El 10 de enero de 2019 se consumó la usurpación de la Presidencia de la República de Venezuela. Con ella se ha consumado la usurpación del poder por una camarilla política y militar, que durante el periodo constitucional fenecido destruyó la democracia, arruinó nuestra economía, generó la diáspora más descomunal de este continente y dividió de manera profunda a la familia.
Nicolás Maduro ejerce un poder para el cual no ha sido elegido. La emboscada electoral que alega como fuente de su legitimidad ha quedado clara para el mundo, no constituye una verdadera elección democrática.
La mejor demostración de esa ilegitimidad e ilegalidad es la ausencia de la comunidad democrática internacional y la ausencia de masas eufóricas en el acto de instalación de la dictadura formal.
La mayoría de nuestros ciudadanos, la mayoría de las naciones del mundo democrático están contestes en la ya abierta y declarada situación de facto que vivimos en esta patria nuestra.
Más allá del conjunto de fraudes que la dictadura ha impulsado para desconocer, de manera total, las competencias de nuestro Parlamento, el mundo civilizado reconoce en la Asamblea Nacional la única institución constituida sobre una base de legalidad y legitimada.
Prevalece en el ejercicio del poder la barbarie porque ella se sostiene en la fuerza que le ofrecen las armas bajo su control.
Venezuela tiene hoy un presidente provisional y legal, por mandato de la Constitución, que no tiene el control real del poder y tiene otro que sí tiene, en apariencia, ese control real, pero cuya investidura carece de toda legalidad y legitimidad.
La mayoría de los ciudadanos lucen angustiados por ese cuadro. Se preguntan cuál será el desenlace de una tragedia que está afectando, hasta en lo más elemental, la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos que habitamos el territorio venezolano, y aun la de aquellos que han tenido que migar a otras latitudes.
Hay quienes le exigen a la Asamblea Nacional, y a su actual directiva, la ejecución de acciones que fácticamente no van a producir el desalojo de los usurpadores de sus espacios de poder.
La Asamblea ha sido clara al dejar sentada la solicitud a quienes tienen en sus manos, las armas de La República, la obligación por mandato del artículo 333 y 350 de la carta magna restituir el orden democrático.
Hasta ahora la Fuerza Armada Nacional ha estado en abierto desconocimiento al mandato de la Constitución, que en el artículo 328 le ordena un comportamiento institucional al servicio de la nación. Su texto es claro al expresar:
Artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política… En el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.
La cúpula actual del mundo militar está actuando de espaldas al mandato citado. Han convertido su institución en un partido político armado al servicio de una camarilla ilegitima y corrompida. Esta circunstancia afecta gravemente su integridad, al ser el único sostén de un régimen ya abiertamente autoritario.
Esta lamentable circunstancia nos obliga, a todos los integrantes de la sociedad civil, vale decir partidos políticos, sindicatos, gremios, universidades, iglesias, ciudadanía en general, a fortalecer la unidad en torno a la institución parlamentaria y a su directiva para lograr la salida definitiva de los usurpadores.
Estamos obligados, además de la unidad, a actuar con la serenidad, firmeza y habilidad que la coyuntura nos exige. Evitar repetir los errores de jornadas anteriores. Por tanto, la presencia ciudadana en la protesta pública, debemos adelantarla con racionalidad, entendiendo la naturaleza criminal de la cúpula gobernante, capaz de repetir la serie de crímenes cometidos contra nuestra juventud en las jornadas de protesta vividas en los años 2014 y 2017.
La acumulación de fuerzas debe continuar su proceso sin precipitar acontecimientos. La profundidad del daño infringido al país hace inviable su gobernabilidad. Las armas no van a traer una estabilización de la economía, ni mucho menos su recuperación. Por el contrario, la exhibición del militarismo actuante genera más desconfianza interna y mayor rechazo internacional.
La ingobernabilidad es notoria y está produciendo un proceso de contradicciones internas, que se ponen de manifiesto con la creciente deserción de cuadros civiles y militares –como el caso del magistrado Zerpa del TSJ–, con la incapacidad para responder ante el avance vertiginoso de la hiperinflación, en las contradicciones cada día más evidentes en las acciones políticas, policiales y represivas del régimen, como acaba de ocurrir con la detención y rápida liberación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Ese proceso de desmoronamiento del régimen seguirá avanzando en la medida que la ingobernabilidad se profundice. De modo que es la hora de todos los peligros. Entendemos la angustia existente en el seno de nuestro pueblo. La necesidad que tenemos de detener esta tragedia. Pero es menester actuar con serenidad y determinación, para que en paralelo con la inercia e incapacidad de Maduro y su entorno para solventar la crisis, nuestra sociedad civil activa, desafiante e inteligentemente conducida nos lleve al rescate de la democracia.