Cuando hay una democracia que funciona, en la que se acate la voz de la mayoría, con canales de participación ciudadana, con organizaciones de la sociedad civil que puedan hacer oír su voz, y con una prensa libre, siempre es sano que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones; lo anterior es especialmente válido si lo que está en juego es la elección del jefe del Estado, en quien se delega el ejercicio del Poder Ejecutivo. Pero no es lo mismo convocar a elecciones por un órgano fraudulento, que no tiene existencia constitucional y que carece de legitimidad. No da igual hacerle el juego a una ANC espuria, que ha ordenado la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas, sin que previamente se haya renovado el CNE, y sin que se hayan adoptado las medidas mínimas indispensables para garantizar un proceso electoral limpio y transparente. De ahí que un inmenso sector de los ciudadanos que adversan al régimen chavista se plantee el dilema de votar o no votar. Pero no es esa la cuestión.
No es que la oposición venezolana se niegue a salir de esta crisis por la vía electoral. ¡Es el chavismo el que no quiere que votemos! Porque, desacatando la Constitución, este régimen pretende fijar la fecha de las elecciones presidenciales o de otro tipo cuando le convenga, sin un registro electoral actualizado, con un CNE rojo rojito, y obligando a sus adversarios a competir con las manos amarradas. Con tantos líderes políticos inhabilitados, solo falta que Maduro escoja también al candidato de la oposición.
No es cuestión de participar o no participar en una contienda electoral propia de una sociedad democrática, con una prensa libre, igualdad de oportunidades para participar en el debate político, un árbitro independiente e imparcial, la presencia de observadores internacionales (antes, durante y después de la jornada electoral), y con un candidato oficial que no haga uso de los recursos del Estado para comprar conciencias. Hay una diferencia esencial entre participar en unas elecciones libres, que Maduro sabe que perdería, y prestarse para una farsa, en la que, en el clima de terror generado por el chavismo y sus colectivos armados, sin que se hayan abierto las urnas y contado las papeletas electorales, el resultado ya está cantado. ¡Igualito que esos 8 millones de electores que, supuestamente, habrían votado para elegir la ANC!
Lo que está planteado no es la negativa de la oposición a participar en unas elecciones amañadas, con un resultado decidido de antemano en los conciliábulos de La Habana. El asunto es que, como siempre, el chavismo quiere jugar con cartas marcadas, se niega a aceptar la renovación de los miembros del CNE (cuya designación, por lo demás, corresponde a la Asamblea Nacional), y pretende imponer un calendario electoral distinto del previsto en la Constitución, dándole ventaja al candidato oficial, que ya lleva años en una campaña financiada con los recursos de todos los venezolanos.
La cuestión no es votar o no votar. De lo que se trata es de caer o no en la trampa de unas elecciones convocadas en medio de un clima de terror, con centenares de presos políticos, con partidos políticos ilegalizados, con arrestos arbitrarios practicados en la oscuridad de la noche, con ejecuciones sumarias de opositores capturados y rendidos, y con el chantaje político ejercido en contra de un pueblo que tiene hambre.
Cuando el chavismo ha cerrado todos los caminos constitucionales y electorales, lo que está planteado es cómo salir de esta dictadura sin menoscabo de la Constitución. Ese objetivo podrá tomar más o menos tiempo; pero nunca un tirano ha podido vencer a un pueblo unido, decidido a recuperar la libertad y la democracia. No se trata de votar o no votar; se trata de luchar o no luchar.