El debate sobre la posible invasión militar de Estados Unidos a Venezuela es un parapeto o cortina de humo, cuyo propósito es evidente y descarado: poner en segundo o en tercer plano, o simplemente desconocer, que el territorio venezolano ha sido invadido, una y otra vez, y que hoy está ocupado por varias fuerzas militares extranjeras.
Estas invasiones se han ido sumando en las últimas dos décadas. Tuvieron su comienzo tras la visita que Hugo Chávez hizo a La Habana en noviembre de 1999. En el contexto de un partido de beisbol entre las selecciones de los dos países, Chávez dijo que las revoluciones de Cuba y Venezuela comparten los mismos objetivos. “Aquí estamos, tan alertas como siempre, Fidel y Hugo, luchando con dignidad y coraje para defender los intereses de nuestro pueblo y para dar vida a las ideas de Bolívar y Martí”. Casi un año después, el 30 de octubre del año 2000, se firmó el Convenio Integral de Cooperación, por el cual Venezuela comenzó a entregar petróleo y productos derivados a Cuba, 53.000 barriles diarios a precios irrisorios, a cambio de recibir asistencia técnica en áreas como la salud. Allí se autorizó el ingreso de los primeros médicos cubanos a Venezuela, que llegaron escoltados por funcionarios militares y del servicio de inteligencia. El convenio, que definía una duración de 5 años, dejaba abierta la posibilidad de ampliar los campos de supuesta cooperación.
Tras ese primer paso, comenzó la invasión militar de Cuba a Venezuela. En el año 2002, por ejemplo, Cuba avanzó en el control de la seguridad de Chávez. En noviembre de 2004, acompañado por funcionarios militares, Chávez viajó a Cuba, entre otras cosas, para celebrar el décimo aniversario de su primera visita a ese país, que se había producido en 1994. A partir de ese momento, la invasión se intensificó. En el año 2005, de acuerdo con diversos testimonios, oficiales cubanos comenzaron a tener presencia en Venezuela como asesores, supervisores y en tareas de vigilancia y espionaje de los militares venezolanos. El convenio firmado entre Padrino López y su homólogo cubano, Cintra Frías, en junio de 2015, no fue sino una formalidad, para darle un cariz de legalidad, a programas y actividades de militares cubanos en Venezuela, cada vez más extendidos, desde 2005.
Es importante entender que la invasión cubana no es exclusiva ni excepcional. Se ha tratado de una política diseñada y estimulada por Chávez y su régimen. Nadie debe olvidar la gira de Chávez, de agosto de 2000, durante la cual visitó Irán –gobernado entonces por Mohamed Jatamí–, Irak –por Sadam Hussein–, Libia –Muamar Gadafi– y Argelia –Abdelaziz Buteflika, que acaba de ser depuesto por las protestas del pueblo argelino, luego de treinta años en el poder–, entre otros. Como se dijo entonces, Chávez tomó “un intenso taller” con algunos de los líderes del terrorismo mundial. Nadie debe olvidar tampoco que, entre los años 2005 y 2007, Chávez y Ahmadinejad se dedicaron a cortejarse: Chávez viajó 3 veces a Irán y el iraní le correspondió con 2 visitas a Caracas. Tanto en 2005 como en 2006 se firmaron acuerdos cuyos contenidos no fueron divulgados claramente. En 2007 se informó que existían 186 acuerdos entre ambos países. Fue entonces cuando comenzaron los vuelos semanales entre Caracas y Teherán, que han sido denunciados, una y otra vez, por organismos de inteligencia. En esos vuelos, muchos de ellos no registrados, habrían ingresado oficiales y terroristas que viven en Venezuela bajo la protección de las autoridades.
En el caso de Rusia, basta con hacer una rápida búsqueda por Internet para remitirse a hechos que arrancaron en 2004 con las compras de armas, que no han cesado desde entonces. El capítulo de la presencia militar rusa en Venezuela incluye actividad de asesores militares en suelo venezolano, entrenamiento de oficiales, entrenamiento de pilotos (como el caso de los Tupolev, en 2008), sistemas de inteligencia, acción propagandística a través de las redes sociales y mucho más, todo ello sin contar con la extendida presencia de Rusia en actividades económicas estratégicas, como la producción minera y petrolera.
En un artículo que publiqué a comienzos de febrero, denuncié la presencia documentada de Hezbolá en Venezuela, y también en la llamada “triple frontera”, región constituida por territorios de Brasil, Argentina y Paraguay. Añadía, y debo repetirlo aquí, que entre las fuerzas militares extranjeras que ocupan nuestro país están el ELN, Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que, además de asesinar impunemente a soldados venezolanos, controla operaciones mineras en el sur del país y mantiene actividades en 12 estados bajo la protección de distintas autoridades.
A ello hay añadir la presencia de la narcoguerrilla terrorista de las FARC, que tiene, especialmente en los estados Táchira, Trujillo, Barinas, Mérida y Portuguesa, propiedades, centros vacacionales, clínicas y quirófanos, hoteles y fincas para la realización de entrenamientos, así como una amplia licencia para realizar actividades delictivas que les permitan financiarse.
Pero todavía es necesario agregar la presencia del ejército criminal, integrado por colombianos, ecuatorianos, mexicanos, peruanos y venezolanos, paramilitares que operan para el Cartel de los Soles, que actúan con total impunidad en territorio venezolano, protegido por los uniformados que dirigen operaciones de transporte y distribución de drogas hacia América Central, Norteamérica, Europa y los puertos de África en el Atlántico.
Venezuela está ocupada. Esos ejércitos extranjeros son, en realidad, una de las fuerzas que les permite mantenerse en el poder. Esto es una realidad que debe difundirse. Existen testimonios que señalan cómo miembros de las FARC y del ELN se han sumado a las bandas paramilitares –colectivos– que operan en Táchira y Mérida.
Entre las muchas luchas que corresponde dar a los demócratas venezolanos, de forma simultánea, esta tiene especial relevancia: hay que exigir que las fuerzas militares que hoy ocupan nuestro país salgan de inmediato.