Sociedad

Alertan sobre criminalización de las protestas por salud

ONG y centros de estudiantes universitarios expresaron preocupación por la violencia de los cuerpos policiales contra médicos y cursantes de posgrado

Hospital Vargas

Foto: Referencial

Por EL NACIONAL

Más de 50 organizaciones no gubernamentales y centros de estudiantes universitarios rechazaron la criminalización de la protesta en hospitales de varios estados del país, la cual se efectúa   entre los meses de mayo, junio y hasta la fecha para exigir atención gubernamental a la crisis de salud. Consideran que la agresión y persecución de personal médico y universitario por parte de funcionarios de seguridad de centros de salud y de los agentes policiales violan la libertad académica, la libertad de expresión y el derecho a la manifestación. Son hechos que afectan directamente la formación de profesionales en estudios de posgrado. “Es un patrón del Estado venezolano”, alertaron en un comunicado.

En el documento, las ONG agrupadas en Aula Abierta Venezuela citaron los casos ocurridos el 10 de mayo de 2018, cuando grupos civiles armados irrumpieron en el Hospital José María Vargas, en Caracas, para evitar que los médicos y enfermeras protestaran por la crisis y el desabastecimiento que se padece en esa institución. Simultáneamente, un grupo de motorizados llegó a la Maternidad Concepción Palacios, al oeste de la ciudad de Caracas, y arremetió contra los especialistas que manifestaban en la calle y entregaban panfletos. El 14 de mayo de 2018, Polizulia reprimió una protesta contra la falta de insumos y las críticas condiciones en el Hospital Adolfo Pons de la ciudad de Maracaibo del estado Zulia. Los agentes detuvieron arbitrariamente a Sergio Fuenmayor y a Williams Ferrer, estudiantes de posgrado de Medicina de LUZ, y a dos trabajadores.

El primero de junio pasado, Diego Zerpa y Wolman Granado, médicos estudiantes de posgrado en la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera, estado Carabobo, fueron detenidos de modo arbitrario por cargar entre sus pertenencias materiales médicos; los llevaron ante un tribunal que ordenó su presentación cada 30 días ante el juzgado. “Ellos compraron los insumos con dinero de su propio peculio en respuesta a la crisis de escasez en el CHET con la finalidad de atender a los pacientes”.

Cuatro días más tarde, funcionarios del Cicpc que ingresaron al Hospital Universitario de Caracas de la UCV detuvieron, sin orden judicial, al enfermero Alfonzo Román.