Mientras se apresta para ir a una nueva ronda de negociaciones, esta vez en Barbados, Nicolás Maduro ha señalado que el informe presentado por Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un conjunto de “mentiras”. Es probable que, en ese informe, no se diga toda la verdad, y que no se haya consignado, in extenso, las declaraciones de algún funcionario del régimen, como tampoco las de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos o las de representantes de la sociedad civil. Pero, de ahí a sostener que un informe tan contundente como ese, tan documentado, y tan esperado de una voz independiente e imparcial que fue invitada a visitar el país por el propio Maduro, es, por lo menos, una desfachatez.
Que este régimen, que ha cerrado todos los canales de acceso a la información, y que se niega a ofrecer periódicamente datos oficiales sobre inflación, sobre desnutrición, mortalidad infantil, pobreza extrema o sobre la cifra de personas asesinadas cada fin de semana, sostenga que lo que se afirma en un informe cuidadosamente elaborado por funcionarios de Naciones Unidas es falso es, por lo menos, la expresión del cinismo más ramplón.
Habrá que preguntarles a los ciudadanos de este país si es mentira que los hospitales no están en capacidad de atender a la población, o si es falso que ha caído la producción nacional de medicinas, de alimentos y de productos de todo tipo. Habrá que preguntarles a los venezolanos si es mentira que el “carnet de la patria” se utiliza como un instrumento de discriminación política, para, entre otras cosas, repartir comida a los afectos al régimen.
Tal vez, el argumento de Maduro es que los estudiantes detenidos por protestar no son exactamente presos políticos, porque no tienen edad para hacer política, o que el mantener a una persona aislada durante meses, sin saber de su familia y sin poder comunicarse con su abogado, no es una forma de tortura. O puede que lo que se está objetando es que se califique de trato cruel o degradante el lanzarle bolsas con excremento a los presos políticos.
A menos que estemos muy equivocados, no se puede negar que muchos de los 793 presos políticos, a que se refiere el informe, están detenidos por orden de Maduro, que fueron detenidos sin una orden judicial, que no fueron presentados ante una autoridad judicial dentro de las 48 horas siguientes a su detención, como manda la Constitución, y que, no obstante ser civiles, han sido sometidos a la justicia militar.
Es posible que, a diferencia de lo que piensa la mayoría de la población, para Maduro sea objeto de discusión que Oscar Pérez fuera asesinado cuando ya se había rendido, o que el concejal Albán no se habría suicidado, sino que lo ejecutaron. Pero, si en esos y en otros muchos casos se hubiera permitido una investigación independiente e imparcial, con la participación de equipos forenses dignos de credibilidad, hoy no habría nada que discutir. Sin embargo, el hecho cierto es que a este régimen le encanta la opacidad y la falta de transparencia.
En uno de sus pasajes, el informe de Bachelet afirma que, “durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del Poder Judicial.” Eso sólo es un pálido reflejo de lo que ocurre en Venezuela, con un Poder Judicial envilecido, y con poderes públicos que son cómplices de la corrupción y la arbitrariedad; podrá decirse que Bachelet ha recurrido a una forma muy tibia de presentar la realidad; pero no se puede afirmar que sus conclusiones estén alejadas de la verdad.
Puede que a Maduro no le guste el informe de Bachelet; pero, hasta el momento, no ha desmentido ninguna de sus lapidarias conclusiones. Con toda la información de que él dispone, ha sido incapaz de demostrar la falsedad de una sola de las aseveraciones de Bachelet. ¿Cuáles son las mentiras?
La falsedad, el disimulo, el fraude, la hipocresía, el descaro, el engaño y la mala fe es lo que ha mostrado Nicolás Maduro en su diálogo con Michelle Bachelet. Después de haberle asegurado que el suyo era un gobierno respetuoso de los derechos humanos, y mientras Bachelet aún se encontraba en el país, los sicarios del régimen detenían y torturaban al capitán de corbeta Acosta Arévalo y a otros venezolanos. Cuesta imaginar que haya quienes aún creen en la palabra de un mentiroso compulsivo, y que son capaces de sentarse, en una misma mesa, a negociar con sus voceros lo mismo que ya han negociado repetidas veces.