En lo que ha transcurrido del año han sucedido dos de los mayores acontecimientos políticos de la región: la cuadragésima novena Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos celebrada a finales de junio en Medellín, Colombia, y la cuadragésima Sesión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad de Estados del Caribe en Castries, Santa Lucia, finalizada el 5 de los corrientes.
En ambos foros el tema de mayor importancia fue el caso de la crisis venezolana. En efecto: en Medellín el documento de mayor impacto y trascendencia lo constituyó la aprobación de la resolución que insta a que se convoquen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas lo más pronto posible en Venezuela con votos del Caribe a favor –Haití, Jamaica y Santa Lucía–, en contra –Suriname, Trinidad y Tobago, Antigua, Dominica, y San Vicente– y las abstenciones de Barbados, Belice, Grenada, Guyana y Saint Kitts.
Por su parte, en la reunión del Caricom los tres elementos que más destacan en sus declaraciones son la preocupación por los migrantes venezolanos en sus territorios, el cierre de filas automático como de costumbre en defensa de las acciones de Guyana en el contencioso del Esequibo con Venezuela y el apoyo a la ya conocida y manida frase de la promoción de un diálogo pacífico, la no intervención en los asuntos internos nuestros y el reconocimiento al “gobierno legítimo” de Maduro, expresiones que no reflejan decisión alguna de contribuir de manera constructiva y en concordancia con la gran mayoría de los países de la región en la solución compleja de la crisis que afecta nuestro país, exceptuando por supuesto el saludo a la bandera de Barbados de acoger una reunión en su territorio
Esta conducta de la política exterior caribeña en su mayoría, que mientras más visible se hace más preocupación debería generar al gobierno interino y a los venezolanos en general que aspiramos la colaboración y cooperación internacional continúen siendo parte fundamental en la resolución de la crisis nos obliga a hacer una reflexión y es por esto que se hace un breve recuento de las políticas que nos han llevado al escenario actual antes de realizar propuestas para manejar esta situación:
En el período que comprende la etapa democrática las relaciones con el Caribe adquirieron relevancia a partir del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez por la importancia que se le dio a dos asuntos: las delimitaciones en aguas marinas y submarinas pendientes y la seguridad del libre paso de los buques petroleros en la fachada caribeña y atlántica. La bonanza de la Gran Venezuela abrió embajadas y centros de cooperación culturales en todas las capitales del Caribe, se crearon acuerdos como el de San José de manera conjunta con México, para proporcionar crudo en condiciones preferenciales, además de diversos programas a través del Instituto Venezolano de Cooperación con el Caribe. Se construyeron aeropuertos, viviendas, hospitales, instalaciones deportivas y mucho más sin ningún tipo de retribución equitativa. De estas políticas se excluye el período del segundo gobierno de Rafael Caldera, en el que su único canciller, Miguel Ángel Burelli Rivas, de manera casi personal no mantuvo relaciones cordiales con los caribeños, y está reflejado en los documentos del Libro Amarillo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde los calificaba de “peñascos en el mar” que por el principio del mismo pie de igualdad ante los organismos que les otorgaba el derecho internacional existía la aberración de que el voto de Dominica tuviera tanto valor como el de Canadá en la OEA.
El segundo período de prosperidad inusual para el Caribe vino gracias a la petrochequera de Chávez bajo tres modalidades: El Alba y Petrocaribe para proveer de petróleo, bienes y servicios en unos esquemas faltos de transparencia ni control que han propiciado numerosos casos de corrupción, algunos tan graves como el de Haití, cuyo presidente se encuentra en serios problemas producto de las manifestaciones por ese motivo. El segundo mecanismo ha sido la financiación directa e ilegal a lideres y grupos de izquierda para promover gobiernos afines al chavismo con el apoyo cubano, que a falta de divisas, ofrece las brigadas de médicos y entrenadores deportivos y finalmente termina tutelando la acción internacional de esos países. Por último, el pago de millones de dólares por la compra de votos, mención especial la del primer intento de Chávez en entrar al Consejo de Seguridad. Lamentablemente todo esto ocurrió en tiempos cuando Estados Unidos decidió recortar el presupuesto de diferentes fondos de asistencia a América Central y el Caribe.
Ahora bien, en el proceso de transición que puede hacer el gobierno interino frente a unos países que son más leales a intereses prácticos que a valores como la democracia o los derechos humanos: En primer lugar, reconocer su capacidad de impedir acuerdos o restarle contundencia a los mismos cuando se trate la crisis de Venezuela en los organismos internacionales. En segundo lugar, nombrar un equipo o un representante especial para el Caribe visto que tenemos ante nosotros escenarios donde debe utilizarse los recursos a fondo para contrarrestar esta realidad y los contactos y caminos que hay que abrir deben ser dejar claro que en Venezuela viene un cambio irreversible donde se va a desplegar una política exterior fundamentada en valores totalmente opuestos a los del actual régimen, además de convencerles de que ya Maduro no está en capacidad ni tiene la voluntad de continuar con la cooperación que se había mantenido hasta ahora. En tercer lugar, promover una política de acercamiento con estos países que tarde o temprano, unos más que otros, van a aceptar una realidad que es el reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional a Juan Guaidó.
Finalmente y no menos importante, debemos recordar que en septiembre de este año inicia la Asamblea General de las Naciones Unidas y probablemente surja un intento para que el gobierno interino pueda estar representado en la misma y se requiere una gestión que involucra en principio al Comité de Credenciales del organismo y posteriormente, de ser el caso, la votación calificada de la propia Asamblea adonde un voto negativo o en abstención del Caribe tiene peso. Igualmente, tendremos otros escenarios, especialmente en la OEA, en los que se hace necesario buscar el consenso para buscar ponerle fin a la ya insostenible situación en nuestro país. Tal como lo expresó recientemente el embajador norteamericano ante la OEA Carlos Trujillo: Los 34 países de la Organización deben reconocer a Guaidó después del informe de Bachelet.