Opinión

Venezuela: constituyente o transición

En medio de la más injusta y cruel crisis política que hunde en la violencia, la pobreza y la desinstitucionalización a Venezuela, a causa del proyecto autoritario que conduce Nicolás Maduro luego de la muerte de Hugo Chávez, los venezolanos de hoy, en lugar de estar ya trabajando en la reconstrucción de lo que queda de país, debemos tomar una decisión de la mayor importancia existencial, para las actuales y futuras generaciones, en cuanto a si aceptar la imposición por la fuerza de una ilegítima asamblea constituyente, cuyo único propósito es establecer un Estado neocomunista, militarista y por tanto totalitario, como el ya delineado en el Plan de la Patria Socialista 2014-2019, o impulsar con todo el sacrificio que ello comporta desde la actual Asamblea Nacional el proceso de transición hacia el establecimiento de un sistema democrático de gobierno, sujeto al Estado de Derecho y con garantías para el funcionamiento de una economía abierta, competitiva, basada en el respeto a la propiedad privada y la libertad económica.

Las ideas de poder constituyente y asamblea constituyente nunca dejarán de tener el germen totalitario y ser en sí mismas graves amenazas a la libertad de las personas. Asumir que existe algo como un poder ilimitado en cabeza de un colectivo, llamado “soberano”, para crear de la nada instituciones y estructuras de poder que luego serán controladas por seres humanos, así como para imponer por la fuerza a las minorías su visión del Estado, la sociedad y el individuo, es sencillamente respaldar la violencia contra quien es diferente en nombre de una mayoría, violencia contra la que argumentó Albert Camus en su indispensable ensayo filosófico El hombre rebelde.

Poco importa que a esas ideas se les den nombres románticos, y se las idealice desde la filosofía o la teoría política, como lo hicieron J. J. Rousseau y E. Sieyés. Son ideas peligrosas, que en manos de fanáticos, autoritarios y psicópatas, obsesionados con lograr y mantener para sí el poder absoluto sobre el resto de la sociedad, sirven para “justificar” la comisión de los peores abusos, crímenes y violaciones de los derechos humanos.

Las asambleas constituyentes nunca han servido en Venezuela para superar conflictos políticos, para promover gobernabilidad ni mucho menos para resolver los problemas más urgentes de la población (derechos humanos, servicios, justicia). Tanto la de 1947 como la de 1999 fueron sectarias, arrogantes, sirvieron solo para ampliar a niveles inaceptables en una República democrática los poderes de la mayoría dominante en cada momento, imponer un proyecto político excluyente, sustituir la Constitución como pacto social y norma suprema –límite al poder– por el programa político de la mayoría –socialdemocracia estatista y bolivarianismo chavismo, respectivamente–, y a la larga generar inestabilidad, rechazo y rupturas del hilo constitucional.

La asamblea constituyente propuesta por Nicolás Maduro será, por largo, mucho peor que las anteriores, no solo por la forma como se convocó, por lo que desde ya se anuncia con total desparpajo que hará –destituir altos funcionarios, cesar a la Asamblea Nacional, eliminar la descentralización, etc.–, sino por la integración que tendrá, con los más radicales y violentos personajes del régimen que detenta por la fuerza el poder desde al menos 2013. Sencillamente es suicida apoyar esta opción, y permitirla es decretar la muerte formal de lo que queda de República civil, democrática y liberal en Venezuela.

En cambio, las circunstancias actuales del país justifican enteramente el trabajar sin más demora en la ardua tarea de preparar la transición a la democracia desde la Asamblea Nacional y diversos sectores de la vida nacional.

Una vez cerradas todas las vías ordinarias que la Constitución establece para el cambio institucional del gobierno, como son el referéndum revocatorio, el ejercicio de las competencias ordinarias de la Asamblea Nacional y las acciones judiciales intentadas en fecha reciente desde la Fiscalía General de la República, es el tiempo de debatir y aprobar las bases de la transición, con apoyo en los artículos 333 y 350 constitucionales, ya que ha sido desconocido el orden democrático y republicano, y es deber y derecho a la vez de todo ciudadano libre trabajar en su restablecimiento.

En tal sentido, desde la Asamblea Nacional se deben designar sin demora a los nuevos integrantes tanto del Tribunal Supremo de Justicia como del Consejo Nacional Electoral, para que una vez juramentados, desde donde les corresponda sesionar, revisen y declaren la nulidad absoluta de la convocatoria a asamblea nacional constituyente hecha por Nicolás Maduro. Es obvio que los usurpadores que están en el actual CNE y TSJ, así como en el Ejecutivo y una parte del resto del Estado, no reconocerá esas decisiones de la Asamblea Nacional. Pero eso no importa, pues esta tiene tras de sí el respaldo tanto de más de 7 millones de votos de ciudadanos libres, como de todos los gobiernos del mundo y organismos internacionales que apoyan la democracia, y conocen bien que el chavismo rompió el hilo constitucional y pretende imponer una tiranía neocomunista, basada en el terror, la represión, los crímenes de lesa humanidad y el hambre.

Debe además debatir y aprobar una ley de transición a la democracia, que se inspire en las asumidas en países como España y los de Europa del Este tras la caída de la dictadura militar y el socialismo real, respectivamente, que indique cómo constituir un gobierno de unidad nacional, integrado tanto por la oposición al autoritarismo como por ex integrantes o simpatizantes del régimen antidemocrático, que contribuyan con liderazgo amplio de aquella a que no aumente la conflictividad sino las negociaciones y acuerdos durante la transición para detener la violencia, y logre en el menor plazo posible convocar a elecciones para que los ciudadanos elijan un nuevo presidente. También para que indique las medidas económicas que se deben adoptar para dar respuesta a la grave crisis humanitaria, económica y social de los venezolanos, lo que pasa por desmontar los controles generales a la economía. Así se ha procedido en los casos antes mencionados, primero gobierno de unidad nacional, apertura económica, autonomía de la justicia y luego elecciones con garantías efectivas para todos los participantes y electores.

Por último, esta ley de transición debe incluir normas sobre justicia transicional, que haga posible a través de instancias y reglas especiales, establecer la verdad de lo ocurrido en el período autoritario, establecer la responsabilidad de los autores de las violaciones y crímenes, y acordar las reparaciones a las víctimas de esas violaciones y crímenes. Esas normas pueden luego ser desarrolladas en una ley especial, que defina esas instancias, reglas, integración, presupuesto y demás detalles para la operatividad de las medidas de justicia transicional que se adopten.

Entre la opresión, la miseria y la violencia ilimitada, y la libertad, la generación de riqueza y la reconciliación entre conciudadanos, parece obvia cuál es la decisión a tomar. Pero para llevarla a feliz término, la patria de Juan Germán Roscio necesitará, además de la valentía y unidad de sus ciudadanos, la ayuda de todas las naciones libres del mundo y de los organismos internacionales defensores de la democracia y los derechos humanos.