La cacería de brujas contra los empleados públicos que no votaron en la elección de la asamblea nacional constituyente se ha profundizado a través de la humillación y las amenazas constantes que se han concretado hasta la fecha en 33 despidos ejemplarizantes, alertaron dirigentes sindicales.

Dick Guanique, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, informó que 16 trabajadores fueron expulsados porque desobedecieron la orden del propatronal presidente del sindicato, Edison Alvarado.

“En el Metro el acoso contra los trabajadores es brutal y cada día los amenazan con el despido y sanciones contra aquellos que no muestren su absoluta lealtad al régimen de Nicolás Maduro”, refirió el representante del Fadess.

Guanique agregó que otros 10 empleados fueron despedidos porque participaron en la consulta popular de la oposición el 16 de julio. Asimismo, la organización recibió la denuncia de un trabajador de Pdvsa que fue expulsado por no votar el 30 de julio.

Betty Suárez, directiva del sindicato del Ministerio de Finanzas, indicó que cuatro  funcionarios del Sistema Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, Seniat, en Maracay y Los Andes fueron removidos de sus cargos. “Estos despidos desde todo punto legal son improcedentes porque se trata de funcionarios de carrera con muchos años de servicio ininterrumpido e intachable”, expresó.

Uno de los afectados es el dirigente sindical Omar Aguaje, con 12 años de carrera en el Seniat, al que además de la inamovilidad decretada por el Ejecutivo se le desconoció la protección de la Ley Orgánica del Trabajo por concepto de fuero sindical.

Suárez destacó que siete trabajadores de la Comisión Nacional de Valores, algunos con cargo de coordinación, también fueron despedidos por no acudir a votar el 30J. Además de los casos mencionados, otros tres empleados de Seniat Maracay fueron objeto de despido, como denunció Alianza Sindical Independiente.

Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, informó que ante los despidos ocurridos y la certeza de que el gobierno no parará la persecución laboral con la aplicación de “castigos ejemplarizantes por pensar distinto” el lunes fueron enviadas tres cartas al presidente de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Guy Ryder.

La primera carta contiene los casos con las pruebas sustentadas sobre los  despidos de nueve trabajadores del Metro de Caracas, más otros dos de la empresa La Gaviota, envasadora de pescado estatizada, porque no participaron en la elección del 30J.

La otra misiva se refiere a la detención ilegal de dirigentes laborales como Omar Vásquez Lagonel, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela.

La tercera carta plantea la protección de 39 sindicalistas que han sido blanco de persecución y amenazas de los organismos de seguridad del Estado por impulsar la huelga general nacional entre el 20 y el 31 de julio.    


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