Si algo parece estar ausente en los análisis sobre diagnóstico y perspectivas de la economía de América Latina es el principio de racionalidad sobre el papel que juegan los actores económicos en estos tiempos. Por ejemplo, pocos se atreven a afirmar que es la universidad el actor económico que está determinando el crecimiento económico mundial, es la universidad y no otro. Y esto luce claro cuando se observa el impacto de la investigación científica en empresas como Microsoft, GlaxoSmithKline, Merck, Google, IBM, Novartis, entre muchas otras.
El aumento de la producción y la generación de nuevos patrones de crecimiento económico están dependiendo, como nunca antes, de la capacidad de investigación y desarrollo (I+D) que por naturaleza desarrollan las universidades. No por casualidad en el reciente Foro Económico Mundial en Davos, cuando se abordaba uno de los temas centrales del foro, como era el análisis del estado del capitalismo mundial, aparecía la innovación como un aspecto recurrente. Allí, además, la discusión sobre el crecimiento global tuvo como epicentro la ciencia y la capacidad de investigación actual que poseen los países.
Siendo este el contexto en que se analiza la economía hoy, en América Latina poco se mencionan los efectos del cambio tecnológico y las consecuencias de no asumirlo como variable principal de proyección económica. La región permanece en la ya histórica disyuntiva de crecer si o solo si el contexto mundial de comercialización de productos básicos lo permite. Lógicamente, existen otros condicionantes macro y microeconómicos, pero que también están condicionados, casi en su totalidad, a los ingresos que provienen de la exportación de las materias primas.
Ya se habla de que 2017 fue favorable para América Latina en comparación con 2016, y que, al parecer, también lo será 2018. Según organismos internacionales la economía mundial crecerá cerca de 3% y la región lo hará en un poco más de 2%. Una de las principales argumentaciones sobre este probable crecimiento es el hecho de que se espera un comportamiento positivo en los precios de los productos energéticos, metales y minerales. Se estima que los precios serán 13% más altos que en 2017.
De acuerdo con la historia reciente de la región, no pareciera probable para 2018 un cambio en el enfoque de la política económica. La región crecerá o no crecerá de acuerdo con el volumen de venta de sus productos tradicionales y de acuerdo con las políticas relacionadas con la disminución del déficit fiscal, deuda pública o por el insistente impulso de políticas públicas para extender el ciclo expansivo económico de los productos tradicionales. Y seguramente se seguirá hablando de la desigualdad tentando el desarrollo de políticas populistas, que poco han servido para crear bienestar social.
No pareciera que se impulsarán políticas novedosas orientadas al crecimiento productivo, ni tampoco se avizora claramente un cambio de actitud por parte del Estado, en cuanto al control y regulación de la economía y de sus actores económicos. Muy probablemente se continuará con la innovación de estilo demagógico, y se seguirá limitando la apertura al riesgo por parte de los actores económicos. Ya existen indicios de que la política de unificar demanda y oferta de conocimiento de forma solo bidireccional es una opción bastante clara al fracaso; y a pesar de ello existen países de la región que continúan apostando por ello.
Los últimos reportes de medición sobre capacidad innovativa mundial muestran a países como Chile, Costa Rica y México en posiciones importantes. Pero ellos no destacan por su capacidad sistémica de innovación. Esto quiere decir que la innovación depende fundamentalmente de la eficiencia con la que funciona el sistema nacional de innovación y con la capacidad de un país tanto de disminuir el mayor número de restricciones posibles en el proceso de generación y difusión de conocimiento como de su tolerancia al fracaso y apuesta al riesgo.
Sin embargo, la mayor restricción que se observa en la región, incluyendo a los países con mayor potencial de innovación, es la capacidad de I+D nacional. De acuerdo con reportes internacionales recientes, los países que más invierten en I+D son: Brasil (64%), México (17%) y Argentina (85%). El resto de los países invierten apenas un poco más del total de lo que invierte solo Argentina, es decir cercano al 11%. Brasil invierte cerca del 1,30% en comparación con países como Israel, Corea, Japón, Finlandia, Alemania y Estados Unidos, los cuales invierten entre 2,88% y 4,30%. Los otros países de la región invierten entre 0,02% y 0,44% (Honduras, Panamá, Perú, Paraguay, Colombia, Venezuela y Ecuador, entre otros).
En estas condiciones no resultaría difícil predecir cómo se verá la economía latinoamericana en 2030, sin el impulso de políticas que permitan la generación de nuevos patrones de crecimiento económico y que fomenten la inversión real en I+D.
La economía de 2030 requerirá de una política de ruptura económica; una política de Estado hacia el uso del conocimiento como acción y motor de la economía. Una política de Estado que coloque a la universidad y su capacidad de I+D como los condicionantes para construir la economía nacional de corto, mediano y largo plazo.
Ya veremos cuando cierre 2018…