Estas siglas refieren el largo nombre de la Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia para la Democracia y Desarrollo de Venezuela, cuyo proyecto ha sido aprobado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Pudiera asegurarse que no es otra cosa que una necesaria implementación de normas que sistematizan buena parte de las decisiones y acciones que en forma inorgánica había venido realizando el gobierno de Trump.
El proyecto representa un esfuerzo conjunto de demócratas y republicanos, que pone de relieve que esas históricas fuerzas políticas tienen una común percepción sobre nuestro caso que les obliga a tomar decisiones, especialmente cuando se trata de actos o amenazas que también pongan o pudieran poner en peligro a la región y a la nación estadounidense, tal como lo está haciendo la dictadura con nosotros y muy particularmente con Estados Unidos, teniéndolos como destino del narcotráfico y como un eventual objetivo del terrorismo. La guerrilla colombiana y el castrochavismo, hermanados en las drogas y la violencia, como actores y factores de poder en nuestro país, además de la presencia militar rusa y el terrorismo islámico, complementan con los delitos de lesa humanidad y el narcolavado de activos que permea su ámbito financiero, toda una situación que les impone actuar con prontitud y determinación. Como nunca antes, se han tomado tan en serio el caso venezolano. Esa protección y defensa es una política de Estado para ellos.
Es fundamental, en ese contexto, el mencionado papel del Congreso de Estados Unidos en apoyar los esfuerzos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para lograr una respuesta hemisférica a la crisis venezolana, que incluya invocar la Carta Democrática Interamericana. En este caso, es pertinente puntualizar qué supone la invocación de ese instrumento.
Mediante sendas resoluciones la OEA ha declarado la carencia de legitimidad del proceso electoral del 20 de mayo de 2018, así como ilegítimo un segundo mandato de Maduro y el reconocimiento de Gustavo Tarre, todo lo cual se enmarca en su obligación de asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Ahora, como Estado Miembro activo, con el consentimiento del legítimo gobierno reconocido por el organismo, podemos proponer que se adopten decisiones ante situaciones que están afectando el desarrollo del proceso político institucional democrático y el legítimo ejercicio del poder.
Nos preguntamos cuál sería la respuesta hemisférica a la que se refiere el proyecto de ley. Entendemos que va mas allá de los pronunciamientos de países y organismos internacionales en nuestro continente que ya han sido abrumadores y categóricos tanto en la condena de la dictadura como en el reconocimiento de un nuevo gobierno. ¿Cabría la aplicación del TIAR, del R2P, previa aprobación del 187/11? De ninguna manera son descartables.
Podemos asegurar que en forma directa Venezuela y de manera indirecta la región y Estados Unidos se encuentran dentro de los supuestos señalados que en el artículo 6º del TIAR, contemplan la afectación del territorio, la soberanía y la independencia política de un Estado Americano por una agresión o conflicto extra o intracontinental y la adopción de medidas por parte de la OEA, que se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente
Cabe apuntar lo que en ese sentido señala el artículo 8º de ese tratado, sobre las medidas que se puedan acordar, tales como el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la Fuerza Armada.
No deberíamos desestimar lo que en las alforjas lleva la pretensión de una respuesta hemisférica, que entre sus opciones, en caso extremo, incluye el empleo de la Fuerza Armada. Este pudiera ser el final de un camino difícil de transitar si esta mafia insiste en no entregar el poder y seguir con sus cómplices continentales y extracontinentales atentando contra el desarrollo del proceso político institucional democrático y el legítimo ejercicio del poder del país y contra la seguridad de la región.
Pareciera que todas esas opciones sí están sobre la mesa. En ellas no está la celebración de unas elecciones previas al cese de la usurpación.