“Muchas veces debemos hacer lo correcto, sin importar las consecuencias”.
Las elecciones del 15 de octubre fueron la crónica de un fraude anunciado, porque se incumplieron las condiciones básicas para garantizar elecciones libres y transparentes, se modificó el registro electoral y se cambiaron los centros electorales de miles de votantes. Pero, además, la ilegítima ANC decretó que los gobernadores electos debían juramentarse ante ella como condición indispensable para ejercer sus cargos y prohibió a los consejos legislativos tomar ese juramento. En esos días quedaron en evidencia todas las trampas que el CNE arregló, desde su derrota el 6 de diciembre en la elección de la Asamblea Nacional.
La Constitución de 1999 establece que es de la competencia exclusiva de los estados dictar su constitución para organizar los poderes públicos (artículo 164.1), y se estableció así en todas las constituciones estadales que los gobernadores, una vez electos, para tomar posesión de sus cargos deben juramentarse ante el respectivo consejo legislativo de los estados. Así mismo, la Ley de elección y remoción de gobernadores de estado señala que los gobernadores electos prestarán juramento ante los consejos legislativos y, si no se pudiera, ante el juez. La ANC no puede tomar juramento alguno porque es un órgano de facto, fraudulento e ilegítimo, y porque la juramentación de los gobernadores electos está claramente reglamentada en las leyes.
Ante esa amenaza, los gobernadores electos de los estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Táchira, Mérida y Zulia se vieron en la disyuntiva de aceptar juramentarse o no ante la ANC. Finalmente, todos se subordinaron ante esa ilegítima asamblea, con la digna excepción del gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa. Esa valiente decisión de “hacer lo correcto sin importar las consecuencias” sobrevino en su desconocimiento por parte del Consejo Legislativo del Zulia y el llamado a nuevas elecciones de gobernador, como consecuencia de la vacante absoluta ilegalmente dictada.
Pero esa determinación de juramentarse ante la ilegítima ANC por parte de cuatro gobernadores y la fijación de las elecciones municipales comenzó a debilitar y a resquebrajar el espíritu de unidad que en la oposición había predominado hasta el 15 de octubre. Muchos partidos políticos corrieron a inscribir candidatos para las alcaldías y para la Gobernación del Zulia, haciéndole el juego al régimen y fracturando la unidad opositora. Creemos que la estrategia de la oposición debe ser dirigida contra la dictadura, orientada a quebrar al régimen y promover eventos que lo desestabilicen. Participar en un proceso electoral o dejar de hacerlo, votar o no votar, adquiere un valor estratégico muy diferente de la simple conquista de un espacio de poder. El voto representa un instrumento de lucha útil en la medida que deslegitime a la dictadura y no lo contrario. Por eso es acertada la determinación de los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R y otros de no participar en las elecciones municipales convocadas por el CNE el 10 de diciembre. Ellos decidieron que Venezuela esta primero que un cargo de gobernador o de alcalde, primero que las agendas personales y primero que las aspiraciones políticas. Han comprendido que la oposición debe tener un solo objetivo que es derrocar la dictadura, recuperar la democracia y conformar una causa común donde adicionalmente participen las iglesias, los medios, la sociedad civil y hasta los militares. Construir un acuerdo programático unitario, amplio y efectivo, independientemente de lo que pueda suceder una vez logrado el objetivo inmediato que es la salida del régimen. Constituir un pacto político para garantizar la gobernabilidad por largo tiempo.
Es necesario promover la unidad entre todos los sectores de la oposición, porque solo en unidad podemos vencer y lograr la salida. Si el país no se reunifica iremos a una dictadura eterna y total. Hoy Venezuela está primero porque nos estamos jugando nuestro futuro.