Opinión

Una nueva forma de dominación

Estamos asistiendo a una nueva forma de dominación ideológica, nunca antes ocurrida en nuestra historia nacional y escasamente reportada a escala mundial. Dos características le dan un matiz muy especial. La primera es su utilización por quienes los psicólogos sociales (Moscovici, entre otros) llaman una minoría activa del país, representada por un grupo social que, aunque cuantitativamente minoritario solo por el hecho de manejar recursos públicos de distinta índole, pero especialmente económicos, han sido capaces de mantener posiciones contrarias a la forma de pensar de la mayoría restante del país e imponer a la fuerza la permanencia de sus criterios, aun a costa de su desgaste político.      

El segundo elemento especial que caracteriza a esta neodominación venezolana es que se apoya, al mejor estilo de las iniciales dictaduras del siglo pasado, en las formas legales y jurídicas del Estado de Derecho liberal, a pesar del desprecio que esta minoría le tiene, solo con la idea de ir desmontándolo por fases hasta llegar a su total aniquilación. Incurren así en el irrespeto de ciertas máximas filosóficas y religiosas que aconsejan no construir encima de las ruinas de lo que con odio se ha destruido.

El que sean cuantitativamente minoría ha venido quedando evidenciado, no solo en todos los actos públicos o de “masas” que han hecho desde hace más de tres años, sino formalmente con los actos electorales como los del 6 de diciembre de 2015, para elegir diputados a la Asamblea Nacional, y el más grotesco y penoso llevado a cabo el pasado 30 de julio, para elegir a los miembros de su fraudulenta e ilegítima asamblea nacional constituyente, en el que la noticia del fraude previamente cantado de Tibisay no pudo ser mayor que la pírrica y triste concurrencia de adeptos a sus centros electorales.

Sin embargo, más allá de la descarada forma inconstitucional en que ha sido convocada esta constituyente por quien no tuvo la legitimidad de origen y ha venido diezmando día a día la poca que le queda; más allá de la burla del CNE a la hora de imponer sus números mágicos de la elección de los constituyentes, que son increíbles hasta para los propios adláteres del oficialismo, incluso para Smartmatic, empresa responsable de la totalización de los votos, que manifestó su discrepancia con los resultados oficiales; más allá de las hipócritas “puestas a la orden de la constituyente”, de los poderes constituidos sumisos al gobierno y de las públicas órdenes y directrices dadas por Maduro a la asamblea constituyente, dejando a la vista de todos la subordinación y dependencia con que esta montonera de hecho trabaja en función de la voluntad del fraudulento convocante; lo que indica que estamos cerca del fin de una era –seguro estoy que para bien– es la descarada manera en que este adefesio llamado asamblea nacional constituyente ha tejido, en franca violación a los más elementales principios de lógica jurídica y política, una nueva etapa del régimen madurista, caracterizado por la “paraconstitucionalidad”; es decir, por la creación y aplicación de normas sin fundamento constitucional para regular un nuevo orden impuesto inconstitucionalmente. Lo anterior se apoya en que: 1) Es inconstitucional transformar el Estado o crear un nuevo ordenamiento jurídico, sin antes redactar y aprobar una nueva Constitución. La simple lectura del artículo 347 constitucional establece la imposibilidad de lo contrario. Si la razón de ser de la constituyente es crear el texto constitucional que justifique tal cometido, como bien señala la anterior norma, es absurdo que se permita que se realicen estas tareas sin que se haya escrito el magno documento; y 2) Es completamente falso que los poderes constituidos deben estar sometidos o supeditados a las decisiones de la asamblea nacional constituyente. Al margen, y no podemos dejar de reiterarlo, de que lo que llama Maduro “asamblea constituyente” no existe, pues fue fraudulentamente convocada; no es cierta la especie intencionalmente incrustada por el oficialismo de la existencia de plenos poderes ni de supraconstitucionalidad ni de un pretendido carácter plenipotenciario que falsamente se le ha adjudicado a esta asamblea, ni siquiera en el supuesto negado de que hubiese sido formalmente convocada. Presuponer que la mención contenida en el artículo 349 constitucional relativa a la imposibilidad establecida a los poderes constituidos de impedir las decisiones de la asamblea nacional constituyente es el fundamento de tal carácter plenipotenciario y supraconstitucional capaz de modificar todo el orden político-constitucional, al punto de extinguir órganos, entidades, dependencias y hasta procesos y procedimientos vigentes en los poderes públicos, sobre los que se apoya la actual República Bolivariana de Venezuela, es negar directamente uno de los principios fundamentales de nuestro orden constitucional, directamente establecido en el artículo 7 del texto vigente: "La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.

Imponer este falso e infundado criterio, sobre la base de un artilugio mecanismo fraudulento, que nació a partir de una írrita convocatoria, es de tal gravedad que no puede sino castigarse con la imputación del delito de traición a la patria, establecido en el artículo 132 de nuestro Código Penal vigente, por ser una fraudulenta forma de cambiar la forma jurídica que se ha dado a la nación, en pocas palabras, la muerte a la República. 

La buena noticia es que la historia, como muchos lo saben, es esencialmente pendular, su vaivén es constante y progresivo y cuando se devuelve, normalmente lo hace con más intensidad. Y así como Saturno devoró a sus hijos, la historia nos ha enseñado que las revoluciones hacen lo propio: Robespierre y Trotsky, en distintos tiempos, lo padecieron. Cerca estamos de presenciarlo otra vez.

@PerkinsRocha