El acto de votar para elegir al presidente de una nación constituye el derecho político más trascendente que puede ejercer un ciudadano. Se trata de utilizar la autoridad que las constituciones y las leyes le otorgan para investirlo con la legitimidad suficiente para poder designar, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento legal, a quien deberá ejercer la jefatura del Estado, junto con los demás poderes, para beneficio y protección de todos sus conciudadanos. Pareciera que el título de este artículo contradice esta afirmación. No es así. Nicolás Maduro ha ejercido la Presidencia de la República desde 2013 y ha desempeñado cargos importantes en la administración pública en el nefasto período de la revolución del siglo XXI. Durante este tiempo y más específicamente en el ejercicio de la Presidencia ha demostrado, al igual que su predecesor, que los intereses de la República y el bienestar de nuestro pueblo no forman parte de sus principales preocupaciones. De allí que las elecciones del 20 de mayo sean un reto a la responsabilidad de los venezolanos.
En efecto, Nicolás Maduro y su corrupta camarilla solo perciben el poder como un instrumento ideal para obtener beneficios personales y privilegios políticos y económicos. Esa es la razón por la cual se aferran a preservar el poder sin importar el costo que ello implique. No creo necesario demostrar con cifras la magnitud de la tragedia en que se ha sumido a los ciudadanos de todos los estratos sociales en la Venezuela de hoy. Basta con salir a la calle para observar a cientos de personas hurgando en la basura para encontrar algo de comer, o visitar los hospitales y constatar la severa carencia de insumos médicos, o la muerte por desnutrición y enfermedades de niños y ancianos, o el clima de inseguridad existente en nuestras ciudades y campos, o el colapso jamás visto de los servicios públicos, o la proliferación de enfermedades endémicas ya erradicadas hace un siglo, o la galopante hiperinflación, jamás conocida en nuestra historia, que solo produce hambre y muerte en nuestro pueblo
Lo más sorprendente de la tragedia venezolana es que ella surge inmediatamente después de haber recibido Venezuela los mayores ingresos petroleros de su historia. Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro destruyeron toda la estructura administrativa del Estado y los procedimientos normales de control de los dineros públicos al politizarlos totalmente y ponerlos al servicio de la supuesta revolución bolivariana. En lugar de utilizar esos inmensos recursos para realizar una sólida obra pública al servicio de nuestro pueblo, se dedicaron a despilfarrarlos, a regalarlos y a beneficiarse personalmente en medio de la más descarada corrupción. Un ejemplo de este pillaje es el escándalo de la empresa Odebrecht, a la cual se le concedieron contratos sin licitación, muchos de los cuales no fueron concluidos. Curiosamente, Venezuela es el único país de América donde no se ha efectuado ninguna investigación, aún cuando el propio Nicolás Maduro ha sido acusado de haber recibido 34 millones de dólares para su campaña presidencial.
Si lo anterior pareciera poco, cabe mencionar la ilegitimidad de origen de la presidencia de Maduro, al haber aceptado ser candidato presidencial cuando estaba en el ejercicio de la vicepresidencia, circunstancia prohibida constitucionalmente, además de su desconocida nacionalidad y las dudas generadas sobre la transparencia de esa elección; su negligencia cómplice en el tratamiento de la reclamación del territorio Esequibo; el agravamiento de la desinstitucionalización y desprofesionalización de la Fuerza Armada Nacional; el deterioro de Pdvsa a niveles de ruina; la utilización de la justicia como instrumento de intimidación y castigo a los opositores a su tiranía; el empleo de los medios de coerción del Estado para perseguir y acosar a familiares y amigos de adversarios políticos como medio de extorsión y chantaje; la diáspora de venezolanos por todo el mundo en busca de mínimas condiciones de vida y lo más doloroso, los 153 jóvenes vilmente asesinados por la dictadura madurista en las protestas de 2017.
Ante este cuadro de cosas y el vertiginoso rechazo de los venezolanos a su totalitarismo, Nicolás Maduro se las ingenió para convocar a una elección presidencial, ilegal y fuera de tiempo, valiéndose de una espuria asamblea nacional constituyente, que, asesorado por sus mentores del castrismo, se inventó para ignorar a la legítima Asamblea Nacional, representante de la voluntad popular. Su gran oferta electoral es la de recomponer todo lo que, intencionalmente, el mismo ha destruido. Afortunadamente, la maniobra no le ha resultado del todo exitosa, en virtud del firme rechazo que ha recibido de la comunidad internacional en contra de su pretensión reeleccionista, la cual le ha advertido que desconocerá su resultado, además de haber impuesto sanciones a algunos funcionarios, presuntamente involucrados en hechos ilícitos. Ahora propone la convocatoria a un “diálogo” que realizaría después de su hipotética reelección. Estoy seguro de que la dirigencia opositora no le prestará la menor atención a esa desgastada estratagema.
Si lo anterior no fuese suficiente, Nicolás Maduro, ante el rechazo a su tiránico gobierno por la comunidad internacional, ha asumido como respuesta una actitud ofensiva y retadora contra todos aquellos gobiernos que osan criticarlo. Esa irresponsable conducta y su negativa a no recibir ayuda humanitaria, en medio de la diáspora venezolana, coloca en grave riesgo la soberanía nacional. La Fuerza Armada Nacional debería reflexionar sobre tan delicado asunto. Es su responsabilidad. De todas maneras, sus posibilidades de triunfo electoral no existen, si los venezolanos salen a votar. Así lo demuestran todas las encuestas: El rechazo a su persona y a su gestión sobrepasa el ochenta por ciento. En caso de ser designado ganador por el oficialista CNE, se demostraría un fraude tan escandaloso que difícilmente sería aceptado nacional e internacionalmente. Después de esta apretada síntesis, el lector podrá apreciar que no me falta razón cuando afirmo que votar para reelegir al candidato depredador Nicolás Maduro, causante junto con Hugo Chávez de la mayor hecatombe sufrida por nuestra sociedad en toda su historia, es, por decir lo menos, un acto de traición a la patria.