Apenas por tomar un punto de referencia, antes y después del 23 de febrero de este 2019, es mucho lo que ha sucedido en Venezuela. Es mucho lo que uno podría contar y es muy poco lo que se podría creer, tomando en cuenta que estamos en un nuevo siglo, en el que por lo menos, hipotéticamente, la política y el poder debieran ejercerse de forma más democrática y civilizada. Si no fuese por la tecnología comunicacional que en una buena parte ha decidido libremente informar lo que sucede en el país, uno sería incrédulo ante los rumores.
Lo que hoy se refleja en la mayoría de los medios de comunicación del mundo es que la política, el poder y la fuerza de quienes tienen el control de Venezuela, se impone. Y no es verdad que esta dominación alcanza solo a un grupo de políticos y militares, este control es todavía amplio en lo institucional social y económico. Es un tipo de dominación que además tiene la capacidad de generar pasividad hasta alcanzar neutralizar los intereses de los actores de la sociedad venezolana y global. Además los divide y los distrae. Uno de esos actores es el poder económico representado por el empresario nacional e internacional, pero también por el conjunto de instituciones y actores que directa e indirectamente están y podrían estar vinculados con el devenir económico del país.
Es evidente que la cuestión política de Venezuela se enfrenta en el plano estrictamente político. No obstante, los actores económicos no son ajenos ni de la reacción ni de la acción política. La situación del país incluye y afecta el conjunto de intereses de los actores económicos y lógicamente exige de su actuación. Y es que además, y por regla general, la sociedad empuja a la economía a hacer acto de presencia en el desarrollo de una nación a través de la generación de bienestar y riqueza. Y en esta provocativa y esperada simbiosis los empresarios debieran tener una articulación estratégica, organizada y operativa, cuando se trata de defender los derechos fundamentales de la sociedad. Pero, esto, no es lo que se observa en el caso de Venezuela.
Por estos días en medio de la crisis política y económica, y en donde la atención de los medios de comunicación internacionales ha estado muy enfocada a la situación de Venezuela, han ocurrido importantes encuentros internacionales en los que la economía y la innovación han sido centro de la discusión en el escenario global y en donde América Latina, en algunos casos más y en algunos menos, también ha sido un contexto geográfico analizado dado su potencial económico. Se ha observado incluso, cómo de forma natural se habla de la economía, de la inversión y la productividad en los países de América del Sur, obviando la realidad política que allí existe, como si esto fuese una realidad ajena a los empresarios e inversionistas. Sobre Venezuela, desde la perspectiva del empresario, no se dice mucho más, que la existencia de una crisis económica y política; y la existencia de una situación inestable e irregular. Diera la impresión de que se tratara tan solo de una anormalidad política de esas que recurrentemente se presentan.
No menos importante es el hecho de que en estos encuentros internacionales con economistas e inversionistas, se continúa manteniendo el foco del negocio con los países de América Latina fundamentalmente en las materias primas que allí se producen y menos en su capacidad para generar productos y servicios tecnológicos. Esto evidencia que aún domina la percepción del inversionista extranjero de que la vieja economía, es la economía más rentable en la región.
A lo interno de Venezuela, algo similar sucede, una cosa son los economistas que diagnostican y describen la evolución de la economía y hasta proponen soluciones, y otra son los actores económicos como los empresarios que más allá de declaraciones no impactan y prefieren guardar distancia del accionar y dinámica política. Se observa una actuación ambigua que no es constitutiva de la situación política que existe en el país y mucho menos constitutiva de la descomposición social. En estas circunstancias no puede haber una posición ingenua ni del empresario ni de los productores venezolanos. Y es que la economía en esas condiciona solo funciona en modo de supervivencia, y no genera riqueza.
El sostenimiento de la democracia moderna exige de la determinación de actores económicos que renuncien de pleno a la neutralidad; que no sean ajenos a las acciones y dinámica política que vive el país. No puede haber una separación entre los intereses sociales y económicos, y esto es justamente lo que ha sido una característica de los críticos radicales del capitalismo. El capitalismo moderno exige que el empresario junto con los actores sociales y económicos esté al lado de la justicia, del justo y racional uso del poder político, del control de la corrupción y de contribuir a hacer un país más seguro. El empresario debe reaccionar en contra de lo que es indigno. No puede haber economía sana y mucho menos una economía innovadora en un país con una sociedad que tiene una moral desvastada y que es agredida por el abuso de poder.
Eso ya es más que suficiente.