de una funeraria, quien argumenta que la empresa solo puede ofrecer lo que ese día trajo el proveedor.

“Por ejemplo, nos están llegando urnas de madera que ya traen el Cristo incrustado, no tienen manillas de metal en los laterales y ya nosotros no estamos poniendo la cruz de flores ni el carro para los acompañantes. Eso el cliente a veces no lo entiende y amenaza con llevar la denuncia a otras instancias”.


Vea el reportaje en: Crónica.Uno


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