María Fernanda Cabal @MariaFdaCabal
Remontarse a la historia y deshilvanar el macabro hilo conductor que desembarca en la política pública denominada Ley de Restitución de Tierras, ha sido un trabajo minucioso y puntual que he adelantado en estos tres años desde el Congreso de la República y cuyas conclusiones apenas empiezan a develarse, con las recientes investigaciones de falsos reclamantes de tierra por parte de la Fiscalía General de la Nación.
En todo este tiempo he venido mostrando pruebas, tomando como fuente la misma información que brinda el Estado, de las compraventas de tierras derivadas de la política pública agraria desarrollada durante los años 60 y 80, que pretendió «remediar” la lógica de la necesidad de la redistribución de la tierra.
A finales de los años 60 y principios de los 70, el Estado, influenciado por las políticas de la Cepal, compró 250.000 hectáreas de tierra a sus legítimos propietarios para ser divididas y adjudicadas a campesinos.
Posteriormente, entre el año 87 y 94, el Estado compró 650.0000 hectáreas invadidas a sus legítimos propietarios por frentes populares del ELN y EPL especialmente, a precios muy inferiores a su verdadero valor; las dividió y adjudicó a través del Incora a los mismos invasores, a quienes además les otorgó un crédito de la Caja Agraria. Convirtiéndose entonces los nuevos propietarios en beneficiarios de un despojo.
La política agraria en Colombia estaba ya orientada, maquiavélicamente, con una mentalidad revolucionaria oculta.
Sin vocación agrícola y sin poder pagar el crédito, 95% de aquellos nuevos propietarios (beneficiarios del despojo) solicitaron a la Junta Directiva del Incora permiso para la cesión del título adjudicado como premio a sus invasiones. De esta forma, muchos campesinos con real vocación agrícola compraron a los invasores sus parcelas, con el debido aval del Estado y muchas veces en medio de la violencia.
Esa historia, cuyo protagonista es el extinto Incora, es la que oculta la Unidad de Restitución de Tierras, porque ella explica la verdad de lo sucedido a los propietarios originales invadidos, desplazados y despojados; las adjudicaciones de esas fincas divididas en parcelas a los invasores y las posteriores ventas de estas parcelas a campesinos -estos sí con vocación agrícola- que hoy, luego de años de gozar de su legítima propiedad, están siendo despojados para beneficiar de nuevo a los despojadores originales, otrora premiados por el estado.
Por ello el pan de cada día en el campo colombiano son los despojos y lanzamientos injustos a campesinos humildes, compradores de buena fe de pequeñas parcelas que se constituyen en su único patrimonio y fuente de ingresos para su supervivencia.
Las leyes, construidas en principio para la sana convivencia entre los ciudadanos de una nación, terminan por convertirse
en armas de doble filo en contra de los ciudadanos de bien.
La Ley de Restitución de Tierras es eso: una política pública criminal. La indefensión de los propietarios legítimos, muchos de ellos también víctimas y desplazados, se hace mucho más evidente cuando la Unidad de Restitución contrata con sumas millonarias a las ONG afines a la ideología
Marxista para que construyan un contexto en que las presuntas víctimas fueron despojadas y los actuales propietarios se queden sin asidero legal para defenderse.
Esto explica el fenómeno de las denominadas «parcelaciones», donde antiguos invasores están hoy convertidos en feroces oportunistas por la motivación de apoderarse de nuevo del bien que en el pasado vendieron lícitamente y bajo la normatividad del Estado.
«La tiranía de las causas justas», lo llamaría el filósofo Olavo de Carvalho, porque esta ley se ha convertido en una ley inapelable.
Juan Manuel Santos, quien en su afán populista de mostrarse como el promotor de la paz creó un monstruo legal llamado Ley de Restitución de Tierras, parece que «no se ha enterado» que está generando nuevas víctimas del despojo, a la vez que ha convertido a los jueces de restitución en herramienta política para otorgar la tierra a quienes supuestamente la merecen.
Afortunadamente la Fiscalía ha descubierto, ya esta verdad que, casi sin eco, he venido denunciando con tanto ahínco. Un grupo especial de fiscales está impulsando investigaciones por el carrusel de falsos reclamantes de tierras y ha descubierto cómo se han infiltrado haciéndose pasar por víctimas, incluso en casos precluídos por no encontrar sustento en sus pretensiones.
La inconstitucionalidad de la ley es evidente y mi lucha continúa.