Pareciera sencillo desde un punto de vista: un abogado con valores democráticos seguramente sostiene que al ser Maduro un usurpador, pues sus actos son nulos y no surten efectos jurídicos; mientras que el presidente interino Juan Guaidó, al haber sido proclamado de conformidad con la Constitución y gozando además del apoyo de más de 40 países, pues sus actos sí gozarán de validez y eficacia, siempre que sean dictados siguiendo el procedimiento legalmente establecido y respetando las normas superiores (como cualquier otro acto administrativo o de gobierno).
Pero esto se puede ver desde otro punto de vista, el de la ejecutoriedad y fuerza que los actos del usurpador tienen dentro de nuestro territorio, que nos guste o no, terminan surtiendo efectos (vean nada más el aumento del salario mínimo), aunque sean ilegales; es decir, los actos de Maduro se ejecutan dentro del territorio controlado por el chavismo y si una persona no los quiere ejecutar pues corre el riesgo de sufrir las consecuencias, no legales sino criminales.
Hay un tercer punto de vista, donde no entran abogados, ni chavistas, ni siquiera venezolanos, me refiero a los extranjeros que tienen inversiones o transacciones que celebrar con autoridades venezolanas, ellos se estarán preguntando: ¿con quién suscribo? La pregunta es válida no tanto para un jurista que hará más o menos el análisis que antes indicamos, sino para un hombre de negocios que lo que necesita es saber si su contrato será ejecutable y si podrá hacerlo cumplir, bien ante el Ejecutivo venezolano, el Poder Judicial venezolano o ante un tribunal internacional, cuando ello sea posible.
Cuando hablamos en semanas precedentes sobre lo que puede y no puede hacer Guaidó (columna del 28 de enero de 2019), examinábamos precisamente el tema de la ejecutoriedad dentro y fuera de Venezuela; los actos de Guaidó tendrán mayor posibilidad de ser ejecutados desde una óptica internacional, básicamente ante países que lo han reconocido. Por su parte, Maduro cuenta con el poder, la fuerza bruta, para hacer cumplir sus actos dentro de Venezuela, además controla los poderes públicos que se encuentran en el país, el crimen y, hasta que se demuestre lo contrario, la FAN.
Uno de los actos a destacar es el requerimiento de la ayuda humanitaria formalizado por Guaidó y la Asamblea Nacional, el cual, supone dos cosas inaceptables para el chavismo: la primera, si esas fuerzas que traen la ayuda humanitaria entran a Venezuela dejarán documentado el horror que están viviendo los ciudadanos, lo que terminaría de sepultar al chavismo internacionalmente; la segunda, al ser una manifestación de voluntad de Guaidó, tendríamos la ejecución de una decisión de este último dentro de Venezuela, cosa que el chavismo no se puede permitir ya que, para ellos, el territorio que ellos ocupan es la última trinchera.
Volviendo a las transacciones internacionales hay que distinguir también su procedencia. Por ejemplo, a una empresa norteamericana no le interesa mucho si Guaidó podía o no asumir la Presidencia interina, le interesa más la opinión de la Casa Blanca y esta última reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela, de modo que suscribir un contrato con el régimen de Maduro (esto ya va más allá de Pdvsa) pudiera suponer que los Estados Unidos sancione a esa empresa por no respetar las prohibiciones a cierto tipo de operaciones con algunos entes controlados por Maduro.
Están también los empresarios que provienen de países que sí reconocen a Maduro como presidente, y que tienen negocios en Venezuela, para ellos seguirá siendo lógico, por lo expuesto, seguir realizando transacciones con Maduro, pero cuidado, porque las sanciones de Estados Unidos también los pueden afectar, dependerá de sus intereses si siguen o no haciendo negocios con el chavismo.
Luego tenemos estos países como Italia –come mai– con postura neutra, que sostienen que la Asamblea Nacional es una autoridad legítima y que se debe llamar a elecciones. Si un inversionista italiano tuviera que negociar con el gobierno venezolano, ¿con quién lo hace? Cierto que la primera respuesta será “depende”, pudiera tratarse de un contrato con un ente que no esté en el ojo del huracán o del uragano, pero en definitiva hará lo que más le convenga, valorará la posibilidad que tiene de cobrar su dinero, de proteger sus inversiones y siempre tendrá un ojo puesto en las sanciones de Estados Unidos y las que puedan surgir de la Unión Europea. Como están las cosas, el derecho constitucional venezolano será un tema secundario para este tipo de personas.
Cierto que no es el mejor momento para iniciar negocios con el gobierno venezolano, pero hay muchos que ya están allí y tendrán que resolver. Las sanciones de Estados Unidos pueden ser la pieza clave, nadie quiere caer en la lista negra del Departamento del Tesoro.
Falta un último detalle, cuando la transición realmente se materialice, pongamos fin a la usurpación y tengamos elecciones libres, qué pasará con esas empresas que tienen todavía deudas por cobrar con el gobierno venezolano causadas durante de la usurpación: ¿el nuevo gobierno democrático de Venezuela las va a reconocer? Aquí puede surgir un tema complejo de legitimidad de esas deudas, y digo complejo porque no basta solo con sostener que esas transacciones se celebraron con el gobierno de Maduro y que por tanto son nulas, tendría que existir una argumentación más profunda, porque lógicamente esas empresas se van a defender y sostendrán que su país reconocía a Maduro como presidente legítimo o buscarán otros argumentos como confianza legítima, presunción de buena fe, cumplimiento del contrato, etc. Distinta sería la situación si se lograra verificar que ese inversionista tenía certeza que esa transacción era ilegal y que se valió de sus nexos con el chavismo para obtener ventajas económicas; aquí actuaron ilegalmente ambos bandos, hubo una intención de lucrarse con el patrimonio venezolano y ello sí luce más fácil de ser desconocido a futuro, pero requerirá una gran labor probatoria.
Sería muy fácil sostener el tema de la nulidad absoluta de los actos del usurpador, pero en la vida real no es tan sencillo, tanto en lo interno por los efectos que de manera forzada se verificaron, como internacionalmente por los choques que esto generará. No debe ser fácil decirles a los chinos o a los rusos “no te pago”, pero si toca habrá que hacerlo.