Decíamos que cualquier acción o decisión que contra el presidente de la AN, Juan Guaidó, tomase este régimen tendría graves repercusiones. Bien, ya se tomó una decisión del tsj oficialista en contra de la AN y quedan causas penales abiertas contra quienes, en particular, hayan contribuido a materializar el desacato. Si arremeten particularmente contra el diputado Guaidó, lo persiguen, encarcelan o destierran, les representaría un alto costo político como también lo tendría para el improbable supuesto contrario, si llegasen a ignorar sus acciones y dejan de tomar decisiones.
Validos como siempre de un poder ejercido abusiva y arbitrariamente, la vileza de un Poder Judicial secuestrado y un fiscal ilegítimo, ya se hicieron sentir con el aberrante alegato del desacato de la AN para desconocer sus decisiones y amenazar con causas penales. Aunque lo más grave es que, arguyendo una supuesta nulidad de actuaciones de la AN, retrotrayendo sus funciones a 2016, con su junta directiva de entonces, pretenden desenfocar el centro principal de la usurpación de Maduro hacia un debate sobre esa decisión.
De manera que sí están ejecutando acciones, y el pueblo ya está reaccionando en forma enérgica, con una determinación que está poniendo a prueba al sector militar. Esto nos lleva a considerar los dos supuestos en los cuales puede generarse una reacción en el seno de las FAN. Uno, en el que amplios sectores castrenses atiendan al llamado que les hace la AN y el resto del país y asuman las responsabilidades que institucionalmente les corresponde. En este deseable caso, la salida política se concretaría con pocos traumatismos.
El otro supuesto, el más complicado, que las fuerzas armadas ignoren ese llamado y tomen la posición de hacer valer los actos y decisiones del régimen apelando a una mayor represión para hacerlos cumplir. Es esa represión la que inevitablemente conllevaría a una fractura en el seno de las fuerzas armadas cuya consecuencia sería un postraumático desenlace político.
Todas esas consideraciones tienen lugar en el contexto de una continua y acelerada profundización de una crisis política sin precedentes, que debió haber tenido ayer un álgido momento en la que con seguridad debió haber sido una gran manifestación nacional de repudio al usurpador y de apoyo al diputado Guaidó, quien, por cierto, a la fecha, no ha asumido formalmente el cargo que constitucionalmente le corresponde ejercer, entre otras razones, porque la propia AN acordó, toda ella, asumir las competencias del Poder Ejecutivo. Desde el momento mismo en que tome juramento deben cesar las facultades ejecutivas que asumió la AN. Como cuerpo que no puede ostentar los cargos y facultades del jefe del Estado, jefe del Ejecutivo y de comandante en jefe de las FF AA, la AN debería revocar su decisión de detentarlos para que Guaidó asuma esas facultades. Es una decisión más ajustada al texto constitucional, que en forma unívoca y expresa deben tomar todas las fuerzas representadas en el órgano legislativo, allanándole incondicionalmente el camino a Guaidó para que se fortalezca su liderazgo aglutinador. No hay cabida para mezquindades en momentos tan cruciales. Para el mundo y los venezolanos no es lo mismo tener a un presidente legítimamente juramentado ante el órgano competente, que un presidente in pectore o autoproclamado como Carmona. Además de constitucional, la juramentación es un acto con alto contenido político por los efectos y las consecuencias que genera. Estamos a tiempo. Contar con un jefe de Estado facilitaría y consolidaría la relación y el reconocimiento que buena parte de la comunidad y organismos internacionales han expresado. En la medida en que nuestros actos estén lo más apegados a la Constitución, pueden llevarnos a resultados tan incuestionables como eficaces.
Por otro lado, entendemos que nada fácil es el restablecimiento del efectivo orden constitucional como lo manda el artículo 333, en el marco de una dictadura. Nos solidarizamos con los extraordinarios cabildos abiertos como fórmula eficaz de sensibilización colectiva y base de sustentación en las ejecutorias por realizar para el rescate del Estado de Derecho y los demás principios republicanos. De igual modo, echar mano a la consulta popular del 16-J, con todo su efecto vinculante, como ya lo había decidido la AN, representaría el más contundente aporte para la constitución de un gobierno de transición.
Agregaríamos que el artículo 350 constituiría una buena base argumental para que, como comandante en jefe, el presidente encargado les ordene a las Fuerzas Armadas acompañar al pueblo de Venezuela en el desconocimiento de este régimen que ha violentado los valores, principios y garantías democráticos.