En Venezuela a lo largo de los años, con reafirmación bajo el brutal régimen actual, la educación ha tenido en unas cuantas ocasiones como nada grata pareja, a la represión.
Un sistema educativo en cuya aplicación se tenga cual resultado que solo un reducido porcentaje de quienes comienzan logren llegar a la fase superior del mismo, tipifica una forma de represión social, habida cuenta de que la educación de clases se define en la repartición desigual de las posibilidades de realización del educando. También es intrínsecamente represiva la sociedad, en la situación de carencias materiales que en lo personal padecen los estudiantes venezolanos, y en la falacia implícita en el enunciado de una gratuidad de la enseñanza.
Es limitante la escuela memorística, como lo es el maestro que le obstruye el paso a la imaginación de los niños y los encierra temprano en un cerco de la rutina conocida. Es represivo el docente que hace de la evaluación el instrumento y la oportunidad para la sanción.
Son más opresivos que justos o persuasivos, los reglamentos y normas que se aplican al estimar la conducta de los alumnos. Es de brutal severidad el Estado a través de sus cuerpos armados, en una práctica acentuada al paso del tiempo hasta ser ejercida tal como lo es hoy, en general contra estudiantes de cualquier edad y pertenecientes a institutos de cualquier naturaleza.
La Universidad Central de Venezuela tiene al respecto una extensa historia de atropellos padecidos. Antes de que Bolívar y Vargas firmaran en 1827 los Estatutos Republicanos de la Universidad y establecieran el principio de la autonomía, el ordenamiento jurídico que regía la institución se ajustaba a las características de una sociedad colonial y de inspiración monárquica; y una vez promulgados, no tardó el Alma Máter en ser privada de su condición autónoma y de su patrimonio, pasando a depender del Ministerio de Instrucción Pública.
En el siglo pasado y en lo que va del actual, la universidad ha sido firme en enfrentar a las dictaduras, sufriendo embates de las mismas. Paradójicamente el tratamiento dado a ella por los gobiernos constitucionales no ha sido precisamente el más considerado y respetuoso, al menos como rasgo distintivo de la actitud oficial; incluso, a mediados de 1986 el Ministro de Educación afirmó que “la democracia venezolana ha sido generosa con nuestras universidades”, reiterando así la curiosa concepción que revierte en gesto bondadoso lo que es un deber fundamental del Estado.
En el curso de la etapa democrática iniciada en 1958, el ejército la ha allanado y los soldados se han instalado con armas pesadas en aulas y pasillos; así mismo, la policía ha penetrado al recinto universitario disparando y causando grandes destrozos a su paso. Pero es sabido que la autonomía es violada no solo con la incursión policial en terrenos de la institución, sino en el acto mismo de impedirles a los miembros de dicha comunidad llegar a su lugar de estudio y de trabajo, y en la imposición por esos medios, de la suspensión de actividades.
Duele que pertenezcan a un período tan significativo de nuestra vida republicana las imágenes represivas más crueles a ser recordadas por muchos docentes y estudiantes, de funcionarios disparándoles al cuerpo a manifestantes, como si percibieran a la juventud cual una fuerza que les es necesario vencer.
Se ha vuelto usual la insólita secuencia de un policía que dispara-un estudiante que muere-un organismo de investigación que confirma la culpabilidad del victimario-y un ministro que ante ello exhorta al estudiantado a “no alterar el orden público”, ¿pretendiendo este perpetuar así una realidad que está definitivamente urgida de cambios profundos?