El 7 de febrero se reunieron en Montevideo el Grupo de Contacto Internacional convocado por México y Uruguay con el objetivo –de acuerdo con el comunicado conjunto del 30 de enero de 2019– de sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en Venezuela. A la reunión fueron convocados representantes de 13 países y organizaciones internacionales, incluidas la Unión Europea y la Comunidad del Caribe (Caricom).
Escudándose en el llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, de apostar por el diálogo frente a quienes niegan que exista esa posibilidad para encontrar una salida a la desesperada situación que se vive en Venezuela; y en virtud de la posición “neutral” que México y Uruguay han adoptado frente a la comunidad internacional, ambos países han decidido encabezar una iniciativa que lejos de ofrecer un nuevo mecanismo y una salida práctica a la crisis humanitaria, político, económica y social que atraviesa Venezuela, se enfila al cementerio de propuestas y esfuerzos fallidos de diálogo que la preceden.
Sin duda el diálogo es y será siempre la principal herramienta en la resolución de conflictos, pero siempre y cuando exista disposición de todas las partes involucradas. He aquí el primer obstáculo. A estas alturas, la oposición venezolana esta cansada de llamados a diálogos que no hacen más que darle oxígeno a un régimen que sigue reprimiendo a quienes salen a las calles a manifestase. Ante la invitación de las delegaciones de México y Uruguay, el presidente encargado de Venezuela respondió con firmeza que la institución legítima que encabeza no participaría de conversaciones y negociaciones que no acuerden un traspaso efectivo del poder a través de elecciones libres, hoy secuestrado en manos de un régimen responsable de convertir a Venezuela en el epicentro de la crisis humanitaria más grande de América Latina. Por otro lado, en entrevista exclusiva con el canal de televisión ruso RT, Nicolás Maduro se limitó a desear éxito al curso de la reunión sin confirmar una participación en la misma.
Segundo, el campo de neutralidad –el único diferenciador que ofrece el Grupo de Contacto ante otras iniciativas– es ya limitado y prácticamente nulo. Del momento en que México y Uruguay convocaron a este proceso de diálogo a la fecha, siete de los ocho países europeos participantes han decidido reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, tras vencer el plazo de ocho días que la Unión Europea fijo al régimen de Nicolás Maduro para convocar a nuevas elecciones. En Italia, que si bien bloqueó la declaración de la Unión Europea en la que los Estados miembros del bloque reconocerían al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el presidente Sergio Mattarella ha llamado al gobierno a adoptar una postura oficial sobre la crisis de Venezuela ya que la situación se debate entre “la voluntad popular y el deseo de auténtica democracia, por un lado, y por otro, la violencia de la fuerza”.
De los tres países de las Américas que participaron en la reunión, Costa Rica y Ecuador ya respaldaban al gobierno de transición de Juan Guaidó desde su designación como presidente interino el 23 de enero de 2019. Resta solamente el apoyo de Bolivia, que firme en su ideología solidaria con el régimen chavista, se sumó desde el #23E al puñado de países que respaldaron la continuidad de Maduro en el poder.
Tercero, si los antecedentes sirven de augurio, el Mecanismo de Montevideo se sumará a la lista de esfuerzos de mediación internacional que bajo el principio de neutralidad han sido infructuosos. Justamente hace un año el proceso de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, representada bajo la Mesa de Unidad Democrática (MUD), fue suspendido y jamás reanudado. En aquel entonces, fue la República Dominicana la que asumió el papel de país anfitrión y mediador en aras de su neutralidad. ¿El resultado? Como lo advirtió Alberto Barrera Tyszka, el noble esfuerzo ya traía fecha de caducidad dado que el régimen de Maduro jamás se mostró dispuesto a ceder. Abusando de la buena fe de las contrapartes latinoamericanas, las fracturas propias de la MUD, y el desgaste de la población en protesta, Maduro y sus allegados utilizaron esta ronda de diálogo para comprar tiempo, adelantar unas elecciones ilegítimas y perpetuar al oficialismo en el poder. Dada la dolorosa lección y la alta probabilidad de que Maduro nuevamente use este mecanismo a su favor, no es sorpresa ninguna que ahora que la oposición ha logrado por fin formar una coalición fuerte bajo el liderazgo de Guaidó, se tome la libertad de negar participar de la reunión en Montevideo y seguir la ruta crítica de reconstrucción política y económica trazada en el “plan país”.
Cuarto y, quizás, el hecho más significativo es que en Venezuela el diálogo a oídos sordos no significa más que perpetuar la agonía de un pueblo oprimido. Según datos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, al menos 40 personas perdieron la vida y 850 más fueron detenidas en el marco de una semana de protestas a partir del 23 de enero. De acuerdo con la oficina que preside la ex presidente de Chile Michelle Bachelet, de los 850 presos, 77 son niños. Para cuando la primera fase concluya –de 4 que propone el Mecanismo de Montevideo– seguramente (y muy desafortunadamente) la cifra de víctimas y presos aumentará.
Ante un Estado con una política económica fallida, migración masiva de 5.000 personas diarias en promedio, niveles de desnutrición infantil exorbitantes, represión constante de libertades de expresión y muerte de inocentes a mano del régimen, llamar a un diálogo hueco amparándose en una postura que dista mucho de la neutralidad no hará más que extender la agonía del lado más débil de la ecuación.
Entonces, ¿qué hacer? Los diálogos para la resolución de conflicto que funcionan no son aquellos que ponen al represor y al pueblo en pie de igualdad. Si se pretende que este diálogo tenga al menos algún gramo de esperanza se debería empezar por adjetivar de forma clara a las partes. Cuando los diálogos realmente funcionan es cuando la parte débil del proceso sabe que el convocante al diálogo percibe al represor como tal.
El proceso de agonía social y política de Venezuela se ha extendido al punto de que hoy cuesta distinguir entre la real oposición política y el pueblo de a pie. Ya cuentan por miles los políticos exiliados o muertos en las calles, y lo que queda es cada vez más un pueblo desesperado y un puñado de líderes políticos luchando contra un régimen que los sigue reprimiendo cada vez que salen a manifestarse a las calles. Incluso ahora que la ayuda humanitaria ha comenzado a fluir con mayor respaldo internacional, el régimen se ha enfrascado en bloquearla con tal de no ceder un solo paso, aún cuando eso signifique extender la hambruna y la agonía de los más inocentes.
Solo se podrá alcanzar un diálogo cuando los convocantes identifiquen las dos partes tal cual son: un pueblo oprimido por un lado y un régimen opresor por otro. Los regímenes que en la historia han negociado una salida han intentando acortar el extenso ajusticiamiento que saben que les espera para dar pie a elecciones libres y democráticas. Esa es, hasta ahora, la mejor opción sobre la mesa.