En mi anterior artículo, el cual titulé “Vientos de negociación”, señalé el avance consistente que parecen tener las conversaciones que se han iniciado entre el gobierno madurista y la oposición democrática propiciadas por los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima. También señalé que el actual momento político venezolano obliga a reconocer que el gobierno de Nicolás Maduro ni es capaz, ni quiere resolver la crisis nacional, como también aceptar que la oposición venezolana presenta actualmente tal debilidad que no se encuentra en condiciones de alcanzar el poder. Esas dos realidades dificultan el logro de una acertada solución a la crisis nacional. De allí que crea conveniente analizar los otros posibles escenarios ante un posible fracaso de esas negociaciones. Es decir: la salida militar, la cual desarrollaré en este artículo, y la intervención militar multilateral, que analizaré la próxima semana.
La salida militar tiene tal tradición histórica en Venezuela y en la América Latina que siempre será considerada, por distintos sectores sociales, como una alternativa de solución a la grave crisis política que enfrenta nuestra patria. En este caso, conviene destacar que toda conspiración protagonizada por un militar profesional contra un gobierno legítimamente constituido, al violar la Constitución Nacional, es un acto de traición a su juramento de soldado. Sin embargo, desde el punto de vista ético, solo es posible aceptar que un militar profesional se insurreccione contra un gobierno si este tiene un origen ilegítimo o se ha deslegitimado como consecuencia de su gestión. Esa es la actual situación del gobierno de Nicolás Maduro, la cual se agravará a niveles inaceptables después del 10 de enero de 2019. En efecto, la elección del 20 de mayo de 2018, realizada en medio de una grotesca violación de todas las normas legales, ha sido totalmente desconocida por las mayorías nacionales y por la opinión pública internacional.
La conducción de la Fuerza Armada Nacional, en estos 19 años de régimen chavista-madurista, ha sido tan sesgada y contraria a las normas constitucionales y legales, al utilizar la retorcida tesis de la “alianza cívico militar”, que ha convertido a la Institución Armada en el brazo armado del partido de gobierno, comprometiendo su prestigio y credibilidad ante nuestro pueblo. Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en el ejercicio de sus funciones de comandante en jefe, con la complicidad de los Altos Mandos, han desconocido flagrantemente el contenido del artículo 328 constitucional, que establece taxativamente su misión institucional y su compromiso con Venezuela: “…En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna…”.
El empleo indebido de miembros activos de la Fuerza Armada Nacional en altos cargos de la administración pública y la obligación impuesta de exhibir afiches y pancartas en instalaciones militares alusivos al castro comunismo y repetir eslóganes y arengas a favor de la “revolución bolivariana”, con la aviesa intención de hacer, política y legalmente, corresponsable a la Institución Armada por la gestión de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha traído por consecuencia que los venezolanos consideren, con razón, que el actual régimen político es de naturaleza militar y que, por lo tanto, la Fuerza Armada es culpable de la tragedia que enfrenta nuestro pueblo y del saqueo a que se ha sometido el erario nacional durante estos años. Ese es el argumento fundamental que se utiliza para rechazar “la salida militar” como una posible de solución a la inmanejable crisis nacional.
La detención de numerosos oficiales acusados de formar parte de una conspiración muestra la existencia de un resquebrajamiento de la moral de la Institución Armada, como consecuencia a la indebida actuación de sus mandos que han sido señalados, con razón o sin ella, de permanentes actos de corrupción y de violación de los derechos humanos, del rechazo generalizado que sufren por parte de la sociedad, del desencanto por sus condiciones profesionales y la precaria situación socioeconómica que padecen junto a sus grupos familiares. Además, la insuperable crisis nacional crea en los cuadros militares el convencimiento de la inmensa responsabilidad que tiene el gobierno de Nicolás Maduro en el proceso de destrucción nacional. Esta compleja realidad indica que el creciente descontento militar presiona fuertemente en la moral de los cuadros militares, los cuales podrían buscar alguna alternativa de solución violenta de la crisis nacional. Esa posibilidad tendría dos posibles formas de expresión: una acción cupular o una ruptura de la línea de mando.
De todas maneras, el escenario de una salida militar debe ser valorado como poco probable debido a la penetración ideológica en los cuadros militares y la eficiencia de los organismos de inteligencia. Las posibilidades de acción cupular son mayores porque la actuación unificada de la Fuerza Armada Nacional permitiría una mayor probabilidad de éxito. Además, le permitiría enfrentar la crisis nacional con eficiencia al poder, garantizar las condiciones para un perentorio retorno a la democracia de la manera menos traumática. Sin lugar a dudas, cualquier alternativa tendría un importante costo en todos los órdenes. Esta realidad obliga moralmente a los mandos militares, con absoluta lealtad, profesionalismo y compromiso con el país y con los venezolanos, presionar para que se logre una solución negociada que permita resolver la trágica situación nacional.