Hace apenas unos días el gobierno dio a conocer dos decisiones, cada una de las cuales contradice diametralmente el contenido de la otra. En una pide a nuestras embajadas y consulados que renegocien lo que pagan por cánones de renta, y en la otra se perdona a Dominica la bicoca de una deuda de 100 millones de dólares.
En efecto, el MinpopopopopoEx (en tiempos normales llamada Cancillería) emitió una circular dirigida a las representaciones diplomáticas y consulares de la República en el exterior por medio de la cual gira instrucciones a los respectivos responsables para que renegocien a la baja los cánones de arrendamiento de las sedes u oficinas que ocupan y que lo hagan sin afectar la dignidad y decoro que deben caracterizar a las representaciones venezolanas.
Nadie puede afirmar que una iniciativa de ahorro como la descrita o cualquiera otra parecida, no esté preñada de loables intenciones de ahorro de los fondos públicos. Ocurre, sin embargo, que los contratos en cuestión, algunos de larga data, pertenecen al ámbito del derecho privado aun cuando una de las partes –Venezuela– sea un sujeto de derecho público. La única diferencia que pudiera haber es la posibilidad de ejecutar alguna decisión judicial si la hubiera. Tenemos experiencia personal en la materia con la casa paterna de la esposa de este columnista en una elegante urbanización del este caraqueño, arrendada por años a la embajada de un país africano cuyos ocupantes la dejaron vuelta ruinas sin posibilidad de poder exigir reparación alguna.
En este tipo de negociaciones que nuestra Cancillería espera impulsar no valen las invocaciones al legado de ningún comandante eterno, ni a los méritos de Bolívar ni a la soberanía o autodeterminación ni al grito de guerra “exprópiese” que generaría una sonora trompetilla ofensiva a nuestro gentilicio. Aquí hay arrendadores que arriendan una propiedad por un canon y arrendatarios que la ocupan por determinado plazo a cambio de un precio convenido contractualmente. Tan simple como eso, de manera que si los arrendadores no desean renegociar los términos contractuales no están Maikel Moreno ni Delcy Rodríguez ni la Sundde para imponer los deseos del jefe del Estado venezolano.
Ya hemos visto más de un caso en el que el incumplimiento de pago y de normas laborales del país anfitrión ha resultado en episodios bochornosos como la reciente obstrucción de la entrada de nuestra embajada en Australia o –hace años– el embargo de cuentas en Brasil, etc. Sabemos también de contratos celebrados –antes y ahora– por Venezuela con dueños de propiedades con pago pactado en divisas depositadas fuera del país sede para evadir leyes locales, etc. ¿Verdad o mentira?
En todo caso, como venezolanos, deseamos que la iniciativa del “camarada Arreaza” tenga el mayor éxito posible dentro de un mundo lleno de enemigos de una revolución tan bonita y generosa como la que inspiró Chávez.
La segunda iniciativa que mencionamos al principio de estas líneas es la de “exonerar” a nuestra vecina isla independiente de Dominica (no confundir con República Dominicana, aun cuando cada una vale un voto en la OEA) de su deuda de 100 millones de dólares incurrida dentro del marco de Petrocaribe. La razón que invoca la resolución venezolana es inobjetable: ayudar a esa comunidad a restablecerse de los daños causados por los recientes huracanes que azotaron al Caribe. ¡Interesante decisión adoptada la misma semana en que por imposibilidad de pago Venezuela entra en default!
En onda cristiana se ha cumplido con la máxima de hacer caridad “hasta que duela” pero no parece que ello se compadezca con lo de que “la caridad empieza por casa”. Sospechamos que adultos y niños que hurgan la basura en busca de algo para comer o quienes padecen carencia de medicinas con consecuencia mortal, seguramente ni se enterarán de ese magnánimo gesto bolivariano porque de enterarse lo desaprobarían ruidosamente. ¿A usted, lector sabatino, qué le parece?
En todo caso lo cierto es que tal acreencia jamás hubiera podido ser cobrada como tampoco podrá cobrarse la gran mayoría de la que se nos adeuda en Petrocaribe. Luce, pues, demasiado caro el precio para asegurarse el voto cautivo en la OEA de unas islas/Estados caribeños cuya población y producto interno bruto juntos son menores que los de Petare y que, además –por si fuera poco–, se cuadran con Guyana en el tema de la reclamación del Esequibo.