Con cada vez mayor frecuencia se oye hablar en Venezuela de la inevitabilidad de una “implosión” del gobierno, dada la naturaleza salvaje e intolerable de la crisis que azota a casi todos los venezolanos. Para muchos ciudadanos, y también para no pocos dirigentes políticos y sociales, el régimen de Maduro tiene sus días contados, producto de la insostenible situación. Sin embargo, no hay evidencia que permita establecer esta relación determinista entre cambio político y crisis económica. Y, al asumirla como cierta, podemos estar en presencia de un equívoco estratégico de dimensiones severamente lamentables.
El término “implosión”, propio de la física, hace referencia al colapso de un cuerpo hacia adentro. Cuando se habla en sentido metafórico de la implosión de un régimen político, se hace referencia a que este se derrumba, no debido a un estallido o explosión externa, sino por su corrosión y debilidad internas. Así, el régimen implota desplomándose sobre sí mismo.
En el caso venezolano, los enfrentamientos y fracturas intestinas del régimen de Maduro son más que evidentes. Esta situación de fragilidad estructural del madurismo, aunado con la severidad de la crisis económica y social, es lo que lleva a muchos a pensar en la seguridad de un escenario de derrumbe interno del gobierno. Se habla con insistencia de que la hiperinflación es el seguro catalizador tanto de la implosión de la dictadura como de la transición hacia la democracia. No obstante, esto es solo una hipótesis, y ciertamente de no muy alta probabilidad.
En un excelente trabajo sobre la relación entre hiperinflación y cambio político, Miguel Ángel Santos y Douglas Barrios (Universidad de Harvard, enero 2018) han acopiado datos que permiten ilustrar cómo, a pesar de sus catastróficos efectos, no existe evidencia de que las hiperinflaciones, por sí solas, puedan ser el elemento causal determinante de las transiciones hacia la democracia. Y que, en todo caso, la posibilidad de que las hiperinflaciones generen transiciones democráticas depende de la naturaleza del sistema político en el momento en que estas ocurren.
En los últimos 70 años han ocurrido 37 hiperinflaciones en 29 países (porque en 8 de ellos ocurrió más de una vez). Según los autores, las hiperinflaciones en países con regímenes autoritarios suelen durar más que las que ocurrieron en sistemas democráticos. Pero, lo que es todavía más grave, 3 años después del fin de la hiperinflación, 24 de los 37 casos no habían experimentado cambios significativos en sus niveles de democratización. En otras palabras, se logró superar incluso la inflación, pero no el régimen.
Así las cosas, la evidencia histórica sugiere que es improbable que la hiperinflación, por sí sola y de manera automática, se convierta en el elemento causal determinante y suficiente del cambio político que la mayoría del país aspira, y mucho menos garantice “inevitablemente” un escenario de implosión del régimen. Este “esperar que las cosas pasen” nos puede conducir a una peligrosa parálisis social y política que solo servirá para fortalecer a quienes nos oprimen.
Lo hemos dicho en otras oportunidades, y hay que insistir en ello. Si no hay una presión social contundente, sostenida y sistemática, y una unidad efectiva de todos los sectores sociales y políticos opuestos a la dictadura, no habrá ninguno de los “finales inevitables” del régimen que hoy se pronostican con arrogante seguridad. Paralizarnos esperando cosechar lo que no hemos sembrado antes no solo es una ingenuidad inexcusable, sino un costoso error de dolorosas consecuencias.
Frente a la dictadura, la tarea de todos es fomentar la organización popular, la movilización social cívica y la protesta pacífica permanente y creciente, articulándolas y dándoles contenido político para, en conjunto con el resto de las formas de presión y lucha democrática, generar las condiciones que precipiten una salida negociada y constitucional del gobierno. Sin estas condiciones derivadas de la presión social cívica, la transición hacia la democracia seguirá siendo solo una hermosa hipótesis.