Lo militar tiene que ver fundamentalmente con la defensa de la soberanía y la integridad territorial de un país. Esta es una función no solo importante para cualquier nación, sino merecedora de consideración y respeto. El militarismo, por el contrario, constituye una auténtica perversión social, generadora de repulsión y condena por sus efectos catastróficos sobre cualquier sociedad.
El militarismo es un fenómeno frecuente en países del Tercer Mundo y uno de los síntomas típicos del subdesarrollo. Y esto es así porque en las sociedades modernas, a diferencia de los países más primitivos, nadie discute que la fuerza militar tiene que estar subordinada al poder civil.
El militarismo tiene dos facetas principales. Por un lado, se entiende como la intrusión indebida de las fuerzas armadas en la conducción del Estado. Un país preso del militarismo es uno donde la población es convencida de que la fuerza armada tiene el derecho de tutelar el mundo civil y decidir sobre el destino de los demás.
La segunda faceta es igualmente perversa, porque supone la imposición a la sociedad de los códigos, lenguaje y formas de comportamiento castrenses, donde estos resultan no solo extraños sino inaplicables. En los cuarteles la vida está signada por necesarias relaciones jerárquicas de obediencia y mando. En el mundo civil la convivencia social está caracterizada –y no puede ser de otra manera– por la discrepancia de opiniones y por la heterogeneidad de criterios entre personas iguales. Imponerle entonces los códigos y maneras de actuar y pensar castrenses a esta complejidad social es tan contranatura que solo puede hacerse a través de la represión de unos y la sumisión de otros.
En América Latina el militarismo se ha expresado en gobiernos de distinto signo ideológico: Trujillo, Batista, Stroessner, Pérez Jiménez, Somoza, Perón, Duvalier, Castro, Pinochet son todos ejemplos de esta perversión militarista. Los últimos ejemplos que registra la literatura ocurren en nuestro país, con Chávez y Maduro como lamentables referencias.
El domingo 14 de octubre, el papa Francisco presidió en la Basílica de San Pedro la canonización de un valiente sacerdote, arzobispo de San Salvador, quien enfrentó con fuerza esta enfermedad del militarismo: Óscar Arnulfo Romero. A la edad de 62 años, y mientras oficiaba misa en el Hospital de la Divina Providencia, fue ejecutado por un francotirador al servicio de los violentos de su país. El día anterior a su asesinato, durante la homilía dominical en la Catedral de San Salvador, Romero había lanzado una hermosa y contundente proclama antimilitarista, que hoy resuena con contundente vigencia en esta Venezuela devenida en una inmensa cárcel cuartelaria:
“Quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto, a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles: hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: ‘No matar’. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado… En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡cese la represión!”.
El régimen de Maduro, uno de los prototipos de la moderna represión militarista, o de lo que algunos denominan neogorilismo latinoamericano, emitió a propósito de la canonización de monseñor Romero un cínico comunicado de forzado júbilo. Lo que no dicen es que el último santo de la Iglesia llega a los altares justamente por haber enfrentado hasta con su vida el militarismo represor que ayer sometía a su pueblo y hoy oprime por igual a los venezolanos. Su voz sigue tronando en los cuarteles de quienes sostienen dictaduras: “Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla”…