Opinión

Una victoria aparente

Las elecciones regionales del pasado 15-O constituyeron una victoria aparente del régimen madurista porque le causa más daños que beneficios. La manera como “perdió” Andrés Velásquez pone de relieve la falta de independencia del árbitro electoral. A esto se añade la destitución del gobernador proclamado por el Consejo Nacional Electoral del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, por negarse a prestar su juramento ante la asamblea nacional constituyente, y solicitar hacerlo, tal como lo señala el artículo 12 de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores, ante el Consejo Legislativo. Los casos de Velásquez y Guanipa demuestran que con el actual CNE no es posible un proceso electoral confiable.

Negar el cambio de los candidatos opositores en las boletas de votación para ajustarse a los resultados de las elecciones primarias, la reubicación estratégica de los electores “por razones de seguridad” e impedir a los testigos de la oposición el acceso a las mesas electorales empleando para ello a los “colectivos de la paz”, entre otras razones, son acusaciones contra los resultados. Todo esto ha debilitado al gobierno porque lejos de recibir reconocimiento ha sido cuestionado internacionalmente. En este sentido, los doce países latinoamericanos que integran el Grupo de Lima no reconocen la constituyente del PSUV; en cambio, respaldan una salida democrática en Venezuela.

El “socialismo del siglo XXI” se ha debilitado y está lejos de un triunfo. Ha impuesto su agenda totalitaria incompatible con la libertad. Esto ha producido una alerta en la comunidad internacional que hoy, gracias a las evidencias sólidas, apunta al gobierno como violador de las reglas de la democracia. Su “éxito” electoral no es producto de un sistema confiable sino de la imposición por la fuerza de las bayonetas y de una inédita asamblea constituyente.

Desde que se instaló la ilegítima asamblea nacional constituyente, el cuestionamiento internacional del régimen no se ha detenido. La inflación se ha desatado exponencialmente, lo que es acicateado por los constantes aumentos de sueldos. Las regulaciones y controles de precios complican el cuadro y el gobierno luce incompetente para enfrentar la crisis económica aplicando de caletre sus recetas cubanas. La debilidad del gobierno se debe al aumento de la inflación y los padecimientos cotidianos del venezolano. Igualmente, el pago de la deuda externa (a lo que se añade la caída de la producción petrolera) amenaza aún más la salud y la alimentación de los venezolanos. El sacrificio que se ha impuesto significa un deterioro indetenible de la calidad de vida del pueblo. El apoyo popular del régimen va en caída, digan lo que digan los resultados oficiales del CNE. La diáspora, por otra parte, no se detiene, desangrando al país de profesionales y técnicos valiosos. Muchos son recibidos, con permisos de residencia y de trabajo, en distintos países de América Latina, los cuales se benefician con estos profesionales muy bien formados.

El debilitamiento del gobierno por sus abusos y manejo totalitario del poder marcha, paradójicamente, en paralelo con el debilitamiento de la dirigencia opositora. Esta se presenta sin capacidad de respuesta ante las emboscadas del régimen. Asimismo, se excede en sus imposibles promesas; se muestra contradictoria al mantener varios voceros oficiales simultáneos, no siempre de acuerdo entre sí; pero, sobre todo, preocupan las agendas personales de algunos de sus líderes con aspiración presidencial. Luego de los resultados, aparece la frase “yo se los dije”, evidencia de que la humildad como virtud desapareció de la vida política nacional.

En este cuadro aparece la “juramentación” de cuatro gobernadores de AD que, sin previo aviso, decidieron prestar juramento ante la constituyente. Un error político sin justificación. El fundamento de esta “juramentación” es un “decreto” de la constituyente que prohibió hacerlo ante los consejos legislativos; instancia facultada para tomar dicho juramento. Este hecho demuestra el poco valor que tiene el juramento en nuestra cultura. A esto se suma, que a los gobernadores les nombraron unos “protectores” que no están previstos en la Constitución.

Por esta experiencia, los “opositores” que decidan participar en las elecciones de alcaldes deben señalar si se juramentarán o no ante la constituyente repudiada por las democracias occidentales. Quienes decidan participar, pueden argumentar que Hugo Chávez se juramentó ante lo que consideraba una Constitución “moribunda”. Así el elector podrá ponderar mejor su decisión sobre si vota o no.

El reto de la oposición es superar con sindéresis las diferencias y diseñar una estrategia unitaria que le permita recuperarse pronto. El objetivo debe ser que se designe un nuevo Consejo Nacional Electoral que garantice la transparencia y la libertad en el ejercicio del voto.