Participar masivamente, como espero harán los venezolanos, en la desigual justa electoral que hoy se realiza, plagada de todo género de obstáculos y trampas implementados por la dictadura, es la más firme y decidida respuesta a los últimos estertores de la estrategia trazada por Nicolás Maduro y su corrupta camarilla después de la impactante derrota sufrida por el PSUV en las elecciones parlamentarias del año 2015. Desesperados por haber perdido la hegemonía política, en lugar de haber procurado, como era lo conveniente para Venezuela, un necesario entendimiento político entre el gobierno madurista, incapaz de solucionar la grave crisis nacional, y una oposición, transformada en mayoría, se dedicaron a tratar de destruirla, utilizando toda clase de acciones inconstitucionales en medio de una criminal represión. El resultado de tan irresponsable conducta ha sido la profundización de la tragedia que enfrenta nuestro pueblo: hambre, muerte, inseguridad, corrupción y diáspora. Definitivamente, a Nicolás Maduro y a su camarilla, no les ha importado comprometer, en su afán de preservar el poder, los más altos intereses nacionales y el futuro de las nuevas generaciones. La consecuencia es el inmenso rechazo de los venezolanos y el repudio general de la comunidad internacional a su persona y a su gobierno.
Veamos algunas de las causas del estruendoso fracaso de la estrategia de Maduro para mantenerse en el poder: ante la acuciante presión internacional decidió, de manera intempestiva y en connivencia con las rectoras oficialistas del CNE, convocar de manera perentoria a la elección de gobernadores, incumpliendo elementales normas establecidas para la organización y convocatoria de una elección. Esa aviesa conducta tuvo dos razones fundamentales: en primer lugar, creer que la crisis surgida en la oposición, como consecuencia de la progresiva disminución de la intensidad de las protestas de calle causadas por la criminal represión y la competencia entre los aspirantes a las candidaturas de gobernadores, produciría tal desmoralización en sus filas que conduciría a la división y a la abstención; y, en segundo lugar, darle carácter de legitimidad a la espuria asamblea nacional constituyente comunal y a su propio gobierno ante la comunidad internacional. Craso error. La Mesa de la Unidad Democrática actuó diligente e inteligentemente, logrando un oportuno acuerdo político que permitió organizar y realizar, en breve tiempo, las elecciones primarias para seleccionar a la mayoría de los candidatos e iniciar una austera, pero exitosa campaña, que logró fortalecer, de nuevo, en los venezolanos su interés para ejercer el voto en las elecciones para gobernadores.
El éxito de esas acciones no se hizo esperar. Muy pronto comenzó a disiparse el desánimo y la desmotivación con la consecuente reversión de la actitud abstencionista a una voluntad entusiasta hacia la participación, la cual fue reflejada en los resultados de calificados estudios de opinión. Esta situación ha causado un gran temor y nerviosismo en las filas oficialistas. La mejor demostración de esta realidad la observamos en los perversos esfuerzos de los más connotados representantes de la dictadura, Nicolás Maduro incluido, para crear desasosiego e incertidumbre en los sectores democráticos. Entre esos esfuerzos tenemos los anuncios de Maduro sobre la existencia de conversaciones oposición-gobierno a espaldas del pueblo y su amenaza de que los gobernadores electos que no se juramenten ante la asamblea nacional constituyente comunal no podrán asumir el cargo, sin aceptar que su legitimidad surge de la voluntad popular; además, la posición de las parcializadas rectoras del CNE al no permitir, arbitrariamente, violando flagrantemente la ley electoral, la sustitución de candidatos e imponer arbitraria e injustificadamente la reducción y traslado, a última hora, de centros de votación y de electores, todo ello destinado a crear confusión y a dificultar su desplazamiento a esos centros durante el día de hoy, y la repetitiva mentira sobre la posibilidad de poder violar el secreto del voto, etcétera, etcétera.
La pregunta que tenemos que hacernos es sí el venezolano, hastiado como está de tanta miseria y atropellos, tendrá la fortaleza de espíritu, el valor y la firmeza para sobreponerse a todas esas triquiñuelas y aun a mayores marrullerías que los secuaces del régimen han implementado para doblegar nuestra voluntad y evitar que votemos hoy masivamente para derrotar esta corrupta satrapía. Estoy convencido de que sí. Los ejemplos sobran: solo hay que recordar el valor, la convicción, y la gallardía de los asesinados por la dictadura en las protestas ciudadanas, de los presos políticos, de los exiliados, de los perseguidos y en general de nuestro sufrido pueblo que tiene que ver transcurrir sus días en largas colas para poder comprar los escasos productos de primera necesidad y llegar a su casa convencido de que lo adquirido no va a ser suficiente para mitigar el hambre de sus hijos, o los ve morir por desnutrición o carencia de una simple medicina que los cure de cualquier grave enfermedad, o los tiene que privar de la educación por no poder acceder a los útiles escolares más elementales. Creo que la inmensa mayoría de los venezolanos conoce perfectamente bien que las razones de la actual tragedia nacional tienen su origen en la insuperable incapacidad y la inaceptable corrupción que ha caracterizado a los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, cuya única prioridad ha sido siempre el usufructo y conservación del poder para su bienestar personal.
La participación de la Fuerza Armada Nacional en este proceso electoral, me obliga a referirme doctrinariamente a sus obligaciones constitucionales. Utilizaré parte del comunicado dirigido por el Frente Institucional Militar, al cual me honro pertenecer, a los oficiales de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad: “Es imperativo ante la intolerancia política que ha regido la convivencia nacional, que nuestra institución, como miembro neutral de la sociedad que conforma nuestro país en el ámbito político, de acuerdo con el supremo mandato de nuestra carta magna en sus artículos 328 y 330, participe como guardián imparcial del proceso electoral para la elección de gobernadores a la que se está convocando para el próximo 15 de octubre y preste sus servicios incondicionales en resguardo de su seguridad y del respeto a los resultados del mismo”. Esta posición institucional me hace recordar la actuación apegada a la Constitución y a las leyes que tuvo la Fuerza Armada Nacional durante las elecciones parlamentarias del año 2015. En ese momento histórico los venezolanos le reconocieron su imparcial ejecución del Plan República.
Tengo confianza en que el ministro de la Defensa, los altos mandos y los oficiales activos de nuestra institución cumplirán cabalmente con sus obligaciones militares. Mantener hoy una correcta conducta institucional, como lo hicieron en el año 2015, les hará acreedores del reconocimiento de los venezolanos y les otorgará la suficiente autoridad moral como factor fundamental en el proceso de transición política que se iniciará, dentro del marco constitucional, al conocerse los resultados de esta jornada electoral. La nación así lo espera. Cumplan sus deberes constitucionales.