Desde el primer gobierno del ex presidente Caldera, comenzó a acumularse deuda externa e interna de alrededor de 3.500 millones de bolívares dejados por Leoni a 25.000 millones de bolívares al final de Caldera en 1973, monto que se incrementó velozmente en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, al pasar a 72.000 millones de bolívares en 1978. Luego subió a 150.000 millones de bolívares cuando la administración de Herrera Campins. Afortunadamente, el Dr. Lusinchi no aumentó la deuda, ni interna ni externa, más bien la redujo al bajar la externa de 29.000 millones de dólares, en 1984, a 26.000, para 1988. Fueron pocos los endeudamientos nuevos en los gobiernos subsiguientes, hasta que llegó Chávez en 1999, cuando comenzó una vorágine de nuevas deudas, proceso que continuó con Maduro. Se dice que hoy la deuda externa pasa de 150.000 millones de dólares, sin incluir otros conceptos. Es tal el desorden en la contratación de deudas y en las finanzas públicas en general que será preciso nombrar una comisión que determine cuál es la verdadera deuda externa e interna, y a quiénes se le debe, muchos de los cuales son desconocidos, puesto que solo poseen bonos al portador.
Nunca he estado en contra del endeudamiento, ya que en el mundo capitalista esa vía de financiamiento forma parte esencial para promover el desarrollo empresarial y nacional. El problema radica en el uso de los fondos. La Constitución de 1961 establecía que el Estado solo se podía endeudar para “obras reproductivas”, esto es, para financiar proyectos que tuvieran la capacidad de generar fondos para cancelar las obligaciones, sobre todo, divisas para aliviar la presión en aquellas de origen petrolero. Lamentablemente, para muchos gobiernos eso fue “letra muerta”, salvo el primero de Carlos Andrés Pérez, quien sí contrató deuda externa para financiar proyectos de envergadura en las empresas básicas, el plan IV de Sidor, industrialización de la bauxita, las grandes represas de Edelca, etc.
A pesar de que mucha de la deuda se invirtió en estos proyectos, la administración de estos fue un verdadero desastre a causa de corrupción, exceso de burocracia, un sindicalismo mal entendido, que dio al traste con la viabilidad de los susodichos proyectos. Y como el Estado, el Tesoro Público, era el avalista de dichas deudas, al no poder cumplir con sus obligaciones debido a la incapacidad de generar recursos, tales empresas entraron en mora y tuvo el Estado que poner esas deudas a su nombre para poder tener relaciones financieras normales con los acreedores. Tal proceso comenzó en 1983, cuando la crisis de la deuda y el viernes negro de 18 de febrero que hizo añicos nuestra unidad monetaria: el bolívar.
Desde ahí vienen nuestras vicisitudes financieras, puesto que siendo el Estado responsable ahora de pagar las acreencias, tuvo que reducir el gasto público en otras áreas fundamentales para cumplir con los pagos de servicio de deuda. Igualmente sucedió con las divisas petroleras, parte de las cuales tuvo que canalizarse hacia pago de deudas al carecer los proyectos de las divisas que presuntamente proveerían cuando se diseñaron. Al dedicar más divisas petroleras para servir la deuda, otros sectores se vieron restringidos, que fue una de las causas del comienzo de las devaluaciones del bolívar junto con las fiscalistas, es decir, el proveer fondos al Fisco devaluando consuetudinariamente.
Ojalá el gobierno de transición y uno nuevo electo por la mayoría del pueblo sepan analizar tan fatales endeudamientos para la economía nacional, tanto así que actualmente gran parte del servicio de la deuda se financia con nuevas deudas. Y que las conclusiones sean normas que moldeen la conducta de quienes dirijan las finanzas públicas. Hay que aprender de los errores del pasado. Si no es así, nuestra economía en lugar de sanearse, entrará en más hiperinflación con sus graves consecuencias en todas las áreas de la vida nacional.